La Casa Blanca ha reactivado las órdenes ejecutivas contra cuatro grandes despachos 24 horas después de anunciar que las iba a retirar. Así empezó la semana pasada en Washington, y terminó el viernes con el Departamento de Justicia solicitando al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia que anulara los fallos de jueces federales que invalidaba las órdenes ejecutivas que el presidente Trump lanzó hace un año.
La Administración tenía como plazo el viernes para presentar sus documentos judiciales iniciales en las apelaciones. La Casa Blanca no ha explicado por qué ha cambiado el rumbo. La CNN ha informado de que “la decisión se tomó después de que el anuncio sobre la desestimación de los casos contra las empresas provocara la ira de Trump y su principal asesor, Stephen Miller“, citando una fuente anónima.
“Los tribunales no pueden decirle al presidente qué decir. Los tribunales no pueden decirle al presidente qué no decir”, sostuvieron los abogados del Gobierno el viernes. “No pueden decirle al presidente cómo gestionar las autorizaciones de seguridad nacional. Y no pueden interferir con las directivas presidenciales que instruyen a las agencias a investigar la discriminación racial que viola las leyes federales de derechos civiles”.
Los bufetes señalados
En el punto de mira, Perkins Coie, WilmerHale, Jenner & Block y Susman Godfrey, los bufetes que decidieron luchar contra Trump e impugnaron las órdenes, a los que los jueces han dado la razón. Otras firmas prefirieron negociar y llegaron a acuerdos.
Otros nueve bufetes de abogados destacados, incluidos Paul Weiss, Skadden Arps, Latham & Watkins y Kirkland & Ellis, pactaron con Trump el año pasado rescindir o evitar acciones similares en su contra, y se comprometieron a aportar casi 1.000 millones de dólares en total de trabajo legal gratuito para causas del agrado del presidente.
“Iba a destruir nuestro despacho”, explicó entonces a sus abogados Brad Karp, Chairman de Paul, Weiss, recientemente dimitido por su relación con Epstein, tras aceptar brindar 40 millones de dólares en servicios legales gratuitos para impulsar la agenda del Gobierno federal, no tomar en cuenta elementos de diversidad, igualdad e inclusión en sus prácticas de contratación, y asumir clientes sin importar su afiliación política.
Ha habido otros despachos señalados, algunos, con presencia en España: Hogan Lovells, A&O Shearman, White & Case, Freshfields, Sidley Austin, Goodwin Procter, Debevoise & Plimpton, Morgan, Lewis & Bockius, Simpson Thacher & Bartlett, McDermott Will & Emery, Ropes & Gray, Milbank, Morrison & Foerster, Rifkind, Garrison & Wharton y Reed Smith.
Asesores de los Demócratas e investigadores contra Trump
Algunas de las firmas fueron señaladas porque algunos de sus abogados presentes o pasados habían trabajado para Hillary Clinton, Kamala Harris o el Partido Demócrata o habían formado parte de equipos fiscales que investigaron a Trump, por ejemplo, el del fiscal especial Robert Mueller que siguió la intromisión rusa en las elecciones de 2016. Las órdenes también alegaban que los programas de diversidad de las firmas establecían cuotas ilegales y eran una forma de discriminación.
WilmerHale y Jenner & Block estuvieron vinculados a Mueller. En su informe de 2019, Mueller, exdirector del FBI, concluyó que no había pruebas suficientes de que estadounidenses hubieran participado en una conspiración delictiva, pero señaló las presiones indebidas ejercidas por el presidente sobre su investigación.
Paul, Weiss fue señalada porque un exabogado de la compañía, Mark Pomerantz, fue parte central de una investigación que emprendió la Fiscalía del distrito de Manhattan en torno a las finanzas de Trump antes de que asumiera la Presidencia.
Perkins Coie representó a la campaña presidencial de Hillary Clinton y participó en la preparación de documentos relacionados con los vínculos del republicano con Rusia.
Restringir el acceso a edificios y funcionarios federales
Las órdenes ejecutivas de Trump buscaban restringir el acceso a edificios y a funcionarios federales a los abogados de estos despachos, lo que puede suponer el 40% de la actividad de algunos bufetes en Washington, que contratistas con el Gobierno revelaran si les habían contratado y poner fin a estos contratos.
Los jueces determinaron que Trump violó la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución de EEUU sobre la libertad de expresión y el derecho a un proceso justo y bloquearon las órdenes.
“El Gobierno ha capitulado, lo cual es un final apropiado para su ataque claramente inconstitucional contra Susman Godfrey y el Estado de Derecho”, había dicho, antes del giro, este despacho en un comunicado.
WilmerHale, en un comunicado emitido el viernes, afirmó: “No estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno de apelar este consenso judicial, y seguiremos defendiendo con orgullo a nuestros clientes y a nuestra firma”.