Siete meses puede parecer mucho tiempo, pero en contratación pública -dependiendo del tipo de expediente- este periodo requiere una tramitación urgente. En esta situación, se encuentra el Ministerio de Igualdad, que enfrenta la renovación del contrato del sistema Cometa: las pulseras telemáticas de protección para las víctimas de violencia de género. Coincide con las advertencias del Ministerio Fiscal sobre los problemas con el sistema, que han situado este servicio en el punto de mira. Tanto Ana Redondo, ministra de Igualdad, como la propia Fiscalía, han tratado de rebajar el tono después de que la Memoria de la Fiscalía General del Estado reconociera “múltiples fallos”. Y como consecuencia, la “absolución de maltratadores”.
En este contexto, después de que se haya conocido un problema con la migración de datos en el cambio de proveedor, la licitación se presume aún más compleja. Por eso, llama la atención que aún no haya avanzado formalmente en el proceso. A tenor del patrón seguido por Igualdad en las convocatorias de 2018, 2021 y 2023, en estas fechas el procedimiento debería estar en marcha.
Atractivo
La ausencia de noticias de esta licitación a estas alturas del año responde al hecho de que Igualdad está trabajando para hacer este concurso más atractivo. En este sentido, fuentes del Departamento de Ana Redondo recordaron que el contrato con el actual adjudicatario vence en mayo de 2026, por lo que aún disponen de tiempo suficiente. La intención del Ministerio es extender la duración del contrato e incluir la posibilidad de prórroga: será por tres años, con dos prórrogas de un año.
El actual está valorado en 35,22 millones de euros (sin IVA) y tiene una duración de 30 meses. La nueva licitación de las pulseras Cometa será el primer gran concurso de María Guijarro, que tomó posesión como secretaria de Estado de Igualdad el pasado 11 de junio.
Poco atractiva históricamente
Un reto de Guijarro será contar con más de un oferente en una licitación históricamente poco atractiva. Contar con más de una propuesta ofrece una mayor competencia y capacidad de decisión. No ayuda, en este momento, la polémica en torno a las pulseras Cometa, que coleará en el Parlamento y puede restar interés. En la última convocatoria, cuando Telefónica -proveedor del servicio desde su puesta en marcha en 2009- optó por no presentarse, únicamente hubo una candidatura. La UTE formada por Vodafone-Securitas Direct resultó la adjudicataria del contrato, con una puntuación de 87,5 sobre cien. Otro oferente inicial, Buddi Limited, compañía británica especializada en este tipo de dispositivos, no llegó a presentar una oferta formal.
La licitación de 2023 supuso un profundo cambio en la forma en que Igualdad aborda este seguimiento telemático. Tras la recomendación de una consultora, el Ministerio -entonces liderado por Irene Montero- optó por pasar de un modelo de pago por uso a invertir en pulseras y contratar el servicio para su gestión. De esta forma, al término del actual contrato Igualdad contará con más de 11.300 pulseras, tras invertir 7,918 millones de euros. De éstas, a día de hoy, apenas se han utilizado un 42% del total. Según la Memoria justificativa de la última adjudicación en septiembre de 2023, Igualdad estimaba más de 6.000 pulseras operativas. La información dada por el Ministerio indica que ahora están activas alrededor del 4.800 dispositivos. Es decir, un 22% menos de lo estimado.
Compatibilidad
Como ha quedado constatado en el último cambio de operador, una de las mayores dificultades es el traspaso de información. Una mayor duración del contrato ahorrará problemas al Ministerio. También mejorará su eficiencia, pues la gestión de contratos sensibles consume muchos recursos. Aunque también incentiva el interés para acudir a la oferta. Por su naturaleza, este es un contrato “altamente crítico y de impacto directo en la vida de las personas usuarias”, como así se reconocía en el último pliego.
Y además es muy complejo, tanto técnicamente como en su operativa. El sistema emite cada minuto más de 20.000 geolocalizaciones de posición. En la situación actual, un desafío es asegurar la compatibilidad del nuevo adjudicatario con los dispositivos propiedad del Ministerio. Para el actual prestatario este es un punto a su favor. Por otra parte, este servicio implica un intangible para las empresas que puede llegar a pesar más que la retribución: un alto riesgo reputacional.
Procedimiento
En contratación pública, el procedimiento pasa por varias fases claramente delimitadas. Tal como establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), primero debe realizarse la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público; después, la aprobación e inclusión de los pliegos administrativos y técnicos que fijan las condiciones del concurso.
A continuación, la presentación y valoración de las ofertas por la mesa de contratación, conforme a los criterios establecidos en el artículo 145 y regulada en el artículo 326 LCSP; y, finalmente, la adjudicación y formalización del contrato con el licitador seleccionado. La propia ley establece además que “la formalización del contrato deberá efectuarse dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación”.
A la espera de que se publique la licitación, el futuro del sistema Cometa queda pendiente de un proceso que, por su complejidad y relevancia, marcará un hito en la gestión de Ana Redondo tras la reciente crisis.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.