El Gobierno ha dado luz verde a una de las transformaciones más ambiciosas del sistema legal español en más de un siglo. La reforma judicial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, busca modernizar el modelo procesal y equiparar a España con los estándares europeos. La medida pretende que los fiscales, y no los jueces, sean quienes dirijan las investigaciones penales, un cambio histórico que alterará la estructura de la justicia tal y como la conocemos.
El Ejecutivo confía en conseguir los apoyos necesarios en el Parlamento para aprobar esta reforma judicial. Sin embargo, el respaldo de Junts —clave para la mayoría— se encuentra en el aire tras la ruptura anunciada por Puigdemont.
Qué cambia con la reforma judicial: los fiscales asumirán la instrucción
La principal novedad de la reforma judicial es que los fiscales pasarán a encargarse de la instrucción de las causas penales. En otras palabras, dirigirán las investigaciones judiciales, mientras que los jueces asumirán un papel de supervisión y garantía del proceso.
Esto supone una modificación profunda del sistema actual, en el que los jueces de instrucción investigan los delitos y los fiscales actúan como parte acusadora. Con la reforma judicial, se creará la figura del “juez de garantías”, que será el encargado de autorizar medidas cautelares, controlar los plazos y proteger los derechos de las partes implicadas.
Fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por La Vanguardia explican que el objetivo es “acercar el modelo español al de otros países de la Unión Europea”, donde las fiscalías ya desempeñan la función investigadora.
Un cambio histórico que no entrará en vigor hasta 2028
Pese al anuncio de su aprobación, la reforma judicial no entrará en vigor de inmediato. El Gobierno ha establecido un periodo de transición que se prolongará hasta 2028. Esto permitirá adaptar la estructura de la Fiscalía y formar a los profesionales del sistema judicial.
Esa fecha, además, coincide con el final del mandato del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Lo que el Ejecutivo considera una garantía de independencia. Desde el Gobierno insisten en que “la reforma judicial trasciende nombres y coyunturas políticas” y que su implantación será gradual para garantizar su efectividad.
Sin embargo, no todos comparten ese optimismo. Numerosas asociaciones judiciales y fiscales —especialmente las de corte conservador— han mostrado su rechazo al proyecto, considerando que “no es el momento adecuado” para entregar la instrucción a la Fiscalía cuando su independencia está siendo objeto de debate.
La independencia de la Fiscalía, en el centro del debate
El contexto actual añade presión a la reforma judicial. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, se encuentra a las puertas de un juicio por revelación de secretos. Eso ha reavivado el debate sobre la autonomía del Ministerio Público.
Las asociaciones críticas temen que este cambio refuerce la influencia política sobre la Fiscalía. “Otorgar la instrucción a los fiscales en un momento de cuestionamiento de su independencia es un error”, señalan fuentes del ámbito judicial en La Vanguardia.
A pesar de ello, el Gobierno defiende la reforma judicial como una medida necesaria y largamente esperada. Recuerdan que desde los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se ha intentado modernizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin éxito, y que esta vez “no se puede posponer más”.
Limitación de la acusación popular: un punto polémico
Otro de los pilares de la reforma judicial es la restricción del uso de la acusación popular. El texto prevé que solo podrá ejercerse en casos de delitos que tengan una “particular repercusión social” y siempre que exista un “vínculo legítimo” con el asunto en cuestión.
Esta medida busca evitar que los partidos políticos o asociaciones utilicen la justicia como arma de desgaste institucional. El Tribunal Supremo ya había advertido en varias sentencias de la necesidad de limitar la acusación popular para frenar su uso con fines políticos.
Sin embargo, los críticos de la reforma judicial subrayan que esta limitación podría tener un efecto contraproducente. En particular, en casos en los que la Fiscalía pida el archivo de causas sensibles. Recuerdan que investigaciones recientes, como las que afectan al fiscal general o a familiares del presidente del Gobierno, han prosperado precisamente gracias a la acusación popular.
Qué significa la reforma judicial para los ciudadanos
Para los ciudadanos, la reforma judicial implicará cambios en la forma en que se tramitan las investigaciones penales. Las causas se instruirán de manera más rápida y especializada, ya que los fiscales estarán dedicados exclusivamente a la investigación.
Además, se prevé que los procedimientos sean más ágiles y que los jueces puedan centrarse en garantizar los derechos procesales y resolver los casos con mayor imparcialidad.
No obstante, los expertos advierten que el éxito de la reforma judicial dependerá de su aplicación real. “Sin recursos, medios tecnológicos y formación adecuada, el cambio puede quedarse en papel mojado”, advierte un magistrado del Tribunal Superior en La Vanguardia. Solo el tiempo dirá si el cambio ha sido a mejor o a peor.