El día 29 de abril de 2025 Pedro Sánchez puso fin a los cinco días que dedicó a pensar en si había llegado el momento de dimitir. Afectado por la decisión judicial de investigar a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias, se preguntaba Sánchez si valía la pena seguir en Moncloa. Y, finalmente, se respondió que sí y concluyó que era el momento de contraatacar (“He decidido seguir con más fuerza”). Un día después, el 30 de abril, la fontanera del PSOE, Leire Díez, contactó al fiscal Ignacio Stampa en busca de munición contra los mandos de la UCO que investigaban a Begoña Gómez.
La cronología de los hechos ha quedado al descubierto después de conocerse el sumario del caso que instruye el juez Arturo Zamarriego, encargado de dilucidar si la fontanera del PSOE cometió delitos de cohecho y tráfico de influencias, puesto que contactó a dos fiscales (a Ignacio Stampa y a José Grinda) en busca de “irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción”.
Para concertar la cita con Stampa, Leire Díez usó el siguiente cebo, relatado por el propio fiscal en una denuncia presentada a la Fiscalía de Madrid: “El día 30 de abril una persona de mi confianza me trasladó el interés del Gobierno de la Nación en contactar conmigo con el fin de disculparse, al entender que se me dispensó un comportamiento injusto con ocasión de mi salida de la Fiscalía Anticorrupción en el mes de octubre de 2020”.
(Conviene en este punto una breve digresión: Stampa fue expulsado de la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2020 tras cuatro años investigando el caso Tándem / caso Villarejo al ser acusado de revelación de secretos, “fechorías” que atribuyó a la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y a su número dos, Álvaro García Ortiz).
Vendrá Santos Cerdán
La reunión que supuestamente le pedía el Gobierno de la Nación la llevaría a cabo con el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Y se concretó el 7 de mayo. Pero no apareció Cerdán, sino Leire Díez Castro, que excusó la ausencia del número tres del PSOE y dijo que le trasladaría todo lo que trataran.
A la pregunta del fiscal Stampa de quién era ella, respondió: “La persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto”. ¿De todo esto? “De las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción”.
La cita duró más de tres horas, participó también el empresario Javier Pérez Dolcet, y ambos pretendieron demostrar un conocimiento profundo de diversos asuntos como el “caso Hidrocarburos” y el “caso Begoña Gómez”. De hecho, fue la imputación de la mujer del presidente del Gobierno lo que activó a Leire Díez, puesto que según explicó el propio Pérez Dolcet, “el presidente había dado la orden de limpiar, sin límite”, ya que “la situación hay que revertirla, caiga quien caiga”.
En este punto, la fontanera del PSOE vertió “gravísimas insinuaciones” sobre la llevanza del Fiscal Anticorrupción de los casos Koldo y Ábalos. Pero su verdadero interés no era ese, sino que su propósito era conocer irregularidades en informes policiales y en las investigaciones impulsados por el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón.
La promesa de Leire a Stampa
A cambio, prometió la fontanera del PSOE, “se resolverían” los litigios que el fiscal Stampa mantenía con el Ministerio de Justicia a raíz de su expulsión de la Fiscalía Anticorrupción en 2020. El día 22 de mayo, Stampa recibió un mensaje de Leire insistiéndole en que muy pronto se resolvería su pulso con el Ministerio de Justicia. Pero la fontanera del PSOE no tuvo opción de seguir con su estrategia en busca de munición contra la UCO y Anticorrupción porque sus maniobras saltaron a los medios de comunicación.
Todo ello, sumado a la denuncia de otro fiscal, José Grinda, que también recibió un intento de soborno de Leire Díez en la misma línea, ha llevado a la Fiscalía Provincial de Madrid a concluir que la fontanera del PSOE lideró una “actuación delictiva, continuada y coordinada” para “desacreditar a los jefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción” con el fin de “anular o malbaratar” sus investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”.