La reducción de jornada a 35 horas para los funcionarios vuelve a quedar en suspenso. El Gobierno ha trasladado a los sindicatos de la función pública que prefiere esperar a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para implantar el recorte horario en la Administración General del Estado (AGE). Una decisión que ha provocado un profundo malestar en las organizaciones sindicales y que reabre un debate que se arrastra desde hace años.
La advertencia llegó tras una reunión entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos firmantes del acuerdo salarial de 2022. Según UGT y Comisiones Obreras, el Ejecutivo considera “más idóneo” vincular la reducción de jornada a 35 horas para los funcionarios a las cuentas públicas de 2026, otorgándole así rango de ley. Para los sindicatos, esa fórmula supone un retraso injustificado.
El choque entre el Gobierno y los sindicatos por las 35 horas
UGT y CCOO aseguran que salen “muy decepcionadas” del encuentro. En una nota conjunta, ambas centrales subrayan que el compromiso de implantar la reducción de jornada a 35 horas para los funcionarios se daba por cerrado tras la última reunión del 17 de diciembre y que ahora el planteamiento del Gobierno introduce incertidumbre.
Las organizaciones sindicales exigen garantías claras de que la jornada de 35 horas llegará en febrero o, como muy tarde, a principios de marzo. Consideran que condicionar la medida a unos Presupuestos que ni siquiera han comenzado su tramitación parlamentaria deja el acuerdo en el aire y rompe la confianza en la negociación.
Desde el Ministerio de Función Pública, sin embargo, evitan hacer valoraciones públicas. Fuentes de la negociación consultadas por La Información sostienen que el Ejecutivo no ha retirado su compromiso, sino que busca blindar jurídicamente la reducción de jornada a 35 horas para los funcionarios mediante una ley presupuestaria. El problema, según los sindicatos, es el calendario político.
La falta de Presupuestos complica el calendario
El Gobierno insiste en que trabaja en los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Pero a estas alturas no existe ni un borrador oficial. El delicado equilibrio de fuerzas en el Congreso hace que sacar adelante unas nuevas cuentas sea cada vez más complicado. Lo que añade presión a la negociación sobre la reducción de jornada a 35 horas para los funcionarios.
UGT y CCOO alertan de que supeditar la medida a los Presupuestos equivale, en la práctica, a aplazarla sine die. En un contexto de bloqueo parlamentario, el riesgo de que la jornada reducida no llegue en los plazos comprometidos es real.
A esta incertidumbre se suma el hecho de que la reducción de jornada a 35 horas para los funcionarios es una reivindicación histórica que lleva años encadenando compromisos incumplidos. Para los sindicatos, la paciencia empieza a agotarse.
CSIF también presiona por el recorte horario
Aunque no participó en la reunión de este miércoles, CSIF también ha elevado el tono. El sindicato, que no firmó el acuerdo de 2022, recuerda que Función Pública dio su palabra en diciembre de que la reducción de jornada a 35 horas para los funcionarios llegaría antes de que finalizara el primer trimestre del año.
Desde CSIF insisten en que ese compromiso debe cumplirse y reclaman que el recorte horario se apruebe mediante una resolución, sin esperar a los Presupuestos. La central también aprovechará la próxima reunión, prevista para el 28 de enero y en la que sí estará presente, para reclamar avances en materia de teletrabajo en la Administración.
El sindicato subraya que la reivindicación de las 35 horas se arrastra desde 2018 y que no puede seguir aplazándose por razones políticas o presupuestarias.
¿A quién beneficiaría la reducción de jornada?
Si finalmente sale adelante, la reducción de jornada a 35 horas para los funcionarios beneficiaría a unos 250.000 empleados públicos de la Administración General del Estado. Actualmente, la jornada laboral en la AGE es de 37,5 horas semanales. Una diferencia que los sindicatos consideran injustificada frente a otras administraciones.
El acuerdo de 2022 ya contemplaba el recorte horario como parte del pacto salarial que incluía subidas acumuladas del 9,5% entre 2022 y 2024. Sin embargo, ese compromiso nunca llegó a desarrollarse normativamente. Lo que ha mantenido la reducción de jornada en una especie de limbo administrativo.
En aquel texto también se hacía referencia a la posibilidad de extender la medida a entidades locales y empresas públicas. Aunque la negociación actual se centra exclusivamente en la AGE.
Amenaza de movilizaciones si no hay avances
El tono sindical se endurece. UGT y CCOO advierten de que, si en la próxima reunión del 28 de enero no hay avances tangibles, emprenderán “las acciones que consideren oportunas”. La reducción de jornada a 35 horas para los funcionarios se ha convertido en una línea roja para ambas organizaciones.
El malestar llega, además, en un momento en el que el Gobierno acaba de cerrar un nuevo acuerdo salarial con los sindicatos. El pacto, firmado a finales de noviembre, garantiza un incremento acumulado del 11% hasta 2028, con subidas del 2,5% desde finales de 2025 y del 1,5% en 2026, que afectan a los 3,5 millones de empleados públicos.
Para los sindicatos, cumplir con la reducción de jornada a 35 horas para los funcionarios es ahora una cuestión de credibilidad. Sin Presupuestos y con el calendario político en contra, la negociación entra en una fase decisiva.