El Partido Popular se pronunció ayer con contundencia sobre los movimientos del Gobierno en Indra, en la que, a través de la SEPI es el primer accionista con un 28% del capital. A través de su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, arremetió contra el Ejecutivo por favorecer a Ángel y Javier Escribano, los propietarios de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en Indra.
Para Nadal, el origen del actual conflicto de interés en la eventual operación entre Indra y EM&E hay que contextualizarlo en el nombramiento de Ángel Escribano como presidente del campeón de defensa nacional, tras la designación de su predecesor Marc Murtra al frente de Telefónica. “La pregunta inicial es por qué se nombra presidente de Indra a una persona propietaria de una empresa con la que podía haber una confluencia estratégica por parte de Indra para crear una base industrial. Es que el pecado es original”, advirtió.
Un conflicto de interés “de caballo”
En este sentido, cuestionó que el hecho de que Indra, sin tener una base industrial de partida, sea elegida por el Gobierno para convertirse en el campeón nacional del Ejército de Tierra, en alusión a los megacontratos de obuses de cadenas y ruedas adjudicados a la UTE Indra-EM&E por más de 7.000 millones de euros. Bajo su punto de vista, “que se busque como opción para crear esa base industrial algún tipo de acuerdo con la empresa propiedad del presidente de la compañía, no ocurre en ningún país del mundo”.
El vicesecretario de Economía del PP fue más allá: “Si en la cabeza del Gobierno y de SEPI estaba algún tipo de acuerdo con EM&E no se le designa presidente de la compañía. Cualquier acuerdo hubiera exigido primer una separación total. Pero eso no se produce y desde ese mismo momento la situación es cuanto menos extraña. Se trata de un conflicto de interés de caballo”.
“Nunca con un Gobierno del PP”
“Bajo un Gobierno del Partido Popular, nunca habría ocurrido igual. No se nos ocurriría, ni por lo más remoto, plantear operaciones societarias con estos conflictos de intereses”, aseveró. Cabe recordar que EM&E es el segundo accionista, con un 14,3% del capital. Ángel es presidente de Indra y su hermano Javier, presidente de la empresa familiar y consejero dominical en la participada. Ambos se abstienen en las deliberaciones del consejo de administración sobre esta, aunque fuera de este ámbito sí habrían tratado de encontrar apoyos entre los accionistas de Indra.
Un movimiento después de que la SEPI haya planteado su recelo a una fusión entre ambas por la posible pérdida de control. Ahora, el mandato sería buscar otras opciones, como una participación mayoritaria o la constitución de una filial conjunta. Sobre la mesa también ha estado el cese de Ángel Escribano como presidente de Indra, una circunstancia que el presidente ha desmentido: “Quiero ser claro: nadie ha pedido mi dimisión ni hay ningún proceso en ese sentido”, aseguró la semana pasada.
Vigilantes ante los contratos
Se da la paradoja de que este movimiento estratégico entre Indra y EM&E está liderado por el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos. Su nombramiento en 2023 se entendió como una forma de compensar los equilibrios dentro del consejo por su entendimiento con los populares. “Nuestra relación con la empresa es la misma que con cualquier otra empresa”, zanjó Nadal, al ser preguntado al respecto.
Por otra parte, Alberto Nadal advirtió de que el Partido Popular “vigila” los contratos que han sido adjudicados a Indra y EM&E. “Si hubiera una cuestión que no fuera legal, evidentemente, el Partido Popular va a tomar las decisiones que sean necesarias, tanto políticas como judiciales”, puntualizó. En su opinión, la situación en Indra no puede equipararse a otras participadas del Estado como Navantia, en el ámbito de defensa.