La prestación por crianza universal vuelve a la agenda del Gobierno de la mano de Sumar aprovechando una Declaración institucional por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Un hito que ha coincidido con el arranque de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Tras un duro debate interno en el seno del Ejecutivo de coalición, el Gabinete ha logrado presentar el mayor techo de gasto de la historia y desbloquear el primer paso de la negociación presupuestaria. Con todo, el diseño de las partidas presupuestarias se antoja complicado y no exento de fricciones internas.
Este punto de partida, lo dejó patente la propia María Jesús Montero, ministra de Hacienda. En rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera reconoció un “debate intenso con el socio de coalición” para la aprobación de la disponibilidad de gasto. Y para salvar la alianza y poder presentar unos presupuestos expansivos, Hacienda hizo una oferta histórica que rebasa los 200.000 millones. De esta forma, aprovechando un alza del 8,5% de los ingresos tributarios, hasta los 325.000 millones de euros, el gasto no financiero crecerá en la misma proporción, hasta 216.177 millones de euros.
Para los de Yolanda Díaz, este mayor margen presupuestario -supone 16.673 millones más que en 2025- debe facilitar el avance de la agenda social, como está previsto en el acuerdo de coalición. Una de las cuestiones pendientes es la prestación por crianza para menores de 18 años. En concreto, Sumar reclama la aprobación de una ayuda de 200 euros mensuales. Una propuesta que ya ha estado sobre la mesa y que ayer Montero enfrió. “Mi opinión es que para reformular cualquier prestación en materia de pobreza infantil, tenemos que evaluar el rendimiento que han tenido otros instrumentos”, zanjó.
Punto de partida de Hacienda
María Jesús Montero recordó el esfuerzo del Gobierno por combatir la pobreza infantil a través de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Este complemento refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada menor a cargo. Con datos del Ministerio de Inclusión, en octubre, 544.159 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68 euros por menor y de 125,8 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
“Mi opinión es que para reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil tenemos que evaluar el rendimiento de los instrumentos que hemos puesto en marcha. Y, en cualquier caso, si hay que mejorarlo en una sola prestación, habría que hacer una refundación de todos estos complementos en otra. Porque si no permanentemente estamos duplicando instrumentos o solapándolos, y la impresión es que no tienen el rendimiento que buscamos cuando están así distribuidos”, puntualizó Montero.
Hilando fino
La posición de Montero que supone echar un jarro de agua fría a las pretensiones de Sumar está medida milimétricamente. Así lo hizo también el Ejecutivo -que hiló fino- en la Declaración aprobada por el Consejo de Ministros con motivo del Día de los derechos de los niños, el próximo el 20 de noviembre. El texto recoge que “la desigualdad económica condiciona vidas enteras desde la infancia” y señala la apuesta del Gobierno por ampliar el apoyo a las familias, “mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal“.
En realidad, en el texto, el Ejecutivo sigue casi literalmente lo firmado en el acuerdo de coalición: “Revisaremos la prestación por crianza para las familias con menores a cargo, unificando el actual Complemento de Ayuda a la Infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF”.
Reducción tasa de pobreza
Por su parte, desde el ala de Sumar, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia fueron las únicas que se pronunciaron ayer al respecto. En este sentido, indicaron que que esta es una medida planteada por el departamento que dirige Sira Rego y por la coalición Sumar “como una ayuda para las familias de 200 euros por hijo o hija a cargo”. Una fórmula, según añadieron, “permite dejar de lado el actual modelo asistencial y permitiría reducir la tasa de pobreza infantil a la mitad”.
Una de las organizaciones que ha analizado el impacto de la prestación tanto desde el punto de vista de su coste como de su alcance es la Fundación Iseak. En un informe de 2024, estimó que el coste mensual de una prestación universal por crianza de 200 euros ascendería en 1.606 millones, lo que supone triplicar el gasto público que actualmente se destina al IMV, que cuenta con el Complemento de Ayuda a la Infancia (IMV-CAPI). En octubre, la nómina del IMV sumó más de 532,6 millones de euros.
Problema de acceso
Para los expertos, esta prestación solventaría el problema actual de que tanto el IMV como el CAPI no alcanzan a todos los hogares con derecho a recibirlo. En su última revisión, del pasado mes de julio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), advirtió que el 55% de los hogares que podrían recibir el IMV no habían solicitado la prestación (non take-up). Esta cifra se elevaba al 72% en el caso de los hogares elegibles para el CAPI, manteniéndose en niveles muy similares a años anteriores.
A la espera de que avance la negociación de los Presupuestos de 2026, el futuro de la prestación por crianza queda condicionado al equilibrio interno del Gobierno y a la revisión de los instrumentos ya existentes. Entretanto, Sumar mantiene su propuesta de una ayuda universal de 200 euros, pendiente convencer a María Jesús Montero de que tiene encaje en el diseño de las cuentas de 2026.