Con la sombra de financiación irregular planeando sobre el PSOE tras los movimientos en efectivo que investiga la UCO, cabría preguntarse: ¿ningún trabajador de la organización consideró nada sospechoso? ¿Pasó absolutamente desapercibido entre el personal del partido que la empresaria Carmen Pano entrara en la sede del PSOE en octubre de 2020 con dos bolsas con 90.000 euros, según ella misma ha reconocido a la Guardia Civil? ¿Habría sido posible que algún empleado alertara de estos hechos? ¿Existe protección absoluta para las personas denunciantes de casos de corrupción?
Yolanda Díaz, vicepresidenta primera del Gobierno, ya ha expresado su opinión y su respuesta es no. El Ministerio de Trabajo ha iniciado el procedimiento legislativo para reforzar la protección frente al despido de quienes denuncien irregularidades o corrupción. En la práctica, supondrá blindar a los denunciantes o whistleblowers -en inglés-, ante lo que considera un vacío legal.
Un vacío en la nueva ley
Trabajo justifica esta iniciativa, que propone modificar el Estatuto de los Trabajadores, en el vacío detectado tras la transposición de la Directiva Whistleblowing en 2023. Esta norma introdujo la obligatoriedad de habilitar un canal interno de denuncias. Así mismo, la Ley 2/2023 prohíbe las represalias y declara nulos los actos administrativos que las generen. Sin embargo, no precisa la naturaleza jurídica de las decisiones empresariales -como las órdenes, extinciones o despidos- que puedan constituir una represalia. “Por ello, resulta preciso evitar cualquier interpretación que pueda restringir la protección efectiva de las personas trabajadoras”, puntualiza el Ministerio.
En la práctica, esto significa que con la legislación actual un despido vinculado a una denuncia puede ser declarado improcedente, lo que se traduce en una indemnización tasada pero no necesariamente en la readmisión del trabajador. Para el Ministerio, esta protección es insuficiente, como así reconoce en su argumentación sobre la necesidad de esta reforma: “La garantía frente al despido se vería debilitada si su acción se circunscribe a garantizar la percepción de la indemnización tasada por despido improcedente”.
El Gobierno aprueba las dos primeras medidas del Plan de Acción por la Democracia contra la corrupción:
✅RD del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante
✅RD para ampliación y modificación de la plantilla del Ministerio Fiscalhttps://t.co/4Xwdh2TG45 pic.twitter.com/TLdqvCRgA4
— Ministerio de la Presidencia, Justicia y R. Cortes (@M_Presidencia) October 29, 2024
Nulidad expresa de las represalias
De esta forma, el propósito del anteproyecto que está impulsando Yolanda Díaz es fortalecer la protección de quienes denuncien irregularidades en su organización. Así se recoge en la exposición de motivos de la consulta, donde considera “imprescindible declarar expresamente la nulidad de las decisiones empresariales de las órdenes, extinciones y despidos acordados por la empresa que constituyan represalia frente a las personas que hubieran informado sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”.
De prosperar, esta reforma del Estatuto de los Trabajadores equipararía el régimen de las decisiones empresariales al previsto para los actos administrativos en el artículo 36.5 de la citada ley, que declara “nulos de pleno derecho” los actos adoptados como represalia. En consecuencia, un despido o una sanción de este tipo implicaría la readmisión obligatoria del trabajador y el abono de los salarios de tramitación, en línea con los efectos que prevé la jurisdicción social para los despidos nulos.
Necesidad y procedimiento
Trabajo justifica esta modificación para garantizar el pleno cumplimiento de la Directiva, cuyo artículo 19 prohíbe toda forma de represalia. Además, el Ministerio subraya que no existen alternativas no normativas, ya que el mandato de la transposición exige una modificación expresa del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Por este motivo, la futura norma se articulará mediante un anteproyecto de ley. Y su tramitación formal se iniciará tras el cierre del proceso de consulta pública previa, el próximo 30 de octubre.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, una vez analizadas las aportaciones recibidas, el Ministerio elaborará un texto articulado. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, comenzará la tramitación en fase de anteproyecto, con su acceso a información pública. Dado su carácter preliminar, el documento no detalla aún qué artículos concretos de la legislación vigente se verán modificarán ni si se prevé ajustar la carga de la prueba en los procesos judiciales para proteger más eficazmente a los denunciantes.
Autoridad independiente de protección al informante
Esta iniciativa de Yolanda Díaz coincide con la entrada en funcionamiento, el 1 de septiembre, de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI). Esta institución reforzará la tutela de los informantes y velará por el cumplimiento de la obligación de las empresas de prevenir y evitar represalias. Para las compañías, puesta en marcha supone adaptarse plenamente a la legislación de 2023. Una de las exigencias es que deberán notificar la designación del responsable del sistema interno de información antes del 31 de octubre.
A su vez, actuará como canal externo para recibir denuncias sobre irregularidades que afecten a las entidades privadas cuando sus efectos alcancen más de una comunidad autónoma. En el ámbito autonómico -por ejemplo, si la empresa opera sólo en una región- existen también canales propios: la Oficina Antifraude de Cataluña, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, la Autoridad Gallega de Protección de la Persona Informante, la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra o la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León.
Si esta protección hubiera existido hace cinco años, quizá alguien dentro del PSOE habría dado la voz de alarma. Falta saber si, cuando se aplique, servirá realmente para prevenir nuevos casos.