Diez meses de las denuncias contra la juez: el CGPJ analiza elementos nuevos

Desde mayo estudia dos quejas, unas de las cuales se ha ampliado. Y la juez, que pide imputar a Mazón, ha solicitado amparo en dos ocasiones

La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.
EFE

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva 10 meses estudiando las dos quejas que los investigados en la causa de la DANA, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso, han planteado contra la juez, Nuria Ruiz Tobarra, y que ya recogen la presencia irregular de su marido en interrogatorios, de la que hay grabaciones, sin que el órgano de gobierno de los jueces se haya pronunciado hasta ahora.

La intervención del también juez Jorge Martínez en la toma de declaraciones era conocida en la causa, pero la publicación de audios en las últimas semanas por OkDiario la ha puesto en el foco, junto a la querella que ha presentado el abogado Rubén Gisbert, que representa a la familia de siete víctimas mortales, contra Ruiz Tobarra y su marido. La querella pide “apartar a los magistrados de la carrera judicial” de manera cautelar, además de la nulidad total de la causa.

Ante el CGPJ hay nuevos elementos. El propio Argüeso ha ampliado su queja, y la juez ha presentado dos peticiones de amparo. En diciembre, después de que Colegio de Abogados de Valencia defendiera a una de sus colegiadas, Pilas Esquinas, expulsada de la causa por Ruiz Tobarra, y al abogado José María Bueno, letrado de Argüeso, a quien la magistrada ha reprochado que ejerza la defensa de éste a la vez que la organización para la que trabaja, Manos Limpias, pretendiese personarse como acusación popular.

Y el pasado febrero, por una publicación en X del diputado del Partido Popular Rafael Hernando en la que le acusa de “prevaricación palmaria” por “desacreditar” un informe de la Guardia Civil “porque incrimina al Gobierno de Pedro Sánchez”.

Sin límite de tiempo

Las quejas están en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces trasladan que aún no ha resuelto nada y que la ley no fija ningún plazo para las diligencias informativas, en la que se debe establecer si hay o no indicios para incoar expediente disciplinario (que sí tienen plazo establecido para su resolución: un año).

La duración de las diligencias informativas varía en función de las actuaciones que se acuerden en las mismas, de si aparecen elementos nuevos, etc., insisten.

La imputación de Mazón

Aunque Carlos Mazón no está imputado, la polémica instrucción de la juez de Catarroja se ha focalizado en exclusiva en la gestión de su Gobierno y en él mismo. De hecho, ha elevado el pasado 24 de febrero una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en la que pide que se le impute, para lo que se apoya en un controvertido “nexo causal” entre la actuación de Mazón el día de autos y la muerte de 230 personas.

La competencia para investigar a Mazón, que no formaba parte del operativo de emergencias del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de president de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts.

Con todo, la juez pide al TSJ investigarle por “inactividad negligente” durante las riadas y sostiene que “desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante”. Una “presunta grosera negligencia con un grave resultado mortal”, sostiene en un auto de 109 páginas, que recalca que “no tiene su fundamento en el análisis desde un punto de vista moral o político de la conducta del aforado”.

Querella y posible causa de inhibición

Este movimiento por parte de la juez ha sorprendido y se ha ligado a la querella que ha presentado Gisbert contra Ruiz Tobarra y su marido, el también juez Jorge Martínez. La querella pide “apartar a los magistrados de la carrera judicial” de manera cautelar, además de la nulidad total de la causa.

Artículo14 desvela este lunes que la hermana de la juez, Pilar Ruiz Tobarra, fue despedida por Mazón del PP cuando llegó a la Presidencia del partido regional, un hecho que podría ser causa de inhibición por conflicto de interés, parcialidad o vínculos con las partes (enemistad, parentesco, etc.).

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