La batalla judicial por los laudos renovables que condenan a España a indemnizar a los inversores extranjeros ha dado un giro decisivo en los tribunales de Estados Unidos. Los fondos perjudicados por el recorte retroactivo a las primas de las energías limpias han activado una ofensiva inédita: reclamar la entrega de un inventario completo de los bienes públicos españoles en suelo estadounidense, con el fin de identificar activos susceptibles de embargo.
Un paso más en la ofensiva por los laudos renovables
El despacho King & Spalding LLP, que representa a varios fondos acreedores, ha presentado ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia las primeras solicitudes formales de información y documentación post-sentencia. Este procedimiento busca ejecutar los laudos renovables internacionales que obligan al Estado español a compensar a las empresas por las pérdidas sufridas tras la retirada de las ayudas a las energías verdes.
El requerimiento establece que España debe entregar, en un plazo máximo de 30 días, un inventario detallado de bienes, cuentas financieras, contratos, propiedades y activos ubicados en Estados Unidos. La intención es localizar recursos con los que cumplir las sentencias firmes, ante el persistente incumplimiento del Gobierno español en el pago de las compensaciones.
Este tipo de solicitudes es habitual en los procesos de ejecución internacional cuando un Estado no satisface las condenas derivadas de laudos renovables. En países como Estados Unidos, el derecho federal permite requerir al deudor toda la información financiera necesaria para identificar bienes embargables.
Los activos públicos, en el foco del litigio
Uno de los aspectos más delicados de esta nueva fase judicial es la petición de información sobre entidades públicas vinculadas al Estado español, como SEPI, Renfe, Paradores, Enaire, Ineco o el Instituto Cervantes. El objetivo de los fondos acreedores es determinar si estas instituciones pueden ser consideradas “alter ego” del Estado, y por tanto, si sus activos pueden ser objeto de embargo para satisfacer los laudos renovables.
En la práctica, esto significa que, si los tribunales norteamericanos aceptaran la tesis de los demandantes, los bienes de organismos públicos españoles en territorio estadounidense —como oficinas, cuentas bancarias o contratos internacionales— podrían verse comprometidos. Un escenario que situaría a España en una posición inédita dentro del complejo mapa de ejecuciones internacionales derivadas de disputas energéticas.
Una cascada de sentencias adversas contra España
El caso no es aislado. En las últimas semanas, los tribunales estadounidenses han emitido siete fallos consecutivos contra España por los impagos relacionados con los laudos renovables. El más reciente, vinculado al fondo 9Ren, asciende a 44 millones de euros, pero la lista de derrotas judiciales es larga.
Entre los beneficiarios se encuentran:
- Cube (40,2 millones)
- Watkins (79,5 millones)
- Infrastructure Services/Antin (125,1 millones)
- RREEF (74 millones)
- InfraRed (35 millones)
- NextEra (290,6 millones)
En conjunto, estas resoluciones suponen 688,4 millones de euros reconocidos judicialmente a favor de los inversores y pendientes de pago por parte del Reino de España.
Las compañías, además de estas acciones judiciales, han contratado consultoras especializadas en rastreo de activos soberanos para localizar propiedades del Estado español en el extranjero. Una práctica legal dentro de los mecanismos de ejecución de laudos renovables en jurisdicciones internacionales.
Una deuda que supera los 2.000 millones de euros
El conflicto de los laudos renovables tiene su origen en las reformas emprendidas por el Gobierno español entre 2012 y 2014, cuando se eliminaron las primas garantizadas a las energías limpias. Aquella decisión provocó una avalancha de demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y otros tribunales de arbitraje, que desde entonces han dictado más de medio centenar de laudos a favor de los inversores.
Según las cifras más recientes, la deuda total derivada de los laudos renovables asciende a 2.180 millones de euros, de los cuales 1.754,7 millones corresponden a indemnizaciones y 416,4 millones a intereses, costas y sobrecostes procesales.
Pese a los fallos en su contra, España ha recurrido de forma sistemática los pagos y ha buscado amparo en la Unión Europea, alegando que el marco jurídico comunitario prohíbe compensar inversiones intracomunitarias mediante arbitraje internacional.
Sin embargo, los tribunales estadounidenses no están obligados a seguir el criterio europeo y pueden proceder al embargo de activos para garantizar el cumplimiento de los laudos.