Marta pidió ayuda varias veces. Si el sistema hubiese funcionado, esta joven de 21 años seguiría viva y su hija, de 15 meses, no sería huérfana. Pero una cadena de errores permitió que su expareja siguiera en libertad y que pudiera escalar su violencia con total impunidad.
El asesino actuó con una crueldad infinita. A eso de las tres de la tarde del lunes, una niña de 12 años regresó a casa del colegio. Al entrar en la vivienda, se topó con un escenario atroz: Marta había sido apuñalada hasta la muerte y su hija de quince meses estaba dormida junto al cuerpo sin vida de su madre. Una imagen que difícilmente olvidará.
La joven madre llevaba poco tiempo viviendo en el número 3 de la calle Astillero, en el distrito madrileño de Villaverde. Apenas mes y medio. Allí había alquilado una habitación para ella y su bebé, y compartía el piso con otra familia con tres hijos. Una de esas niñas fue quien encontró el cuerpo sin vida de la víctima.
Había denunciado a su asesino
La niña de 12 años llamó a su madre y esta a Emergencias. Hasta el lugar se desplazaron los sanitarios, que no pudieron hacer nada por Marta.
Tampoco pudieron hacerlo las instituciones a las que ella acudió cuando comprendió que no podía manejar la violencia de su expareja, un hombre de 30 años y padre del bebé que presenció todo.
Marta denunció a su asesino, un paso tan valiente como poco frecuente: solo el 21,7 % de las víctimas se atreve a hacerlo. Relató los episodios de maltrato y respondió al cuestionario VioGén en comisaría, pero el algoritmo —y los agentes que pueden ajustar su valoración— fallaron en el diagnóstico. Y no una sola vez. La primera, al calificar su caso con un nivel de riesgo bajo. Un resultado difícil de entender, teniendo a su cargo un bebé tan pequeño.
Nivel de riesgo bajo
Ese nivel de riesgo no se modificó ni siquiera cuando el agresor quebrantó la orden de alejamiento hasta en cuatro ocasiones, una señal inequívoca de que la violencia estaba escalando. A pesar de ello, Marta siguió figurando como víctima de riesgo bajo en el sistema VioGén.
No solo falló la policía. Los juzgados tampoco consideraron que un hombre de 30 años que acosaba a una joven de 21, desobedeciendo una y otra vez la orden judicial de alejamiento, representara una amenaza real para Marta y su hija.
Si constan esos quebrantamientos es porque fueron denunciados. Eso significa que, hasta en cuatro ocasiones, el asesino se plantó ante un juez y, pese a su evidente desafío a la justicia, seguía en libertad.
Cuatro quebrantamientos y en libertad
A pesar de la actitud peligrosa y desafiante del agresor, nadie intentó reforzar la medida de alejamiento con un plus de protección: una pulsera telemática conectada al sistema Cometa o una vigilancia más estrecha.
Al fin y al cabo, una orden de alejamiento no es más que un papel. Sin medidas adicionales, su cumplimiento depende únicamente de la voluntad del agresor.
El artículo 468 del Código Penal regula estos casos: “Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.”
Marta estaba sola
Sin embargo, el asesino estaba libre. Un hecho demasiado habitual. Pocos maltratadores entran en prisión tras romper este tipo de medidas de protección, lo que genera una sensación de impunidad entre los agresores al comprobar que sus acciones apenas tienen consecuencias.
El asesino fue detenido en Torrejón de Ardoz el lunes por la noche y está a la espera de pasar a disposición judicial.
Marta estaba sola. Sola con su bebé. Nadie entendió el peligro real que corría. Ni el algoritmo, ni los agentes, ni los juzgados. Ella hizo todo lo que el sistema repite sin cesar que deben hacer las mujeres víctimas de violencia: denunciar, pedir ayuda, acudir a los tribunales, protegerse.
Nada sirvió, porque nadie la protegió.
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