El PP, Vox y Junts han votado en contra de la admisión a trámite de una proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción con facultad sancionadora. Se trata de un nuevo revés para el Ejecutivo que comparten el PSOE y Sumar tras el que sufrieron la semana pasada cuando también PP, Vox y Junts frenaron la tramitación de la ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas impulsada por el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz.
En el debate en el Pleno, el diputado de Junts Josep Pagès ha señalado que se trata de una “ocurrencia de última hora” partidista que, a su juicio, no ofrece una solución real al problema.
Además, ha recordado que en Cataluña funciona desde 2008 la Oficina Antifraude, que considera “un referente en este ámbito”, y ha advertido de que lo último que interesa a su formación es “duplicar estructuras” con un órgano estatal que, a su juicio, “centraliza competencias y pretende coordinar, es decir, controlar” el organismo catalán.
En el Pleno de la semana pasada, Junts ya votó en contra otra iniciativa clave de Sumar en esta legislatura, tumbando -gracias también a los votos en contra de PP y Vox- la toma en consideración de la ley para reducir a 37,5 horas la jornada laboral general.
En el debate, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se encaró con los independentistas, acusándoles representar al sector “reaccionario” de la patronal y a “los que se están forrando”.
Labor contra la corrupción
El nuevo organismo tendría como objetivo prevenir, detectar, investigar y erradicar la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos, así como cualquier aprovechamiento irregular derivado de conductas que impliquen conflicto de intereses o utilización indebida de información pública en beneficio privado.
Además, la Oficina debería fomentar valores y principios de integridad pública, impulsar una cultura de buenas prácticas y promover el buen gobierno en la ciudadanía, así como atajar la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y actuaciones administrativas.
La proposición de ley incluía un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves, un sistema de prescripción de sanciones y la creación de un Registro Central de Infracciones, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.