La deuda pública española continúa su particular desescalada. O no. Realmente, el pasivo sigue siendo año tras año superior al anterior. Sin embargo, la ratio respecto al Producto Interior Bruto (PIB) del país desciende con paso firme hasta casi 20 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Las cifras reflejan una reducción sostenida que, aunque no elimina el peso de los compromisos del Estado, alivia la carga sobre las cuentas públicas y marca un rumbo más seguro hacia la estabilidad económica. Según el último informe de Eurostat, España corrigió su pasivo respecto al PIB en el segundo trimestre del año en 1,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2024. El dato asciende ahora hasta el 103,4%.
Si se compara con los dos primeros trimestres del año pasado -106,3% de enero a marzo y 105,2% de abril a junio- y el cierre del ejercicio en 101,6%, los datos actuales sugieren que el país podría incluso batir a la baja la barrera del 100%. Lo que marcaría un nuevo hito para Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Aunque la tendencia dependerá de los plazos de la amortización de la deuda. “Puede que algunos bonos venzan en el último semestre del año y se requiera de más financiación para afrontarlos”, detalla Inmaculada Domínguez, profesora de economía financiera de la Universidad de Extremadura.
Eurostat apuntilla que el ajuste del déficit en el segundo trimestre se situó en el 2,6% del PIB, por debajo del 2,9% registrado en la Unión Europea (UE) y del 2,7% en la eurozona. La corrección juega en favor de la ratio de la deuda respecto a la economía nacional. Pero su mejora no se justifica en una reducción del consumo público. “España está instaurada en la idea general del incremento de recaudación, pero no en un recorte del gasto. Por tanto, quienes están asumiendo el coste del reajuste son los ciudadanos“, defiende Domínguez.
Cuando la inflación adelgaza la deuda
La inflación también tiene un efecto relevante sobre las cuentas públicas: reduce el peso real de la deuda. En el caso de España, el alza de los precios ha actuado como un bálsamo contable para el Estado. Aunque el volumen nominal de deuda no disminuye y ya roza los 1,7 billones de euros, según los datos más recientes del Banco de España, su proporción respecto al tamaño de la economía sí lo ha hecho.
El mecanismo es sencillo. Cuando hay inflación, los precios suben y, con ellos, también lo hacen los ingresos públicos. Ya sea a través del IVA, aunque su tipo impositivo no cambia, aumenta en términos absolutos al encarecerse los productos. O a partir del IRPF y de las cotizaciones sociales, lo que reduce las necesidades de financiación. Al mismo tiempo, el PIB nominal experimenta un alza, en parte motivada por el desembolso más elevado que ahora hace la población. Esto provoca que la ratio deuda/PIB, el indicador clave con el que Bruselas mide la sostenibilidad fiscal, se reduzca automáticamente. En otras palabras, el numerador -la deuda- crece a menor ritmo de lo que lo está haciendo el denominador -PIB en euros corrientes-.
209.851 millones de euros en ocho meses
Pese al incremento de la economía nacional, la riqueza real de los ciudadanos no aumenta. “El trabajador medio es el mayor damnificado. Cobra lo mismo y afronta más gastos. Su renta disponible es ahora mucho más baja“, argumenta la profesora.
La recaudación fiscal mantiene un ritmo histórico en el país gracias a la subida del coste de vida. Entre enero y agosto, la Agencia Tributaria ha ingresado 209.851 millones de euros, un 11,6% más que en el mismo periodo de 2024 y muy por encima de las previsiones oficiales. Nunca se había alcanzado una cifra tan alta en los primeros ocho meses del año. De mantenerse la dinámica, Hacienda podría cerrar 2025 con una recaudación total cercana a los 315.000 millones de euros. La proyección rebasaría el récord de 2024 -294.734 millones de euros- en alrededor de un 7%.
Una reducción contable
En los últimos dos años, este efecto de la inflación ha permitido que la deuda española bajara desde el 119,3% del PIB registrado en 2020 al 101,6% del pasado año. Mientras, en términos absolutos el pasivo avanzaba sin receso hasta en casi 300.000 millones de euros en el mismo periodo de tiempo. La corrección de la ratio, se produce, por tanto, sin acometer recortes. En este sentido, se trata de una reducción contable, pero no estructural. Por ello, pese a que el Estado debe más en valor nominal, la proporción se corrige porque el valor del dinero se ha erosionado.
Pero Domínguez advierte que “este alivio es temporal”. La inflación puede beneficiar a los deudores -incluido el Estado- porque se devuelve en euros, ahora más baratos. Pero también encarece la financiación futura. “Con la inflación alta, el tipo de interés de los bonos también será elevado para atraer inversión. Por tanto, la bola de nieve será cada vez más grande“, justifica la profesora extremeña.
El espejismo del 100%
La posibilidad de que España rebaje su deuda por debajo del 100% del PIB puede hacerse realidad, pero es difícil que se mantenga en el largo plazo. “Al no haber presupuestos, hay muchas partidas estancadas. Como la revalorización del sueldo de los funcionarios, que aún no se ha producido”, matiza Domínguez.
Además, el peso demográfico jugará, más si cabe, en contra. “La rebaja de la ratio va a estar muy limitada por el aumento de pensionistas con el retiro de la generación del ‘baby boom’. Esto implicará, a su vez, más gasto en cuidados y en sanidad”, sostiene la profesora. Y añade que “aunque se haya fijado el gasto militar del 2% del PIB, no está presupuestado. ¿De dónde va a salir ese dinero? De más deuda“.
La inflación ayuda a España a reducir su pasivo en apariencia, no en esencia. Es un ajuste que, en este caso, no nace de la disciplina fiscal, sino del deterioro del poder adquisitivo.