El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto entre órganos constitucionales promovido por el Senado frente al Gobierno en relación con el incumplimiento del deber constitucional de presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026, así como en relación con el uso que viene haciéndose de las prórrogas presupuestarias durante los mismos años, sin que sean aprobados nuevos presupuestos.
Es la primera vez que se plantea ante el Tribunal Constitucional el estudio de un conflicto entre órganos constitucionales por una omisión del Gobierno en la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos.
El Senado plantea que el citado incumplimiento podría ser contrario al artículo 1.3 de la Constitución, que establece que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria, y al precepto 66.2 de la Carta Magna, que atribuye a las Cortes Generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Cabe añadir en este caso que el conflicto entre ambos órganos opone a la Cámara Alta con la Cámara Baja al considerar la primera que la otra ha adoptado decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución.
La Cámara Alta también argumenta la posible vulneración del precepto 134 sobre los Presupuestos Generales del Estado, del artículo 99.2 y el 23 de la Carta Magna.
Vencimiento del tope para presentarlos
Precisamente este martes ha vencido el tope que marcó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que el Consejo de Ministros validara el anteproyecto de ley de los de 2026: “Enero o febrero”, “principios o mediados del primer trimestre”, decía Montero el pasado 18 de noviembre tras el cónclave ministerial que validó el techo de gasto.
En lugar de aprobar los Presupuestos, el Consejo de Ministros ha desclasificado los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F para “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”, según anunció el propio Pedro Sánchez este lunes en un tuit.
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