El último año ha sido uno de los más convulsos en la historia de Muface. La mutualidad, que presta asistencia sanitaria a 1,58 millones de funcionarios, ha atravesado un auténtico calvario marcado por licitaciones fallidas, protestas masivas y el temor a un colapso del modelo. La tensión se mantiene todavía hasta el día de hoy.
El Consejo General de Muface discutió ayer su hoja de ruta para el periodo de 2025 a 2027 junto a la nueva secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, quien no ha escapado a su primera crisis en el cargo, solo un día después de su nombramiento. Al informar del Plan Estratégico, se sumó casi al instante la crítica de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). La asociación ya amenaza con “una gran movilización social” si el Gobierno sigue adelante con las reformas estructurales para “desmantelar Muface“.
Convenio de Muface
Parece no haber tregua con la cobertura sanitaria de empleados públicos. No hace ni seis meses que Muface, tras dar el Ejecutivo su brazo a torcer al aumentar las prestaciones del concierto, firmó oficialmente un nuevo compromiso de asistencia sanitaria nacional con las aseguradoras Adeslas y Asisa. Ambas operadoras darán servicio en el sistema de mutualidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
El convenio representó un paso crucial en la modernización del modelo sanitario del funcionariado. Con un presupuesto total de 4.808,5 millones de euros, superior en 1.276,5 millones al anterior. Sin embargo, inicialmente no contaba con el beneplácito del Gobierno. En ese sentido, y tras anunciar la subida para atraer a las operadoras, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó que la revisión de la prima había sido “excesivamente alta“. En comparación con el acuerdo previo, la cifra acordada supone un incremento del 41%.
Plan estratégico
La nueva hoja de ruta de Muface, a la que ha tenido acceso Artículo 14, establece una serie de medidas orientadas a reforzar la dimensión sanitaria del mutualismo y mejorar la eficiencia del sistema en su configuración actual. Entre las acciones propuestas se incluyen el fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria y la mejora de la coordinación con el Sistema Nacional de Salud (SNS). Así como, la evaluación de la adecuación clínica en la frecuencia asistencial y el impulso de un historial digital.
Además, el plan aborda la necesidad de implementar dos reformas estructurales propuestas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Aunque estas iniciativas no están incluidas formalmente en el plan estratégico, el documento señala que “deben ser abordadas en un contexto más amplio del de la propia mutualidad”.
Informe de la AIReF
El informe, del que habla el nuevo Plan Estratégico de Muface, fue presentado el pasado mes de marzo. El organismo presidido por Cristina Herrero lo elaboró tras las dificultades recientes que la mutualidad tuvo para contratar aseguradoras a los precios ofrecidos por el Gobierno. En esta línea, la entidad propone “transformar la actual adscripción obligatoria a un régimen voluntario. Y fomentar la incorporación progresiva de los nuevos funcionarios al SNS“.
Actualmente, todos los funcionarios están obligados a formar parte del mutualismo, incluso si eligen ser atendidos por la sanidad pública. Esto implica que tanto ellos como el Estado continúan realizando sus aportaciones al sistema, aunque no utilicen directamente sus servicios. En esta línea, CSIF ha defendido que “no aceptaremos que el informe de la AIReF sirva como una excusa del Gobierno para desmantelar el modelo”
Según la AIReF, permitir la baja del régimen mutualista para quienes elijan la sanidad pública “permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros“. La incorporación progresiva al SNS se apoyaría en las preferencias de colectivos como los docentes o los funcionarios más jóvenes, que ya eligen mayoritariamente la atención pública. Y en casos de patologías graves, donde el 70% de los mutualistas utiliza el sistema público. A la presentación del estudio, Herrero matizaba: “No proponemos una incorporación inmediata. Es necesario un refuerzo previo del Sistema Nacional de Salud y habría que evaluar los determinantes de la lista de espera”.
Amenazas
Por su parte, Muface denuncia en su hoja de ruta que existen “varios riesgos que podrían comprometer su sostenibilidad a medio y largo plazo”. Entre ellos, destaca la alta dependencia de actores externos, como aseguradoras privadas o proveedores de servicios sanitarios, que limita su autonomía y aumenta la vulnerabilidad frente a cambios de mercado o renegociaciones contractuales. Otro desafío es el envejecimiento del colectivo de mutualistas, lo que implica un aumento progresivo de las prestaciones sanitarias y sociales necesarias, así como una presión creciente sobre los recursos disponibles. Por último, la financiación del modelo se presenta como un factor crítico. La combinación de ingresos procedentes de cotizaciones y aportaciones del Estado puede no ser suficiente para cubrir las necesidades actuales y futuras.
En cuanto a la situación financiera del sistema, Muface ha reconocido la escasez de recursos humanos. Además de la falta de competitividad retributiva y la excesiva dependencia de herramientas tecnológicas. Pero CSIF, ha ido más allá. El sindicato alerta de que la combinación de un remanente de tesorería casi agotado y un déficit previsto de más de 64 millones de euros. Junto a la dependencia de la financiación estatal, sitúa a la mutualidad en “una situación crítica“.
Aunque el convenio de abril hacía presagiar un futuro menos agitado. El nuevo Plan Estratégico de Muface y los análisis de la AIReF reflejan que la historia de la mutualidad esté lejos de concluir.