En la madrugada del jueves, se activó la alarma de Correos de la localidad extremeña de Fuente de Cantos. La puerta principal había sido forzada y los autores sustrajeron 124 papeletas y 14.000 euros. Era el tercer robo en pocos días en oficinas pacenses. La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP en las elecciones, María Guardiola, no tardó en denunciar a través de su cuenta de X: “Han robado votos de ciudadanos de Fuente de Cantos, Bienvenida y Cazadilla de los Barros, votos que nunca van a llegar a las urnas. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos”.

Con nocturnidad y alevosía. ¿Es posible que el voto por correo pueda convertirse en un agujero negro por el que se nos escapa la democracia? ¿Así de frágil es? Un total de 2,47 millones de electores depositaron su voto en las oficinas de Correos en las elecciones generales de 2023, la cifra más alta desde 2008, el primer año con registros estadísticos homologados. Hoy la Junta Electoral no podría exhibir músculo como entonces hizo.
Giro de guion
El robo de votos que ha dado un giro de guion el penúltimo día de campaña de las elecciones extremeñas no es un hecho aislado. Aunque así fuera, 124 papeletas en un municipio con 4.500 vecinos y unos 3.000 votantes representan casi el 5%. Aunque los hechos se investiguen por parte de la Guardia Civil de Badajoz como “delincuencia común”, es un atentado contra la democracia. También Alberto Núñez Feijóo ha exigido explicaciones al Gobierno. Pregunta cómo ha podido pasar, por qué se ocultaron otros intentos de robo y “por qué no ofrece garantías en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática de nuestra nación”.
Esto es muy grave. Delata que existe una posibilidad de que el voto ciudadano sea interceptado, alterado o destruido por terceros antes de que llegue a la autoridad electoral. ¿Están a salvo el resto de las solicitudes de voto por correo que se han emitido para estas elecciones autonómicas de forma presencial en la red de oficinas postales o telemáticamente mediante firma electrónica? Cualquier duda compromete la integridad y la fiabilidad del proceso electoral.
Cabe preguntarse si existen más fisuras en cuanto a los sistemas de verificación de identidad, de manera que pueda haber votos duplicados, por ejemplo, o si hay riesgo de que se extravíen o retrasen. Los sistemas de verificación biométrica y digital, así como los controles de registro y seguimiento de envíos para asegurar la entrega y recepción, deberían ser suficiente garantía. Sien embargo, tenemos muy presente el caso de presunto fraude electoral en Albaida del Aljarafe (Sevilla) por una supuesta compra de votos del PSOE en las municipales de 2019, que dieron la mayoría absoluta al PSOE. La juez que instruye el caso ha citado a una alto cargo de Correos para que aclare la gestión de más de un centenar de votos por correo bajo sospecha, en una causa que mantiene investigado al alcalde socialista José Antonio Gelo.
Votos a cambio de empleo
Según la denuncia de IU, se habría articulado un sistema para “tentar con promesas laborales” a vecinos, gestionar solicitudes y traslados de documentación desde el Ayuntamiento a la oficina postal, e incluso exigir el voto a supuestos beneficiarios de contratos o programas municipales.
En Cervera del Maestre (Castellón) se ha abierto una causa contra el alcalde socialista Adolf Sanmartí por presunta manipulación de votos usando certificados médicos y poderes falsos para justificar votos delegados por correo. La Guardia Civil lo acusa de ejercer como presunto líder de un grupo criminal dedicado a la manipulación del voto por correo y señala víctimas en las citas de 2019 y 2023.
Y en 2023, el robo en Melilla de alrededor de un centenar de votos por correo, que tuvieron que ser anulados, y el número disparado de solicitudes, levantó la sospecha de un “fraude en toda regla”. La sombra llevaba acompañando a esta ciudad autónoma en varios comicios, con condenas incluidas. Ante la sospecha de compra de votos, la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno iniciaron investigaciones y se detuvo a diez personas vinculadas a la trama.
Desde 2023, la Junta Electoral Central exige que el votante presente su DNI en persona al entregar el voto por correo, y si otra persona lo entrega, debe contar con una autorización firmada y fotocopia del DNI del votante. También se ha propuesto escrutar los votos por correo en urnas separadas para mejorar la trazabilidad y detección de irregularidades. Estas medidas buscan blindar el proceso, aunque los expertos siguen señalando que el voto por correo sigue siendo más vulnerable que el voto presencial. Algunos partidos, como Vox o sectores del PP pidieron investigar por posibles irregularidades el voto por correo de las generales de 2023 poniendo el foco en Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán y responsable de gestionar el voto por correo en esos comicios que permitieron que Sánchez continuara como presidente del Gobierno, según ha publicado El Confidencial.

En julio de 2025, Vox presentó un escrito dirigido a la Junta Electoral Central para impulsar una investigación, a través de la Guardia Civil, sobre los posibles fraudes cometidos en relación con el voto por correo a la vista de las revelaciones de la militante del PSOE, “y su vinculación con el servicio de emisión de voto telemático”. El partido denunció que el actual sistema de votación por correo “adolece de graves carencias de seguridad, trazabilidad y transparencia, algo que debilita la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático”.
Quién lo custodia
El voto por correspondencia en nuestro país se encuentra regulado en Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en concreto en sus artículos 72 a 75. La norma divide el procedimiento en cinco fases: solicitud, remisión de las papeletas al domicilio del ciudadano por la Oficina del Censo Electoral, remisión del voto por el ciudadano a Correos, custodia hasta la Mesa Electoral el día de la votación y fase de entrega de los votos en la Mesa Electoral.
Los sobres y certificados entregados a los electores tienen códigos de identificación únicos que pueden ser anulados en caso de sustracción o pérdida. Si un sobre se pierde, se sustrae o no llega al elector, Correos anula de oficio los códigos de identificación de los sobres y emite duplicados con nuevos códigos. Los anteriores quedan anulados y de llegar a Correos se emite una alerta.
Según el sindicato CSIF, a pesar de lo ocurrido en Extremadura, el voto por correo cuenta con un sistema de custodia de alta seguridad y un riguroso protocolo de custodia en cajas fuertes que garantiza la integridad de cada papeleta hasta el día de las elecciones. La responsabilidad de la custodia recae en los directores de las oficinas. El sindicato defiende que son “muy pulcros y y muy estrictos en el mantenimiento de del voto por correo” hasta su entrega en las mesas electorales para que sean contabilizados con el resto de los votos.
El sistema de voto por correo en España es un mecanismo legítimo y necesario para que las personas que no pueden votar presencialmente ejerzan su derecho al sufragio. Pero como ocurre en muchos países con sistemas de votación postal, tiene fisuras reales que pueden afectar tanto a su eficacia como a la confianza pública. Entre ellas, los errores de Correos en la entrega de documentación electoral. En 2023, Correos avisó que no había localizado a 450.607 solicitantes de voto por correo. Si la documentación no llega al domicilio a tiempo o se pierde, el ciudadano no puede votar. No implica necesariamente fraude, pero sí señala una vulnerabilidad en la logística.
Son casos atípicos y aislados, pero demuestran que en esas lagunas se puede colar la mala fe.



