Ante la dificultad de aprobar algunas reformas comprometidas con Bruselas en un Congreso fragmentado, el Consejo de Ministros aprobó ayer una actualización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos europeos Next Generation EU. La adenda revisa 160 medidas para simplificar y acelerar su ejecución, con el objetivo de que todas estén implementadas antes de finales de 2026.
Las principales reformas del programa -la de pensiones, la laboral y parte de los cambios tributarios- ya fueron aprobadas y permitieron a España recibir casi dos tercios de las subvenciones asignadas. Sin embargo, la modificación del plan implica una reducción del volumen de préstamos que se solicitará a Bruselas. Ahora solo se pedirán 22.800 millones de euros, poco más del 25% de los créditos inicialmente previstos -83.000 millones-.
En este sentido, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que la revisión responde a una recomendación de la Comisión Europea. En junio, Bruselas pidió a los Estados miembro simplificar sus planes para garantizar un uso más ágil y eficaz de los fondos. Por ello, la tramitación de algunas reformas pendientes podían poner en riesgo el cobro de los créditos restantes. Así, para evitar un posible bloqueo, el Gobierno ha optado por rebajar su nivel de exigencia, eliminar hitos intermedios y ajustar el alcance de estas medidas.
Algunos de los hitos modificados
“Tanto España como otros 22 Estados miembro estamos poniendo sobre la mesa estas revisiones al Plan de Recuperación para adaptarnos al nuevo contexto, para reforzar las prioridades estructurales de los planes, pero también para simplificar y hacer un mejor uso de los fondos”, señaló el ministro. En materia de vivienda, por ejemplo, el Ejecutivo ha decidido transformar el hito previsto inicialmente sobre la ley del suelo y sustituirlo por nuevos objetivos vinculados a la creación de una empresa pública de suelo y a la transformación de Sepes, a la recién nombrada empresa pública ‘Casa 47’ .
Respecto a otras reformas, como la Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el ministro indicó que se desvincula de los hitos del Plan de Recuperación, aunque continuará su tramitación parlamentaria con normalidad, al margen de que finalmente salga adelante o no. Uno de los hitos que sí se mantiene dentro del Plan, pese a la dificultad de aprobarlo en el Congreso, es la subida fiscal al diésel. Bruselas concedió a España un plazo adicional de seis meses para cumplirla, por lo que la medida debe estar aprobada antes de que finalice enero.
Financiación más barata
Pero hay un motivo mayor que ha hecho que la cartera de economía haya decidido prescindir de una gran porción de los fondos previstos y solo haya solicitado una cuarta parte de ellos: la capacidad de financiación a un coste más bajo. Cabe recordar que los créditos de la Comisión Europea son reembolsables y en algunos casos a un interés más elevado del que puede conseguir el país por su cuenta. Tanto el crecimiento proyectado para este año del 2,9%, como la rebaja del déficit y la deuda pública, han provocado, en palabras de Cuerpo, “una enorme confianza” en los mercados y en las agencias de rating, que han aumentado y mejorado su calificación para España.
En este contexto, los inversores exigen ahora una menor prima al Tesoro español para la compra de su deuda emitida. Lo que hace que a España le salga incluso más barato recurrir a los mercados que al Ejecutivo Europeo para encontrar financiación. Por ejemplo, las obligaciones españolas con un plazo de vencimiento de dos años tienen actualmente un retorno anual del 2,18%. En cambio, el europeo se eleva más de diez décimas por encima hasta el 2,29%.
55.000 millones
Para el próximo año, el ministro ha adelantado que de los 55.000 millones de euros previstos en emisiones, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo. Es decir, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas. Mientras, el resto será para sacar a circulación letras del Tesoro. Por ello, Cuerpo ha destacado que la vida media de la deuda española es de poco menos de ocho años, 7,93.
Además, el titular de Economía explicó que España solo necesita refinanciar “alrededor del 13 % de su deuda” cada año. Esto significa que solo una pequeña parte del total debe renovarse, lo que ayuda a reducir el efecto de las subidas de tipos de interés. Así, aunque el Banco Central Europeo (BCE) haya incrementado los tipos en unos 250 puntos básicos, el coste de la deuda española apenas ha aumentado “una cuarta parte de ese porcentaje”, defendió Cuerpo.
Fin a la supervisión
Esta séptima -y previsiblemente última- revisión del Plan de Recuperación coincide con el fin de la vigilancia asociada al rescate financiero de 2012. El próximo 11 de diciembre el país superará el 75% de devolución del préstamo concedido por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Alcanzado ese umbral, España dejará de recibir las visitas semestrales de supervisión de los técnicos del MEDE y del BCE. “Se pone fin con este pago a las visitas de los ‘hombres de negro‘”, destacó el ministro.
El proceso de amortización continuará durante los próximos años. Según recordó recientemente el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, España cerrará 2025 habiendo devuelto ya más del 80% de la asistencia financiera, gracias a varios pagos previstos antes de final de año. Actualmente, el saldo pendiente se sitúa en 11.900 millones de euros. Una cifra que se reducirá notablemente con el pago adicional de 4.600 millones en diciembre.
El último abono está programado para 2027. Cuando se produzca, España se convertirá en el primer país de la UE en concluir la vigilancia postprograma del MEDE. Más de una década después del rescate bancario.