La Comisión Europea ha sido siempre muy clara respecto a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Si es necesario, usará sus poderes como guardián de los Tratados para eliminar restricciones injustificadas al mercado único. Y hay una mujer que está liderando los servicios financieros desde Bruselas, la comisaria María Luís Alburquerque, encargada de la salvaguarda de la estabilidad financiera. Ella es la máxima responsable en la supervisión de la OPA y el papel del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha impuesto unas condiciones muy duras que impiden, en la práctica, que esa fusión se produzca al menos en los próximos tres años prorrogables otros dos. Y el departamento de Alburquerque ya ha anunciado que piensa abrir un expediente contra España por los obstáculos adicionales que ha puesto el Ejecutivo en esta operación porque considera que vulnera la libre circulación de capitales.
Ya hace un mes, Bruselas dijo que no veía razones para el bloqueo de la OPA después de las condiciones por cuestiones de competencia que interpuso la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Un asunto que podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la mano de la comisaria. Licenciada en economía por la Universidad Lusíada de Lisboa, María Luisa Alburquerque fue secretaria de Estado del Tesoro en Portugal durante dos años y ministra de Finanzas bajo el primer gobierno de Pedro Passos Coelho.
Al frente de esta cartera, lideró un histórico programa de austeridad para estabilizar las cuentas del país tras la crisis europea y el rescate de 2011. En el sector privado, ha sido directora independiente en Morgan Stanley Europe y desde noviembre de 2024, comisaria de Servicios Financieros y Unión del Ahorro e Inversiones de la Comisión Europea. Entre sus misiones: impulsar el acceso al ahorro, financiación sostenible, luchar contra el blanqueo, reforzar la estabilidad financiera y desarrollar la regulación del sector. De ahí su papel en la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell que también podría tener una repercusión para los accionistas.
Welcome Maria Luís Albuquerque!
The EU’s new Commissioner for Financial Services and the Savings & Investments Union has officially taken office. We took a walk with her to hear about her vision and priorities for Europeans. What does she want to achieve during her term?
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La intervención de Bruselas añade un factor de riesgo jurídico y político que puede desencadenar la cautela de los inversores. Si la OPA es vista como legalmente frágil, algunos accionistas pueden vender y provocar una presión bajista en el mercado. También el BBVA puede verse penalizado si el proceso se judicializa porque aumenta el coste regulatorio y reputacional. Y en el caso del Sabadell, podría perder prima si la OPA cae o recuperar valor si sigue adelante. La posible intervención de Bruselas hace incierto el final de la operación y podría afectar a los tiempos. Según Antonio Castelo, analista de iBroker, “es evidente que sí. Un proceso de apertura de diligencias por parte de la Comisión Europea o una tensión prolongada con las autoridades europeas podría afectar significativamente los tiempos de la operación, y es una fuente de incertidumbre adicional.
La existencia de un expediente o la presión de Bruselas obligaría al Gobierno a justificar sus acciones de forma exhaustiva. Esto podría generar más burocracia, consultas legales, intercambios de información y, en definitiva, retrasos en la toma de decisiones finales sobre la operación.
La OPA, tal y como se ha ido planteando, ya genera incertidumbre, comenzando por los retrasos en las etapas previas. Si a esto se le suma la incertidumbre sobre la postura final del Gobierno y una posible intervención europea, el cronograma se complica”, explica. Y podría tener efecto en la cotización de los dos bancos. “La injerencia gubernamental y la amenaza de un proceso de infracción de la UE introducen un factor de riesgo político muy relevante que afecta a las cotizaciones. La incertidumbre sobre el resultado final de la OPA aumenta la volatilidad de las acciones de BBVA y Sabadell. Los inversores reaccionan a cada titular, cada declaración política o cada rumor sobre la postura de Bruselas.
El mercado tiende a aplicar un descuento a las acciones cuando existe un riesgo político o regulatorio elevado. Esto significa que los inversores podrían exigir una mayor prima de riesgo para mantener las acciones de ambos bancos, lo que se traduciría en una presión a la baja sobre sus precios o, al menos, limitaría su potencial alcista”. Y los plazos podrían volverse a dilatar indefinidamente.