La negociación para reformar la indemnización por despido improcedente en España ha descarrilado. Es el último reflejo de la tensión entre la patronal CEOE y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que viene arrastrándose a lo largo de la legislatura. Antonio Garamendi anunció ayer que su organización se levanta de la mesa impulsada por el Ministerio de Trabajo al considerar que la premisa de partida “no es cierta”. La ruptura llega dos días después de la primera reunión de contacto convocada por Trabajo. Poco antes, la vicepresidenta había pedido públicamente a la patronal que “vuelva a la mesa de los acuerdos, del diálogo y de ser útiles para España”.
Precisamente, antes de este anuncio, Garamendi había advertido de que el diálogo social “tristemente, va camino de la UVI” por las decisiones que se están tomando en el Ministerio. Para la patronal, no existe una verdadera negociación. Según recordó, materias como el registro horario o el permiso de defunción se anunciaron antes de ser presentadas a las mesas de negociación.
‼️ Nadie debe ir a trabajar a los dos días de fallecer un ser querido. El duelo merece tiempo.
👉 Impulsamos nuevos permisos por fallecimiento, cuidados paliativos y de acompañamiento en el proceso de eutanasia. pic.twitter.com/78sL2eaNfT
— Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) October 21, 2025
Una decisión consensuada
Durante la clausura de la asamblea general de Cepyme, Garamendi explicó que el comité ejecutivo tomó la decisión en su reunión de por la mañana. “En el caso de los despidos, no vamos a ir a una mesa donde la premisa principal no es cierta”, afirmó. La CEOE reprocha además que “el propio Gobierno dice que son los sindicatos los que tienen que hacer la propuesta”: “Imaginaos que en algún otro gobierno hubieran dicho que la propuesta la hiciera la CEOE, hubiera sido un auténtico escándalo”, añadió.
En este clima de tensión, Garamendi abrió también la puerta a recurrir decisiones futuras sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) si se adoptan sin consenso. “Hay cosas que tendremos que parar, si se empiezan a plantear temas con los que no estamos de acuerdo, tendrán que ir al recurso, porque es lo que nuestra gente necesita”, puntualizó. La última subida del SMI se aprobó sin el apoyo de las patronales.
Díaz aboga por el diálogo
Horas antes, en la inauguración de las Jornadas Confederales de Acción Sindical de UGT, Yolanda Díaz apeló directamente a la patronal para que “vuelva a la mesa de los acuerdos, del diálogo y, en definitiva, de ser útiles para España”. La vicepresidenta segunda pidió a la CEOE situarse “en el lugar en el que siempre ha estado: el respeto institucional y las mesas de diálogo social”.
La titular de Trabajo recordó a la patronal que representa “al conjunto de España, a la gente trabajadora y al tejido productivo del país”, y añadió: “Nosotros no nos hemos cambiado de mesa; son ellos los que se están equivocando”. En su intervención, también pidió a los empresarios que reflexionen sobre “qué papel quiere jugar la patronal española ante la opción populista y de extrema derecha que quiere acabar con los derechos de los trabajadores”, advirtiendo que “en los momentos en los que se combate la democracia, uno cuando permanece callado también consiente”.
Indemnización por despido
La reforma que plantea el Ministerio de Trabajo , y que ha desembocado en que CEOE se haya levantado de la mesa, tiene como eje la revisión de la indemnización por despido improcedente. Este es uno de los compromisos del acuerdo del Gobierno de coalición. El desencadenante está en las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) -julio de 2024 y junio de 2025-. Estas concluyeron que España “vulnera” la Carta Social Europea al considerar que la indemnización de 33 días de salario por año trabajado no es “suficientemente elevada” ni “disuasoria” para el empresario, y no garantiza la reparación del daño real al trabajador.
Por su parte, el Tribunal Supremo dictaminó en julio de 2025 que la indemnización contemplada en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores “no puede verse incrementada en vía judicial”, y recordó que las decisiones del CEDS “no son ejecutivas ni directamente aplicables entre particulares”. El Alto Tribunal defendió que el régimen actual aporta “seguridad jurídica y uniformidad”.
Ese choque de interpretaciones explica la posición de la patronal. Para la CEOE, la premisa sobre la que se sustenta la negociación ya estaría desalineada respecto a la jurisprudencia española y, por tanto, cualquier cambio debería tramitarse por una vía legislativa y contar con el consenso del diálogo social.
Más cargas para la pymes
Por su parte, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, subrayó la “difícil situación” de las pymes por el “incremento de costes” y el “exceso de regulación normativa”. Alertó de la desaparición de cerca de 23.000 microempresas en cinco años y del impacto de la burocracia en la inversión. Al igual que Garamendi, defendió el diálogo social para abordar medidas que afectan a empresas y trabajadores, como la reducción de jornada.
En la recta final del año, con diversas negociaciones abiertas, el precedente de la indemnización por despido erosiona el diálogo social en cuestiones como el SMI.