La presidenta electa de la Junta de Extremadura, María Guardiola, jurará este viernes su cargo en el Anfiteatro Romano de Mérida, en un acto que marcará el inicio de la XII Legislatura y pondrá fin a casi cuatro meses de bloqueo político en la región.
La ceremonia comenzará a las 19:30 horas y contará con la presencia de autoridades y representantes institucionales. Será la primera vez que este enclave histórico acoge una toma de posesión, en una escenificación cargada de simbolismo tras meses de negociación y tensiones políticas.
El acuerdo con Vox
Guardiola llega a la jura tras cerrar un acuerdo con Vox que ha permitido su investidura y desbloquear la situación política en Extremadura. El pacto supone la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Ejecutivo autonómico, donde asumirá la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, además de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.
Tras la toma de posesión, el siguiente paso será la configuración del nuevo gobierno, cuya estructura se aprobará previsiblemente este fin de semana, mientras que los nombres de los consejeros se conocerán en los próximos días.
La polémica por la prioridad nacional
El acuerdo entre PP y Vox ha estado marcado por la controversia en torno al concepto de “prioridad nacional”, incluido en el texto para el acceso a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales. Una medida que ha generado fricciones entre ambos socios y críticas desde la oposición.
Mientras Vox defiende que esta política debe aplicarse de forma clara para priorizar a los ciudadanos españoles, en el PP admiten dificultades para su desarrollo completo, al tratarse de competencias en muchos casos estatales y condicionadas por la legislación vigente, como la ley de extranjería.
La tensión se ha trasladado también al Congreso de los Diputados, donde Vox impulsó una moción para extender esta “prioridad nacional” al conjunto del país. La iniciativa, sin carácter vinculante, fue rechazada por el resto de grupos tras el desacuerdo con el PP, que presentó una enmienda para adaptar el texto a lo pactado en Extremadura.
Desde el PSOE y sus socios, la medida ha sido duramente criticada por considerar que introduce criterios discriminatorios, mientras que los populares defienden que se trata de una cuestión de “sentido común” dentro del marco legal.