El pasado 2 de octubre, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, aprovechó un acto en la Inspección de Trabajo para desempolvar su ofensiva en la aplicación de la Ley Rider frente a la empresa que se le resiste, Uber Eats. Es la única, que cuatro años después de la entrada en vigor de la legislación que obliga a reconocer a sus repartidores como trabajadores, sigue desafiando al Ejecutivo con un modelo que incluye falsos autónomos como mensajeros.
“Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España. Y ya les anticipo que caerá el peso de la ley sobre esta empresa ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país”, aseguró el pasado 2 de octubre Díaz. Sin citar expresamente a Glovo, la ministra insistió en la capacidad de actuación del Ejecutivo: “Lo hicimos ya, vuelvo a decirlo, con otra empresa y quiero dejar claro que lo vamos a volver a hacer ahora mismo ya con Uber. Por muy grande que sea una empresa no se va a colocar por encima de la ley. Y por tanto queda sujeta al designio del imperio de la ley, nada más y nada menos”. Sin embargo, en la recta final del año, dos meses después de esta llamada de atención, ni Trabajo ni la Inspección de Trabajo han comunicado novedades.
Investigación
El pasado verano, se conoció que la Inspección de Trabajo abrió una investigación a Uber Eats por su modelo de contratación de falsos autónomos. Se trata de comprobar si tiene a sus trabajadores reconocidos como asalariados, tal y como exige la ley que entró en vigor en agosto de 2021. La sede barcelonesa de Uber Eats es uno de los puntos donde se ha llevado a cabo la investigación. Según informó Europa Press a partir de fuentes cercanas al caso, miembros del equipo se desplazaron a la ciudad condal y recogieron documentos en la sede de la compañía.
El procedimiento no es nuevo para la empresa, ya que sigue los pasos del que anteriormente Trabajo emprendió con Glovo, incluida la vía penal. Hace justo un año, esta compañía anunció un cambio en su modelo con la contratación, asumiendo que los repartidores son asalariados. Las contrataciones se han efectuado por dos vías, directa y a través de subcontratas. “No tenemos información de cómo está procediendo la Inspección con Uber Eats”, admite una fuente sindical, quien no obstante, recuerda que “al final, la única fórmula efectiva es la penal“.
Más provisiones millonarias
Entre tanto, Uber Eats continúa provisionando en sus cuentas las posibles consecuencias derivadas de su modelo de contratación. La empresa, que desarrolla su actividad a través de la sociedad Portier Eats Spain, ha ido elevando cada año las provisiones por contingencias laborales y fiscales. En sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2023, la empresa reconoce que las “autoridades laborales en España abrieron auditorías para revisar el estado de clasificación de los mensajeros (en particular en lo que respecta a las cotizaciones a la seguridad social). Este medio contactó con Uber Eats, que rehusó realizar comentarios sobre la situación.
Detalla, en este sentido, que a la fecha de formulación de las cuentas -el 19 de diciembre de 2024-, Trabajo ha inspeccionado las actividades de la sociedad en prácticamente la totalidad de las provincias de España. “De manera que a la fecha existen 41 procesos concluidos para los que se ha recibido actas de conclusión y nueve procesos que se encuentran en curso y que se espera puedan concluir en fechas próximas. Además, hay inspecciones abiertas de las que todavía no se ha recibido notificación sobre la posible sanción y cuotas de la seguridad social pendientes”. Estas conclusiones en su resultados auditados reflejan que el Departamento que lidera Yolanda Díaz lleva más de un año con la lupa sobre sus relaciones laborales.
Informa también de que en todos los casos se procederá (en las recibidas ya se ha hecho) a defender “rigurosamente nuestra posición”. De esta forma, la dirección reconoció una provisión “para reflejar la mejor estimación del resultado más probable de todas las auditorías” de 145,399 millones, frente a los 140,842 millones de 2o22.
Mejoran sus ingresos
En este ejercicio, Uber Eats elevó un 15% sus ingresos ordinarios, hasta los 100,8 millones. La compañía atribuye este crecimiento a un “ligero incremento de la actividad” y recuerda que en 2023 se amplió su oferta y presencia en España. Como consecuencia de las provisiones por las inspecciones laborales, la filial incurrió en pérdidas de 3,42 millones. No solo eso, sino que además la matriz (Uber International Holding) tuvo que aportar 5,5 millones para evitar su desequilibrio patrimonial, que podría considerarse causa de disolución.
Por otra parte, Uber Eats acaba de registrar su primer Plan de Igualdad ante Trabajo. Un plan que no ha podido ser negociado con los sindicatos más representativos por no haber respondido “ninguno de ellos a la convocatoria en plazo y en sucesivas ocasiones”.
“La ley está para cumplirla. Ninguna empresa está por encima de ella. Lo hemos dicho mil veces: una persona pedaleando con una mochila no es un autónomo“, señaló el pasado verano Díaz tras conocerse la investigación a Uber Eats. De momento, el resultado, tras más de un año de investigación, está pendiente. El desenlace marcará hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a hacer valer la Ley Rider frente a la última gran plataforma que aún resiste su aplicación.