La Memoria de la Fiscalía y su denuncia de que los fallos de las pulseras conectadas al centro Cometa dejó a mujeres indefensas y desprotegidas ha desatado una extraña polémica. Ante el revuelo causado en los medios de comunicación, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, envió una carta a la fiscal de sala de Violencia contra la Mujer, María Eugenia Prendes Menéndez, para pedir explicaciones por las afirmaciones vertidas en la Memoria.
Martínez Perza quería saber a qué casos se refería y a cuántas mujeres afectaban esos fallos en los dispositivos conectados al centro Cometa que, a ojos de la Fiscalía, suponían una importante brecha de seguridad.
“Las víctimas estuvieron protegidas en todo momento”
Horas después, la propia Fiscalía reculaba y admitía, a través de un comunicado, que “las víctimas estuvieron protegidas en todo momento, porque los dispositivos funcionaron”. Además, reconocieron que “hubo problemas puntuales, debidos a la migración de datos, que afectaban a procesos penales”.
El Ministerio Público explicó que “no se pudo obtener la información requerida por los juzgados en un periodo concreto, pero insistimos en que el dispositivo funcionaba correctamente“.
¿Qué paso con esas víctimas? La Fiscalía asegura que “la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos“. Y enfatizaba que, “en todo caso, estos procedimientos judiciales se refieren al delito de quebrantamiento y no al delito de violencia que motivó la instalación del dispositivo”.
Condenas por quebrantamiento
Es decir, la integridad física de esas mujeres nunca corrió peligro. La explicación es sencilla. Si la pulsera falla, pita sin motivo, por ejemplo, el sistema de protección se pone en marcha igualmente. La policía acude al rescate de la víctima, los agentes informan al juzgado y el engranaje funciona.
¿En qué afectan entonces esos fallos puntuales a las mujeres? En el paso siguiente, cuando denuncian que su maltratador ha quebrantado la orden de alejamiento. Al no tener los datos registrados en el dispositivo, era más complicado demostrar que el agresor había cometido el delito de acercarse a la víctima delante de un juez.
“No era la única prueba”
Algunos maltratadores quedaron absueltos al no poder demostrar que, efectivamente, habían quebrantado la orden. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado a este respecto que la información del dispositivo no era la única prueba para demostrar el quebrantamiento. Las trabajadoras del centro Cometa declararon en algunos de esos juicios para explicar lo que había ocurrido.
Salvan vidas
Llama la atención la polémica porque cuando un maltratador quebranta una orden de alejamiento y le condenan, normalmente queda en libertad. Los jueces no suelen castigar con prisión que un agresor se acerque a su víctima y rompa la orden de alejamiento, con lo cual, en la práctica, estos fallos no suponen un problema de seguridad para las mujeres.
Por supuesto es un error y se debe subsanar, pero según los expertos en violencia contra las mujeres, no se trata de un problema que deba alarmar a la sociedad, y lo más importante a las mujeres víctimas. Que puede que hoy se sientan más inseguras si llevan pulsera.
La realidad, en cambio, es la contraria. Una pulsera de localización es un seguro de vida. No han asesinado a ninguna mujer que tuviese asignado un dispositivo. Cuando un juzgado impone una orden de alejamiento la pulsera y un escolta son las únicas herramientas que existen para asegurarse de que el maltratador cumple la orden de alejamiento. Son fundamentales y cómo recalcaba la ministra Redondo este viernes: “salvan vidas”.
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