El Gobierno asume que no podrá hacer nada por los inquilinos si el decreto de vivienda decae

El Gobierno empieza a tener dificultades para encontrar adjetivos que ilustren cuán compleja es la votación del real decreto ley con medidas sobre vivienda que deberán afrontar en solo una semana. Transcurrido un mes desde que el socio minoritario de la coalición, Sumar, forzó al PSOE a aprobar esta norma -hoy en vigor- en Consejo de Ministros, el próximo martes van camino de requerir un milagro para que el decreto sobreviva a la votación de convalidación.

Aunque en público son más optimistas, en privado distintas fuentes de ambos partidos de la coalición reconocen que no hay visos de que logren desbloquear la situación. Aún se resisten a firmar su certificado de defunción, pero casi han abandonado toda esperanza. En el caso de que la norma decaiga, hay distintas interpretaciones jurídicas sobre qué ocurrirá a los inquilinos que hayan solicitado las prórrogas de sus contratos cuando el decreto estaba en vigor.

El  lunes, en una entrevista en la Cadena Ser, la ministra de Trabajo, Isabel Rodríguez, reconoció que la decisión final quedará en manos de la Justicia, si las diferencias entre inquilinos y caseros acaban en los tribunales. Y  les reclamó que favorezcan al eslabón más débil de la cadena con sus decisiones. “Esperaría que los tribunales se posicionaran siempre del lado de la prevalencia del derecho a la vivienda frente a cualquier otro interés”, espetó.

Fuera de cámara, fuentes del ala socialista del Gobierno asumen que tendrán que aceptar lo que interpreten los tribunales, porque no ven más “margen” para ayudar a los inquilinos. “Son acuerdos entre particulares”, afirman sobre los contratos. Si el texto fracasa en la votación de convalidación, creen que ya no tendrán más cartas que jugar.

En Sumar, de momento, no quieren avanzar hasta este escenario. Algunas voces en su dirección sostienen que aún hay “agua”, aunque sea escasa, en la piscina de Junts per Catalunya, socio de investidura de Pedro Sánchez que ya ha asegurado que no avalará esta norma. Y apuntan a que, de producirse estos litigios entre inquilinos y caseros, los tribunales deberán considerar que los efectos de las peticiones de prórroga con la norma en vigor deberán respetarse.

Ante el impacto económico de la guerra de EEUU e Israel en Irán, el socio minoritario de la coalición consiguió aprobar hace un mes una decreto ley que obliga a prorrogar los contratos de alquiler de vivienda que iban a caducar entre 2026 y 2027. Y topa en un 2% lo máximo que pueden subir los precios de estos alquileres. La prórroga beneficia a un millón de contratos -casi tres millones de personas-, siempre según sus cifras.

El PSOE replica a Sumar: están más centrados en que el decreto “salga” que en escenificarlo

En la coalición de Yolanda Díaz acusan a sus socios de no remar a favor de obra. Disparan especialmente contra la ministra de Rodríguez, una de sus bestias negras. Fuentes del socio mayoritario en el Gobierno no aclaran si Sumar ha requerido a Rodríguez la realización de tareas concretas para intentar impulsar esta norma.

“No se la ha visto, no se la ve y no se la espera”, afirman, sobre la ministra de Vivienda. “Da la sensación” de que el PSOE “está usando a Junts para que le haga el trabajo sucio”, afirma una dirigente de la coalición de la vicepresidenta segunda.

Y desde el PSOE sostienen que están más centrados en lograr que el decreto “salga”, que en “convencer” de que trabajan para que supere la votación del próximo martes. Es un dardo directo a la escenificación de Díaz. Tanto ella como los ministros de Sumar celebraron haber arrancado este decreto al PSOE anunciando un enorme esfuerzo negociador que no ha aportado frutos un mes después. También prometieron movilizaciones en las calles que, a día de hoy, ni siquiera han convocado.

Los distintos portavoces de este espacio repiten sus llamadas a los inquilinos para que soliciten a través de un burofax a sus caseros la prórroga de sus respectivos contratos. Y difunden encuestas como la realizada desde su delegación en el Europarlamento, que les sirven para vender que su propuesta goza de un respaldo social mayoritario. Este último sondeo, en concreto, plantea que tres de cada cuatro españoles apoyan el decreto. 

La vivienda, que según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos, es la materia en la que Sumar discrepa con mayor virulencia con el socio mayoritario de la coalición, al que afea su “inacción” o “pasividad” con frecuencia. Con la regulación de los alquileres de temporada en el limbo parlamentario, y el decreto de prórroga de alquileres al borde del precipicio, las alarmas suenan cada vez más fuerte en los cuarteles generales de los partidos de Sumar.

Frente a esta alerta, Rodríguez presumió el martes de la aprobación en Consejo de Ministros de su plan estatal de vivienda, que prevé destinar a esta materia 7000 millones de euros entre 2026 y 2030. En el Ministerio prevén que las CCAA gobernadas por el Partido Popular acabarán asumiendo este plan, pero no ponen la mano en el fuego. Por eso reclamaron un informe no preceptivo al Consejo de Estado, para intentar garantizar la solidez jurídica de su apuesta.

El presagio: la victoria de la ley de vivienda del PP, de la mano de Junts

Ni los ataques de Díaz a Junts la pasada semana, ni las conclusiones de la primera jornada de pleno de esta misma semana favorecen el optimismo. El martes, la Cámara Baja admitió a trámite la proposición de ley de vivienda del PP, absolutamente alejada de las prioridades del Ejecutivo. Entre otros aspectos, plantea permitir a bancos y fondos de inversión recurrir a juicios rápidos para desalojar ‘okupas’.

Que superara el primer filtro de tramitación parlamentaria fue  posible gracias a los votos del Partido Popular, Vox, Junts y UPN (178 a favor), con la abstención del PNV y Coalición Canaria. Es una norma que los conservadores ya aprobaron en el Senado, donde tienen mayoría absoluta.

Y que apuesta por derogar algunos puntos de la ley de vivienda del Gobierno. Entre ellos, la posibilidad de declarar zonas tensionadas por los elevados precios del alquiler; o el índice de precios de referencia de los alquileres. Supone ir en dirección contraria a los postulados de la coalición PSOE-Sumar. Y Junts le ha dado su apoyo, a sólo una semana de que se vote el decreto ley de alquileres que ya amenazan con tumbar.