El enfrentamiento con Trump no pasa factura a los despachos ‘rebeldes’ en 2025

Los bufetes que decidieron luchar contra las órdenes ejecutivas que la Casa Blanca les lanzó se anotan crecimientos en sus resultados de 2025

Lindsay Harrison, socia directora de Jenner & Block en Washington, DC, y Kalpana Srinivasan, socia directora de Susman Godfrey.
Kiloycuarto

Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block y Susman Godfrey, los bufetes que decidieron luchar contra las órdenes ejecutivas que Donald Trump les lanzó, no parecen haber sufrido efectos relevantes en sus resultados de 2025. Estos despachos, que impugnaron las órdenes y a los que los jueces han dado la razón, han pasado un año lleno de turbulencias, en el que el apoyo de muchos clientes y buena parte de la comunidad jurídica se ha visto confrontado con las dudas o la salida de otros. Otras firmas prefirieron negociar y llegaron a acuerdos.

Los crecimientos que han experimentado se están conociendo justo cuando la Casa Blanca había anunciado que retiraba las órdenes contra ellos, para reactivarlas 24 horas después.

Crecimientos en un año turbulento

Perkins Coie se convirtió en un referente para muchos miembros de la comunidad jurídica cuando presentó la primera demanda para impugnar la orden ejecutiva del presidente. A pesar del año inusualmente caótico y la salida de algunos socios, los ingresos brutos de Perkins Coie aumentaron un 2% interanual en 2025, hasta alcanzar aproximadamente los 1.284 millones de dólares.

La firma sigue adelante con su fusión prevista con Ashurst este verano, mientras continúa su lucha contra la Administración Trump por la apelación de una orden ejecutiva.

Jenner & Block registró otro año de crecimiento de dos dígitos en 2025, aumentando sus ingresos en casi un 15% hasta alcanzar los 783,5 millones de dólares. Mientras tanto, el beneficio medio por socio con participación en el capital aumentó aproximadamente un 18% hasta los 3,35 millones de dólares, en medio de un descenso del 4% en el número de socios con participación en el capital de la firma.

Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr logró aumentar sus ingresos brutos en un 0,6%, hasta alcanzar los 1.610 millones de dólares en 2025, a pesar de la batalla legal que mantuvo.

A la espera de conocer los resultados de Susman Godfrey, el despacho especializado en litigios y originario de Texas ha informado de que las tarifas horarias de dos de sus socios más destacados, Neal Manne y Bill Carmody, han alcanzado los 4.000 dólares por hora para 2026, superando las ya exorbitantes tarifas cobradas por los abogados más caros el año pasado.

Apoyo del sector legal

Cientos de bufetes de abogados, socios, líderes jurídicos corporativos y estudiantes de Derecho estadounidenses instan a un tribunal de apelaciones de EEUU a no reactivar las órdenes ejecutivas del presidente dirigidas contra cuatro importantes bufetes, argumentando que una victoria de Trump socavaría la independencia de la profesión legal.

Más de 800 bufetes presentaron el pasado 3 de abril un escrito de amicus curiae (amicus curiae) ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia en apoyo de Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block y Susman Godfrey, informa Reuters.

El tribunal examinará la apelación del Gobierno el próximo mes, después de que los jueces anularan las órdenes ejecutivas contra los cuatro bufetes el año pasado, al considerar que las directivas de Trump violaban las protecciones a la libertad de expresión y al debido proceso consagradas en la Constitución de EEUU.

Trump retoma las acciones legales al día siguiente de retirarlas

El pasado 3 de marzo, la Casa Blanca reactivó las órdenes ejecutivas contra cuatro grandes despachos 24 horas después de anunciar que las iba a retirar. El 6 de marzo, el Departamento de Justicia solicitó al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia que anulara los fallos de jueces federales que invalidaba las órdenes ejecutivas que el presidente Trump lanzó hace un año.

La Administración tenía como plazo ese viernes para presentar sus documentos judiciales iniciales en las apelaciones. La Casa Blanca no ha explicado por qué ha cambiado el rumbo. La CNN ha informado de que “la decisión se tomó después de que el anuncio sobre la desestimación de los casos contra las empresas provocara la ira de Trump y su principal asesor, Stephen Miller“, citando una fuente anónima.

Vínculos con los demócratas y diversidad

Algunas de las firmas fueron señaladas porque algunos de sus abogados presentes o pasados habían trabajado para Hillary Clinton, Kamala Harris o el Partido Demócrata o habían formado parte de equipos fiscales que investigaron a Trump, por ejemplo, el del fiscal especial Robert Mueller que siguió la intromisión rusa en las elecciones de 2016. Las órdenes también alegaban que los programas de diversidad de las firmas establecían cuotas ilegales y eran una forma de discriminación.

WilmerHale y Jenner & Block estuvieron vinculados a Mueller. En su informe de 2019, Mueller, exdirector del FBI, concluyó que no había pruebas suficientes de que estadounidenses hubieran participado en una conspiración delictiva, pero señaló las presiones indebidas ejercidas por el presidente sobre su investigación.

Paul, Weiss fue señalada porque un exabogado de la compañía, Mark Pomerantz, fue parte central de una investigación que emprendió la Fiscalía del distrito de Manhattan en torno a las finanzas de Trump antes de que asumiera la Presidencia.

Perkins Coie representó a la campaña presidencial de Hillary Clinton y participó en la preparación de documentos relacionados con los vínculos del republicano con Rusia.

Las órdenes ejecutivas de Trump buscaban restringir el acceso a edificios y a funcionarios federales a los abogados de estos despachos, lo que puede suponer el 40% de la actividad de algunos bufetes en Washington, que contratistas con el Gobierno revelaran si les habían contratado y poner fin a estos contratos.

Los jueces determinaron que Trump violó la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de EEUU sobre la libertad de expresión y el derecho a un proceso justo y bloquearon las órdenes.

“El Gobierno ha capitulado, lo cual es un final apropiado para su ataque claramente inconstitucional contra Susman Godfrey y el Estado de Derecho”, había dicho, antes del giro, este despacho en un comunicado.

WilmerHale afirmó: “No estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno de apelar este consenso judicial, y seguiremos defendiendo con orgullo a nuestros clientes y a nuestra firma”.

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