La dimisión de Federica Mogherini como rectora del Colegio de Europa marca un punto de inflexión en la reputación de una de las instituciones más emblemáticas de la diplomacia comunitaria. La ex jefa de la diplomacia de la Unión Europea, que ocupaba el cargo desde mayo de 2020, presentó su renuncia este jueves, un día después de ser imputada por la Fiscalía Europea (EPPO) en el marco de una investigación por presunto fraude y corrupción en contratos públicos relacionados con fondos europeos.
En un comunicado difundido en la web del Colegio de Europa, Mogherini explicó su decisión de abandonar el cargo “fiel al máximo rigor y equidad con que siempre he desempeñado mis funciones”. Añadió que su salida busca garantizar la transparencia del proceso judicial y preservar la integridad de la institución: “Hoy he decidido dimitir como Rectora del Colegio de Europa y Directora de la Academia Diplomática de la Unión Europea”.
A pesar del revés, la política italiana expresó su confianza en el futuro de la institución: “Estoy convencida de que la comunidad universitaria continuará el camino hacia la innovación y la excelencia que hemos trazado juntos durante estos últimos maravillosos cinco años”. Agradeció además a estudiantes, profesores y personal por “la confianza, la estima y el apoyo” recibidos, y concluyó afirmando que “ha sido un honor y un placer servir a la comunidad del Colegio y su misión”.
La investigación y los implicados
El caso estalló el martes, cuando medios belgas informaron de la detención de Mogherini y otras dos personas vinculadas a la gestión de programas financiados por la UE. Un día después, la ex alta representante fue formalmente imputada por la EPPO, que investiga presunto fraude y corrupción en la contratación pública, así como posibles conflictos de intereses y violación del secreto profesional.
Junto a Mogherini fueron detenidos el diplomático italiano Stefano Sannino, ex secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y Cesare Zegretti, codirector de la oficina de Educación Ejecutiva, Formación y Proyectos del Colegio de Europa desde 2022. Sannino anunció en un mensaje interno a su equipo que se jubilará anticipadamente de su actual puesto como director general para Oriente Medio, Norte de África y el Golfo, mostrando también su confianza en la justicia.
La investigación busca determinar si el Colegio de Europa fue informado previamente sobre los criterios de selección de un programa de formación para jóvenes diplomáticos financiado por la UE, lo que habría otorgado a la institución ventaja frente a otros competidores antes de la publicación oficial de la licitación. Según reveló el medio Euractiv, el Colegio habría adquirido un edificio adicional en Brujas antes de conocerse la adjudicación, un indicio que refuerza las sospechas de trato preferencial.
Daños a la imagen de la Unión Europea
El escándalo llega en un momento de gran fragilidad institucional para la Unión Europea, que aún lidia con las secuelas del conocido “Qatargate”, en el que eurodiputados fueron acusados de recibir sobornos de Catar y Marruecos en 2022. Analistas consideran que el nuevo caso “golpea la credibilidad e imagen de las instituciones europeas en el peor momento posible”.
Alberto Alemanno, fundador de la organización The Good Lobby, lamentó que “hay una suerte de complacencia de la élite europea que se siente por encima de la ley”, y advirtió que el daño reputacional es “irreversible”. A su juicio, este tipo de casos “debilita el proceso de integración europeo” y mina la confianza de los ciudadanos en las estructuras comunitarias.
Desde el entorno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, también llegaron críticas. Su portavoz, Zoltan Kovacs, ironizó en redes: “¿La prestigiosa ‘escuela de perfeccionamiento’ de la UE para eurócratas está ahora bajo investigación por acceso privilegiado a licitaciones? Ni guionizado saldría así”.
Futuro incierto
Aunque todos los implicados mantienen la presunción de inocencia, la magnitud del caso y la proximidad de los acusados al núcleo institucional de Bruselas ponen en entredicho la capacidad de la UE para controlar los conflictos de interés dentro de su propia estructura. Para Alemanno, el episodio demuestra la necesidad de crear un organismo europeo con competencias judiciales plenas para investigar delitos vinculados a las instituciones comunitarias, más allá del marco nacional belga que actualmente sustenta la EPPO.
Mientras tanto, Federica Mogherini, quien reiteró su “plena confianza en el sistema de justicia” y ofreció su “colaboración a las autoridades”, abandona el escenario europeo con una sombra judicial que amenaza con empañar una trayectoria política que, hasta hace poco, simbolizaba la diplomacia más refinada de la Unión.