Rosalía, la mujer de 54 años asesinada por su pareja en Motril el pasado 24 de agosto, pidió ayuda en el mes de octubre del año pasado. Hace once meses, denunció al que se convertiría en su asesino, entró en el sistema VioGén y consiguió una orden de alejamiento. Sin embargo, la medida de protección ha resultado ineficaz, no ha evitado su asesinato. ¿Cómo se controla el cumplimiento de estas medidas cautelares?, ¿cuántos hombres las quebrantan?
El cuestionario VioGén
En España solo los jueces pueden establecer la prohibición de acercarse a una víctima. Cuando una mujer acude a una comisaría a poner una denuncia por violencia de género debe responder al cuestionario del sistema VioGén. El algoritmo establece un nivel de riesgo (medio, alto o extremo) en función de las respuestas obtenidas, aunque los agentes pueden modificar y ajustar el resultado.
Esta valoración del riesgo es fundamental a la hora de obtener medidas de protección. Lo natural es que el juzgado de guardia o un juzgado de violencia sobre la mujer (de existir partido judicial) celebre una vista urgente, normalmente en un plazo de 72 horas. Es en ese momento cuando se valoran las pruebas iniciales, el riesgo y los informes policiales o psicológicos. Es decir, los jueces necesitan sostener la orden de alejamiento con pruebas e indicios.
Dispositivos telemáticos para controlar la orden de alejamiento
Además, el nivel de riesgo del sistema VioGén, en general, determina si el juzgado toma medidas adicionales para asegurarse el cumplimiento de la orden de alejamiento, como por ejemplo dispositivos telemáticos de localización, que se suelen colocar en casos de riesgo alto y extremo.
Con lo cual, si el algoritmo no acierta en las posibilidades de un ataque, no atina con el nivel de riesgo, el juzgado puede no considerar necesarias las medidas de protección o decidir no instalar dispositivos de localización aunque sí imponga una orden de alejamiento, como en el caso de Rosalía.
Lo cierto es que no se recaban datos ni las instituciones manejan estadísticas oficiales sobre el número de maltratadores que incumplen estas medidas de protección, lo que complica valorar su eficacia o diseñar políticas de seguimiento y protección basadas en datos fiables.
Tampoco existe una doctrina cerrada, un número exacto o fijo de quebrantamientos de orden de alejamiento que automáticamente impliquen el ingreso en prisión de un agresor. La decisión queda a discreción del juez, que es quien debe valorar si supone un peligro o no la libertad del maltratador.
“Dependemos de que ellos cumplan lo que dice un papel”
¿Son eficaces? El año pasado tres de cada diez mujeres asesinadas había denunciado y cinco tenían una orden de alejamiento en vigor.
Para el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género y médico forense, Miguel Lorente, el problema de las órdenes de alejamiento es que funcionan si “los agresores deciden cumplirla, no porque haya un factor que impida que la cumplan. Su eficacia depende de la voluntad del agresor. Es así. No depende del instrumento si no de cómo yo me comporto ante el instrumento. Existen medidas para reducir esa voluntad de la agresión, pero dependemos de que ellos cumplan lo que dice un papel (orden de alejamiento)”.
Lorente alerta de que muchos maltratadores quebrantan la orden y “no matan en ese momento”, lo que provoca que el propio sistema se confíe y minimice el riesgo porque, en su opinión, “no tiene bien conceptualizado lo que es la violencia de género porque no actúa de manera contundente. El quebrantamiento debería significar la entrada directamente en prisión, pero el propio sistema no tiene claro el riesgo que entraña, lo que hay detrás. Por eso no vale decir es que muchos la incumplen y luego no las matan, la situación es objetiva están asesinando a 60 mujeres cada año”, concluye.