El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, acaba de lanzar la licitación para la renovación del contrato de protección a las víctimas de violencia de género a través de dispositivos telemáticos, conocidos popularmente como las pulseras Cometa. Se trata de un servicio de seguimiento de agresores de violencia de género y sexual para garantizar que no puedan acercarse a las víctimas, pero cuyos fallos complican la convocatoria para delegar en un operador privado su gestión. La crisis de las pulseras Cometa se desató en septiembre, cuando en su memoria la Fiscalía General del Estado alertó de una “potencial desprotección a las víctimas” por los errores de migración en el traspaso del anterior contrato en 2023. El Ministerio, que en el momento de los hechos ocultó lo ocurrido, trató de mitigar el alcance. Sin embargo, apenas un mes y medio después, se produjo una caída del sistema durante varias horas.
Con estos antecedentes, la Secretaría de Estado de Igualdad ha retrasado la publicación de la licitación. Finalmente, la ha activado por el procedimiento de urgencia y sin conceder plazos adicionales para la preparación de las ofertas. Los potenciales interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 6 de marzo a las 15:00 horas. Para elevar su atractivo, ha extendido su duración a 36 meses con posibilidad de dos años más de prórroga. Cabe recordar que el actual tiene un plazo de 30 meses sin opción de ampliación. Pero, y esto es lo principal para los potenciales interesados, el precio que está dispuesto a pagar el Ministerio se eleva un 20%.
Sube el presupuesto mensual…
El presupuesto base de la licitación sin IVA suma 58,98 millones, lo que equivale a 1,638 millones al mes. Este importe es un 18,78% más que el asignado en la anterior licitación (1,379 millones mensuales). Sin embargo, si se considera lo que está pagando ahora Igualdad (1,174 millones), el coste podría dispararse casi un 40% (39,5%). A su vez, el Ministerio ya prevé una mayor dotación presupuestaria para posibles modificaciones.
Por un lado, incluye una modificación del 20% del presupuesto base de la licitación -esto es 11,796 millones- ante la previsión de que aumente la utilización de estos dispositivos. Ello exigiría más personal. Y, por otro, ampliar el número de dispositivos, que se cifra en hasta un 10% con los precios unitarios previstos en la oferta. Como también incluye la prórroga de dos años -el importe mensual es el mismo-, el valor total del contrato supera los 111,1 millones de euros.
En cuanto a las modificaciones previstas, Igualdad detalla que, con la entrada en vigor de la ley orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, surgió la necesidad de instalación de dispositivos para víctimas de violencias sexuales. Se ha realizado una estimación en base a los datos de evolución de las instalaciones y desinstalaciones de dispositivos electrónicos por violencias sexuales. Según reconoce el Ministerio, esta información estadística es reciente, por lo que el número de delitos sexuales y denuncias interpuestas podría verse incrementado en los próximos años. A su vez, esta posibilidad podría conllevar un incremento de los dispositivos electrónicos instalados por encima de las estimaciones.
… pero rebaja un 10% los nuevos dispositivos
En los pliegos publicados, Igualdad ha evitado aludir a cualquiera de los fallos en el sistema, pero ha incorporado un alto grado de detalle en las cuestiones técnicas. Un buen ejemplo son los requerimientos de los nuevos dispositivos. Estos seguirán siendo como hasta ahora propiedad del Ministerio e incorporan como condición que los dispositivos ofertados sean “compatibles técnicamente” con los que están ahora en uso. Igualdad estima en 1.090 euros el presupuesto para un kit de tobillera Cometa en el nuevo contrato. Este importe supone una rebaja del 10% (9,16%) respecto a los 1.200 euros previstos en la licitación de 2023. Finalmente, el Ministerio adjudicó las pulseras Cometa por algo menos de 700 euros (696,34 euros), un coste un 42% inferior a lo previsto inicialmente.
Sin embargo, a diferencia de entonces, ahora se detalla el coste de cada una de las partes que conforman el kit, tanto para el agresor investigado, inculpado o condenado como para la víctima. Así, para los agresores se prevé una tobillera (240 euros) -la mayoría ya la utiliza- con su cargador (50 euros), además de un teléfono móvil (480 euros) también con su cargador (50 euros). A las víctimas se les dota de un móvil (200 euros), un cargador (50 euros) y un botón de SOS con su cable de conexión para su carga (20 euros). Estos elementos no se pueden comparar con el anterior contrato, al no estar desgranado.
El Gobierno autoriza la contratación del sistema de seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.
La ministra de @IgualdadGob, @_anaredondo_ , detalla las mejoras incorporadas👇🏼 pic.twitter.com/i0TDRSxFIi
— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 27, 2026
17.660 tobilleras
Durante los 36 meses del contrato, Igualdad prevé adquirir 17.660 tobilleras, prácticamente el doble que teléfonos, tanto de víctimas como de agresores. Una nueva exigencia es contar con un stock mínimo de 2.000 de dispositivos electrónicos para su instalación en menos de 24 horas en cualquier punto del territorio nacional. Como novedad, ahora se exige que la tobillera esté fabricada en material hipoalergénico y sea resistente al agua y al polvo. Se incorporarán también nuevos mecanismos para asegurar que no puedan manipularse ni retirarse. Se exige un mecanismo para asegurar el contacto continuo con la piel. También se requieren alarmas para notificar en tiempo real “en tiempo real” cualquier intento de “manipulación, rotura, falsificación, remoción o distanciamiento” del propio dispositivo móvil.
El elevado número de dispositivos (tanto tobilleras como teléfonos móviles para agresores y víctimas) contrasta con los últimos datos de utilización. En la información incluida en los pliegos, Igualdad no ha actualizado los datos a cierre de 2025 -se limitan a junio de 2025-. Estos datos están disponibles en su web. En 2025, el número de dispositivos activos cayó un 4%, hasta 4.412 unidades, en comparación con el año anterior. En el contrato actual, firmado por dos años -aunque se prorrogó seis meses más y vence el 6 de mayo de 2026- estaba prevista la compra de 11.371 brazaletes.
Junto con los dispositivos, el contrato -y esta es la parte más onerosa- incluye la gestión del servicio de Monitorización y Control, la Sala Cometa. El adjudicatario deberá asumir el personal existente -151 empleadas-, aunque ahora se prevé un refuerzo de la plantilla. Todas las comunicaciones, además de en las lenguas cooficiales españolas, deberán tener un servicio de interpretación en inglés, francés, alemán, rumano, italiano, árabe, árabe-marroquí y ruso.
Pendientes de la auditoría
Al igual que el anterior, el contrato detalla las penalizaciones en caso de incumplimiento. Se mantiene el límite: cada penalidad no podrá ser superior al 10% del precio del contrato sin IVA y el total de las mismas, no podrá ser mayor al 50%. En el anterior se señalaba que el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución determinará la imposición de una penalización equivalente al 2,5% del importe del contrato. “Las penalizaciones en un contrato están ahí; nadie ha dicho que no se vaya a penalizar; tampoco que sí”, indicó en su día la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.
El Ministerio ha lanzado la licitación antes de presentar las conclusiones de las dos investigaciones -una interna y otra externa- para determinar lo ocurrido. En este sentido, fuentes del departamento explican que las conclusiones se han tenido en cuenta en los pliegos y que se informará de las mismas próximamente. Así, el Ministerio justifica la nueva licitación para “modernizar y ampliar” el servicio del sistema de seguimiento. “La tecnología puede fallar, pero no la respuesta de un Gobierno responsable”, aseguró Redondo al anunciar la nueva licitación. Comienza el examen.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.