comité de crisis

Mujeres migrantes, rurales, dependientes económicamente y con problemas de salud mental

La ministra de Igualdad detalla qué indicadores de riesgo han detectado en el comité de crisis de los 17 asesinatos de 14 mujeres y tres niños en los meses de abril, mayo y junio

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios tras el comité de crisis

Este jueves se ha celebrado la reunión para analizar los últimos crímenes machistas. En total, 17 asesinatos por violencia de género: catorce mujeres y dos niñas y un niño en los meses de abril, mayo y junio. Del examen de los casos, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha desglosado algunos de los indicadores de riesgo que han detectado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el comité de crisis
EFE/ J.P. Gandul

Dependencia económica

En palabras de la ministra se trata de “vulnerabilidades que se superponen”. En primer lugar, ha apuntado a la dependencia económica de algunas de las víctimas que han podido evitar la denuncia o la ruptura de la relación por problemas de supervivencia económica. Un factor importante a la hora de decidir separarse.

Dependencia sustancias tóxicas

Redondo, sin llegar a especificar el número de las catorce mujeres asesinadas que lo sufrían,  ha reconocido que varias de ellas presentaban algún tipo de problema de adicción a sustancias tóxicas, como el alcoholismo.

Problemas de salud mental

La salud mental de estas mujeres estaba deteriorada en varios casos, según explicaba la ministra de Igualdad. Es bastante frecuente que las víctimas acusen el maltrato en su salud emocional y si sufrían algún tipo de trastorno previo, tiene sentido que hayan empeorada dejándolas en una situación todavía más desfavorable y complicada.

Mujer rural

Uno de los principales indicadores de riesgo. En municipios y localidades pequeñas los servicios de atención a las mujeres son más escasos, las propias comisarías o cuarteles de la Guardia Civil no siempre atienden las 24 horas, el aislamiento que supone vivir en un lugar alejado, sin medio de transporte y en lugares donde la violencia de género está más aceptada complica también el pedir ayuda, denunciar y salir del ciclo de la violencia.

Víctimas extranjeras

Las mujeres migrantes se enfrentan, del mismo modo, a una vulnerabilidad añadida al vivir en muchos casos sin red de apoyo que las pueda sostener, sin protección. Además, muchas de ellas no conocen la legislación española, ni sus derechos y puede que no se terminen de fiar de las fuerzas de seguridad por experiencias que hayan tenido en su país o porque teman que su situación irregular les vaya a traer problemas.

“Estos datos de múltiples vulnerabilidades están prácticamente en la inmensa mayoría de los casos analizados”, aseguró Redondo, quien volvió a señalar que “estos próximos meses van a ser especialmente difíciles, porque quiero alertar a la población en general de que se aproximan los meses más difíciles, los meses de verano, donde sabemos se producen el 30 por ciento de los asesinatos por violencia de género. Por lo tanto, alertar a las mujeres que están sufriendo violencia de género, que están detectando situaciones de violencia que denuncien. Es importante que denuncien”, insistía.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en el comité de crisis
EFE/ J.P. Gandul

“Es un bulo que los agresores en su mayoría son migrantes”

Asimismo, ha revelado también algunos datos como que el 71 por ciento de los asesinos machistas de los 17 casos de violencia de género registrados en España en abril, mayo y junio de este año, eran españoles, frente a un 29 por ciento de extranjeros. Mientras, el 57 por ciento de las víctimas eran españolas y un 43 por ciento, extranjeras. “Es un bulo que los agresores en su mayoría son migrantes”, ha apuntado Redondo.

Agresores persistentes y víctimas resistentes

Además, ha explicado que en “muchos casos” los agresores eran “persistentes” y las víctimas “resistentes“, aunque no ha podido ofrecer porcentajes porque aún les quedaban casos por analizar. También ha indicado que solo en tres de los 17 casos existía denuncia previa y uno de esos tres era del ‘protocolo cero’, es decir, que no era una denuncia de la víctima o de su entorno sino de la propia policía.

“No se puede omitir el deber de socorro”

Además, ha detallado que en cuatro de los 17 casos el entorno lo sabía y en tres, en algún momento el entorno había llamado la atención de la policía, los servicios sociales o sanitarios. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la población en general y, en concreto, al entorno (familia, amigos y compañeros de trabajo) para que denuncien.