El PP reta a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a explicar en el Senado el “escándalo” de las pulseras antimaltrato. El grupo Parlamentario Popular en el Senado ha convocado la Comisión General de las Comunidades Autónomas para el próximo 22 de septiembre con el objetivo de celebrar una sesión monográfica sobre la violencia contra las mujeres.
Una jornada de trabajo en la que intervendrán los consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. No estará presentes, se quejan en el PP, ningún gobierno socialista, tal y como les habrían comunicado. Todavía no ha confirmado su asistencia la ministra de Igualdad.
“Los socialistas no solo dejan abandonadas a las mujeres y las perjudican, sino que además desprecian sus problemas esquivando hablar de ellas”, denuncia la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que exige a Igualdad que “diga la verdad sobre el escándalo de las pulseras antimaltrato, pida perdón y dimita. Sería la única salida digna que le queda a Ana Redondo”, asegura.
El aumento de agresiones sexuales
Entre otras cuestiones, también se abordará la necesidad de aprobar una ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos. Según informan en el PP, en el orden del día también se incluirá el “alarmante” aumento de las agresiones sexuales durante el Gobierno de Sánchez y las consecuencias de la ley del solo sí es sí.
“Sánchez presumió de construir un Gobierno feminista, pero ha sido el más machista y el más dañino para las mujeres de toda la democracia”, se queja la portavoz popular.
Precisamente, fue la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado la que sacó a la luz “una gran cantidad” de absoluciones de maltratadores por “múltiples fallos”en las pulseras de control telemáticas, el sistema Cometa. En este documento, el Ministerio Fiscal indica que en un periodo de 2024 hubo incidencias en el sistema Cometa que supusieron problemas de descarga de la información anterior al 20 de marzo.
En concreto, se refiere a la migración de datos en el proceso de cambio de la empresa adjudicataria del servicio. Ello también impidió acceder a “la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos”. La consecuencia de este problema en la migración de datos fue “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios”. Desde el Ministerio de Igualdad aseguran que la cifra de afectadas no llega al “1 por ciento” y aseguran que las “incidencias” se han resuelto.