Para Yolanda Díaz, el registro horario digital siempre ha sido el pilar fundamental de la fallida reducción de jornada. De ahí, su empeño en aprobar lo antes posible el plan B: un nuevo registro horario digital, interoperable y accesible para la Inspección de Trabajo. Inició su tramitación a través de un real decreto por la vía de urgencia en septiembre de 2025 y es ahora cuando el proyecto acaba de obtener el dictamen del Consejo de Estado. Un informe preceptivo, pero no vinculante, desfavorable al proyecto promovido por el Ministerio de Trabajo, que según fuentes de este, copia los argumentos del Ministerio de Economía y de la CEOE.
Pese a este posicionamiento desfavorable del Consejo de Estado, fuentes del Ministerio de Trabajo confirman que seguirán adelante en la tramitación de la norma para su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. En este sentido, dan por seguro el respaldo del Gobierno a esta norma, a pesar de las reticencias del Ministerio de Economía, que lidera Carlos Cuerpo. Este emitió un informe crítico con el proyecto, como también lo hizo el departamento de Óscar López, al que corresponde la cartera de Transformación Digital. La patronal CEOE también se ha opuesto frontalmente a esta norma y ha anunciado que recurrirá.
Apoyo de Pedro Sánchez
Tras el informe del Consejo de Estado, el Ministerio de Trabajo realizará algunos cambios en el texto para blindarlo ante la batalla jurídica que se anticipa. De esta forma, su intención es llevarlo al Consejo en las próximas semanas y dan por segura su aprobación. En este contexto, Trabajo resta relevancia al recorrido previo del texto dentro del Ejecutivo. Minimiza, en concreto, el paso por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), órgano bajo la órbita de Economía, y apunta que, en caso de que el decreto tenga que someterse a este filtro, el impacto en los plazos sería limitado, a lo sumo, una semana más.
En este sentido, recuerdan que en el seno del Gobierno de coalición existe un consenso sobre el nuevo registro horario, por lo que se cumplirá con este cambio normativo. Subrayan que la posición inicial de resistencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cuando la medida formaba parte del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, quedó finalmente neutralizada tras la intervención directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Ajustes en la norma
El Ministerio introducirá ajustes que no afectarán al núcleo del proyecto. Según explican fuentes del Departamento, la prioridad es reforzar la seguridad jurídica del texto, especialmente en materia de protección de datos. En este sentido, se incorporará un mayor énfasis en que el tratamiento de la información derivada del registro horario debe ser plenamente respetuoso con la normativa vigente.
También se clarificará el papel de la negociación colectiva, que podrá intervenir en la adaptación de las obligaciones de registro a las particularidades de cada sector o actividad. Se trata, según Trabajo, de introducir flexibilidad en la aplicación sin alterar el objetivo final de la norma. Donde no habrá cambios es en el tratamiento diferenciado para las pequeñas y medianas empresas. El departamento de Díaz descarta introducir un régimen más laxo para las pymes, como planteaba Economía. En este sentido, aluden a que el texto contempla mecanismos de acompañamiento para facilitar la implantación del sistema en este tipo de compañías.
Oposición de CEOE
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) expresó su satisfacción por el dictamen desfavorable del Consejo de Estado al proyecto de Real Decreto de reforma del registro horario, al recoger en él muchas de sus alegaciones, entre ellas el aumento de costes que supondría su puesta en marcha, que cifra en más de 867 millones de euros. Fuentes de la patronal consultadas por Europa Press consideran que el Ministerio que dirige Yolanda Díaz debe respetar el dictamen negativo del Consejo de Estado, en el que se contemplan “de manera muy amplia y, en algunos casos de forma literal”, la mayoría de las alegaciones que presentaron CEOE y Cepyme a este proyecto.
En concreto, las fuentes consultadas recuerdan que alegaron al proyecto nulidad por vulneración de la reserva de ley y el derecho a la protección de datos. “En ambos casos, entendemos que el proyecto de Real Decreto incumple el principio de jerarquía normativa y que lo que pretende no se puede hacer a través de un reglamento”, apuntan. Asimismo, y tal como recoge el dictamen del Consejo de Estado, la norma propuesta “impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria”.
Seis meses para la entrada en vigor
De esta forma, el Departamento que lidera Yolanda Díaz sigue fiel al diseño de la norma en su arquitectura inicial. Una vez entre en vigor, las empresas dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos técnicos del registro horario. El Ministerio de Trabajo se aferra a su hoja de ruta y confía en cerrar en las próximas semanas una reforma clave para reforzar el control efectivo de la jornada laboral con dos pilares: su digitalización para garantizar su cumplimiento y el acceso en tiempo real para la Inspección de Trabajo.