Tic-tac, tic-tac… la agenda presupuestaria del Gobierno está en tiempo de descuento si quiere llegar a tiempo para presentar las cuentas públicas antes de que acabe el año. La obligación constitucional de presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior ya no podrá cumplirse. Tampoco, previsiblemente, podrá contar con unas nuevas cuentas aprobadas en 2026, tras el portazo de Junts per Cataluña a apoyar en el Parlamento al Gobierno.
Pese al fiasco descontado en su tramitación en el Congreso -no cuenta con los apoyos necesarios-, el Ejecutivo está decidido a presentar las cuentas públicas. En el juego parlamentario diseñado este año, esta estrategia le permitirá evidenciar el rechazo de la oposición a una hoja de ruta que, para dar cumplimiento a las exigencias de su socio de Gobierno, tendrá marcado carácter social.
“Sudaremos la camiseta”
Por si había alguna duda, desde Brasil, donde asistió a la Cumbre del Clima, Pedro Sánchez quiso dejar claras “tres certezas” en el horizonte político inmediato. La primera, que el Ejecutivo presentará los Presupuestos Generales del Estado. La segunda, que “sudaremos la camiseta“, en alusión al esfuerzo negociador con los distintos socios del Gobierno. Y la tercera, que “con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027“.
Sánchez subrayó así la determinación del Ejecutivo de mantener su agenda política y económica, al margen de las dificultades que puedan surgir en la negociación de las cuentas públicas. De esta forma, se aferra a la estrategia marcada en 2o25. Una fórmula diferente al año anterior, cuando, ante el fracaso, optó por no presentar las cuentas. Ahora el mensaje es diferente. El Gobierno no condicionará la presentación de las cuentas públicas a contar con los apoyos para su aprobación.
Por ello, seguirá intentando el consenso parlamentario. También lo señaló ayer Sánchez. “Creo que este es un Gobierno que durante estos últimos siete años ha demostrado su capacidad para poder dialogar y llegar a acuerdos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo con todos los grupos. Hablaremos con todos los grupos salvo uno [en referencia a Vox] y gobernaremos para todos los territorios y para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país”.
Un largo camino
En las tres certezas de Sánchez, hay una cuarta implícita: el calendario. Partiendo de la lógica presupuestaria -conocer las cuentas antes de que empiece el año-, el Ejecutivo encara una contrarreloj si quiere llegar a tiempo de llevarlas al Parlamento antes del 31 de diciembre. Cuando quedan menos de 40 días para las doce campanadas, otra certeza es que Hacienda solo ha cumplido con el primer requisito para su presentación. El 3 de septiembre se aprobó la orden que pone en marcha el procedimiento presupuestario.
Y hasta aquí. El siguiente paso es llevar al Consejo de Ministros la propuesta de estabilidad (senda de déficit) y la aprobación del límite de gasto no financiero (techo de gasto). No está prevista su presentación en la cita de la próxima semana. De esta forma, en noviembre la agenda habilita dos fechas: el 18 o el 25. Se conocerá con antelación, pues antes tendrá que presentarlo a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Fuentes de Hacienda rehusaron cualquier comentario en este sentido. A las comunidades autónomas tampoco les ha llegado ninguna convocatoria.
Un tramite previo en el Parlamento
Aunque el gabinete aprobara la senda de déficit y el techo de gasto, el Ejecutivo debe superar un trámite previo en el Congreso antes de llevar los Presupuestos. La senda de déficit requiere la aprobación del Parlamento. Y si en una primera votación es rechazada, debe volver a presentarse. Mientras tanto el cronómetro sigue corriendo en contra del Gobierno. El calendario de plenos ordinarios finaliza el 18 de diciembre. Así en la práctica, a partir del 18 de noviembre, apenas quedan tres semanas para su incorporación en la agenda.
Solo entonces, cuando en el Parlamento se haya votado dos veces -y haya sufrido el Gobierno dos derrotas, previsiblemente-, María Jesús Montero podrá remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos. Este es el hito que se ha marcado como meta el Ejecutivo, aunque el calendario se diluye.
Consecuencias
Más allá de la presentación lógica en tiempo y forma, la ruptura de Junts obliga al Ejecutivo a reaccionar para no perder los fondos europeos. Sánchez quiso ayer transmitir un mensaje de tranquilidad al asegurar que es el Gobierno de la Unión Europea que más fondos europeos ha ejecutado y señalar “va a seguir siendo así”. Sin embargo, hasta que el Gobierno negocie con Bruselas una modificación de sus compromisos, tiene seis leyes en tramitación que necesita aprobar para recibir estos recursos. Algunas de ellas, como la Ley de Familias, arrastran casi dos años de tramitación parlamentaria.
En el Ejecutivo tiene pendiente de recibir por parte de Bruselas 25.000 millones en subvenciones y 67.000 millones en préstamos. De ahí, la importancia de movilizarse para agilizar su tramitación y no perder oportunidades. El maná de los fondos europeos concluye el 31 de diciembre de 2026, aunque es con anterioridad -hasta agosto del próximo año- cuando España debe culminar su ejecución.
Aviso de Europa
Como advertía recientemente Funcas, España todavía tiene que ejecutar unos 25.000 millones de euros en subvenciones y prácticamente la totalidad de los 84.000 millones en préstamos de la Adenda. La propia Comisión Europea ha advertido de que el tiempo apremia. Cualquier tramo que no se solicite antes de la fecha límite se perderá. España “tiene mucho camino por recorrer tanto respecto a los fondos como a los préstamos”, señalaba el Tribunal de Cuentas europeo en 2025.
El tic-tac continúa. Con el calendario en contra, el Gobierno encara la recta final del año con una doble presión: la de presentar unas cuentas sin apoyos y la de no comprometer el acceso a los fondos europeos.