Tras el fracaso del proyecto de ley para la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas, Yolanda Díaz activó en septiembre de 2025 su Plan B: el nuevo registro horario digital por real decreto. Un proyecto duramente contestado, no solo por las patronales CEOE y Cepyme -además de PIMEC, afín a la titular de Trabajo-, sino dentro del propio Gobierno. Una nueva fractura entre el PSOE y su socio de coalición, Sumar.
El Ministerio de Economía emitió dos informes desfavorables y también expresó objeciones Óscar López desde el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Este sentir quedó, a su vez, reflejado en el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, que concluye que “no procede aprobar” dicho real decreto. Este informe no vinculante, emitido con fecha de 19 de marzo, es el último trámite previo a su aprobación final en el Consejo de Ministros.
Según explican fuentes de Trabajo, la vicepresidenta segunda está decidida a presentarlo “más pronto que tarde”, aunque de momento no trasladan una fecha cerrada. Con todo, aún en el mejor de los escenarios, es difícil que su aplicación efectiva sea una realidad antes de 2027.
Pendiente del Consejo de Ministros
Tras el dictamen del Consejo de Estado y consciente del frente judicial que se avecina, fuentes de Trabajo reconocen que modificarán el texto del real decreto antes de presentarlo al Consejo de Ministros para su aprobación. Se reforzará la justificación de que no se invaden competencias de la negociación colectiva y que se garantiza el cumplimiento de la protección de datos.
Trabajo tendrá que incorporar también la fórmula de “oído el Consejo de Estado” en la exposición de motivos, una vía que -según las mismas fuentes ministeriales- no debe suponer ninguna traba adicional en el seno del Consejo de Ministros ya que un total de 14 reales decretos en esta legislatura no han contado con dictamen favorable.
La incorporación en los índices y la programación del Consejo de Ministros depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Carlos Cuerpo ha sido crítico con el texto de Yolanda Díaz, especialmente por su impacto en las pequeñas y medianas empresas. Una preocupación ligada a una de sus responsabilidades como ministro de Empresa al frente de las “estrategias gubernamentales para fortalecer la actividad empresarial“.
Cuerpo pide un año de adaptación para las pymes
Tras su nombramiento como vicepresidente primero, Carlos Cuerpo defendió en una entrevista en la Cadena Ser que las pequeñas y medianas empresas tengan un año de adaptación al nuevo modelo de registro horario. Desde Trabajo -al menos según la postura mantenida tras conocer el dictamen del Consejo de Estado-, la ampliación del plazo no está de momento sobre la mesa. En su opinión, las pymes estarán bien acompañadas ya que se prevén medidas de apoyo, a través de bonificaciones y ayudas.
Según recoge la memoria normativa del proyecto de real decreto, el registro digital supone un coste de 867,81 millones para las pymes. Un dato calculado con la estimación de un coste de 55,4 euros al año por trabajador y considerando que el 94,07% de los 16.652.031 trabajadores asalariados están empleados en pymes.
Pese a las reticencias de Carlos Cuerpo, fuentes de Trabajo explican que Yolanda Díaz da por segura su aprobación. En este sentido, recuerdan que el registro horario forma parte del acuerdo de Gobierno con Sumar y que el presidente Pedro Sánchez ya zanjó en su momento la discusión, a raíz del intenso debate en el gabinete cuando se tramitó el proyecto de ley de la reducción de jornada, que incluía el nuevo registro horario digital.
A pesar de los intentos del Ministerio de Economia vamos a seguir adelante con el nuevo registro horario.
Hay 2,5 millones de horas extras no pagadas a la semana que tienen que empezar a pagarse. Somos un gobierno de izquierdas y protegemos a la gente trabajadora.
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 24 de marzo de 2026, 12:30
Los detalles del registro se aprobarán en una orden ministerial
Sin embargo, cuando el Consejo de Ministros apruebe el real decreto del registro horario digital su aplicación no será inmediata. Por una parte, el texto establece un periodo de entrada en vigor de 20 días tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
A su vez, la disposición final sexta del real decreto dilata en al menos seis meses más su exigencia, ya que vincula la regulación de elementos esenciales del nuevo registro horario a la publicación de una orden ministerial. Esta norma regulará aspectos como la trazabilidad, la confidencialidad, la anonimización y el acceso a los datos personales recopilados por el sistema.
El Ministerio de Trabajo ha iniciado ya la tramitación de esta orden por la que se establecen los requisitos técnicos y de seguridad del registro de jornada con su consulta pública previa, cuyo plazo de presentación de aportaciones terminó el 21 de marzo. Ahora, está pendiente de su publicación en audiencia e información pública, un procedimiento que tiene un plazo mínimo de respuesta de 15 días. Por lo que será muy difícil su publicación en el BOE antes de mayo y no entrará en vigor hasta transcurridos seis meses.
Aviso del Consejo de Estado: 2 de enero o 1 de julio
Por otra parte, el Consejo de Estado señaló a Trabajo que debía reconsiderar la entrada en vigor de la citada orden. Una consideración que si se obvia, al igual que las demás planteadas por la institución, debilita jurídicamente un texto que terminará en los tribunales.
“La previsión de entrada en vigor que contiene la disposición final sexta se ha de hacer una objeción, que afecta al cumplimiento de lo previsto en la Ley del Gobierno, que establece en su artículo 23 que, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2.1 del Código Civil, cuando las normas “impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación””, señala el Consejo de Estado.
La vicepresidenta segunda aseguró hace unos días que “aunque sea lo último que haga, el registro horario se va a hacer”. Pese a la carrera contrarreloj de la ministra de Trabajo, su aplicación efectiva difícilmente llegará a ser una realidad antes de 2027.