Primero fue Junts, que confirmó que tumbaría el real decreto ley sobre vivienda. Después llegó el anuncio de la abstención del PNV. Entre medias, PSOE y Sumar hicieron algún intento por disimular sus tensiones, o por no explicitarlas en público, mientras en privado se señalaban mutuamente por la caída del decreto de este martes.
Por si había dudas, ni un solo ministro con carnet socialista se dejó ver en la bancada azul durante el debate de la norma que sus socios les forzaron a aprobar, dejando que los ministros de Sumar asistieran en solitario a la crónica de una muerte anunciada. El grupo socialista, como el del PP, escogió a un portavoz fuera del grupo de los primeros espadas. Y el Ministerio de Vivienda tardó escasos minutos en deslizar, tras la derrota parlamentaria, que retomará algunas de las recetas que sí son de su cosecha.
El Gobierno en su conjunto se anotó este martes la que ya es la cuarta derrota de un real decreto ley en lo que va de año, teniendo en cuenta que enero es inhábil -se celebró un único pleno-, y que la actividad parlamentaria se ha visto ralentizada por dos campañas electorales y la Semana Santa.
Horas antes de que el Congreso tumbase el real decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler de vivienda que expiran en 2026 y 2027, en La Moncloa apenas garantizaba que pensarían en un “plan b” si finalmente se confirmaba la derrota. Nadie concretó si este “plan b” incluiría de nuevo la prórroga que ya han aprobado en nueve ocasiones antes, que Sumar intenta recuperar desde octubre. Oficialmente, el discurso pasaba por desplazar los focos sobre los grupos que votarían en contra de la norma.
Lejos de cámaras y micrófonos, sin embargo, fuentes del ala socialista del Ejecutivo destacaban la responsabilidad de Yolanda Díaz, que impuso el decreto hace un mes y diez días en Consejo de Ministros. A ella le atribuyeron en exclusiva la culpa por este nuevo varapalo. “Aquí el problema lo montó quien ya sabes”, apuntaban. Ni este nuevo golpe, ni el portazo del PNV, ni la imposibilidad de aprobar Presupuestos, sin embargo, amenazan hoy la continuidad de la legislatura.
“No veo al presidente convocando [elecciones] por perder una votación que se daba por descontada”, despejaron desde el Ejecutivo. Aunque la medida fue aprobada en Consejo de Ministros, y sobre el papel la respaldaba todo el Gobierno, en la dirección del PSOE llevaban tiempo señalando que la factura de esta derrota debería abonarla el socio minoritario. Y en el Gobierno pedían el martes a sus socios que hagan “una reflexión”: que es mejor llevar iniciativas a la Cámara Baja sólo cuando tienen la mayoría garantizada.
Sumar: “El PSOE se ha lavado las manos”
Por su parte, si los socialistas personalizaban la derrota en la vicepresidenta segunda y en el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el ala de Sumar en el Gobierno y en la dirección de este partido disparaban contra los socialistas. “No han hecho nada, porque no quieren que se apruebe”, acusaron desde la cúpula de la coalición de Díaz. “Más allá de la política están su patrimonio y sus negocios”, apostillaron.
Desde hace semanas, y pese a los dardos de Díaz a Junts, en sus filas entienden que sí había “agua” para albergar cierta esperanza. Que existía una base política para negociar con los neoconvergentes. Sostienen que apenas 24 horas antes del debate, el partido de Carles Puigdemont aún dejaba ver cuáles podrían ser sus prioridades políticas, dejando la puerta abierta a permitir la convalidación del decreto.
La norma, que ha estado en vigor durante un mes y 10 días, cayó con Bustinduy vaticinando que quienes la tumbaron “lo van a pagar muy caro”. Compareció escoltado por Díaz y otros ministros de Sumar, una imagen atípica.
“Vamos a traerlo las veces que haga falta, por tierra mar y aire”, “hasta que salga”, advirtió Bustinduy al abandonar la Cámara. Horas antes, en el ala socialista del Ejecutivo evitaron aclarar si volverán a aprobar una norma similar: “Partido a partido”.
En esas horas previas, desde Junts sugirieron la aprobación del IVA franquiciado -la no repercusión del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales-, o la implantación de nuevas bonificaciones a los caseros, según distintas fuentes.
La primera petición, ya conocida, se incluirá en la trasposición de una directiva europea, y es de obligado cumplimiento. Respecto a la segunda, ya existen bonificaciones similares. Además, en enero el propio Sánchez anunció nuevas actuaciones en esta materia.
A sus socios nunca les convenció este camino, pero dejaron ver que estarían dispuestos a aceptar si a cambio podían lograr los 7 votos de Junts para salvar el decreto. “Se han lavado las manos. Desaparecidos en combate”, insistió una dirigente de Sumar. “No tenemos ministra de Vivienda”, criticó otro de los políticos con mando en esta coalición.
La advertencia del PNV: la mayoría se resquebraja más allá de Junts
Al malestar y a la desconfianza a la interna se une el creciente malestar del PNV. El enfado del partido de Aitor Esteban, que se abstuvo ante el decreto de vivienda, quedará evidenciado el miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Su portavoz, Maribel Vaquero, anticipó el martes que preguntará a Sánchez cómo pretende gobernar con una “aritmética parlamentaria negativa”. Esto es, sin mayoría. Y, en el debate sobre la prórroga de los alquileres, el PNV cuestionó la seguridad jurídica que puede garantizar esta medida.
Durante la mañana, además, los jetzales publicaron un mensaje en su perfil en X, en el que anunciaron la cancelación de una reunión que debía celebrarse el miércoles, en La Moncloa. Con un interlocutor que ni ellos ni el Gobierno han querido revelar. Un mensaje anterior del PSE-EE en redes incendió al Partido Nacionalista Vasco, que reaccionó dando portazo al Ejecutivo español por este mensaje de los socialistas vascos, con los que comparten gobierno en Euskadi.
Este distanciamiento, sumado a los últimos golpes de Junts, que ya pidió elecciones la semana pasada, previsiblemente agriarán la sesión de control de este miércoles. Ni Sánchez ni Díaz temen que sus aliados parlamentarios fluctuantes actúen para expulsarlos del poder. Pero sí saben que algunas de sus relaciones se han ido deteriorando y hoy están seriamente dañadas.
El Gobierno enfría aún más los PGE y ya no garantiza que sean para 2026
Esa debilidad parlamentaria, que el Ejecutivo siempre intenta obviar, destacando en su lugar su voluntad de diálogo y negociación con todos los grupos, es uno de los factores clave para que el Gobierno enfríe, de nuevo, los Presupuestos Generales del Estado para 2026.
Hoy por hoy, fuentes del Ejecutivo insisten en el “compromiso” de presentar unas cuentas públicas. Pero ya no aclaran si el proyecto de ley afectará al ejercicio 2026, o si directamente se concentrarán en 2027, dado lo avanzado del calendario.
En rueda de prensa desde La Moncloa, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el titular de Hacienda, Arcadi España, alejaron su presentación, pospuesta ya en varias ocasiones. Como esgrimen desde hace un mes, se escudan en la incertidumbre generada por la guerra en Irán. En la imposibilidad de anticipar cómo impactará el conflicto en la economía española, en función de su crudeza y duración. Comenzó hace dos meses y no hay visos de que concluya en el corto plazo.
“El momento en el que lo confeccionemos es en el que se tomará la decisión relativa al periodo presupuestario”, recitó Cuerpo al término de la rueda de prensa. En privado, desde el Ejecutivo aclararon que en unas semanas podrán valorar si tiene sentido o no presentar las cuentas para este año -su tramitación requiere de un par de meses y no tienen los apoyos necesarios hoy-.
Su hipotética aprobación antes del verano se antoja muy difícil hoy. Insisten en que no han “renunciado” a las cuentas para 2026, pero ya no se comprometen a presentarlas, como sí hacían hasta hace días.
Fase crítica en el juicio por el caso ‘mascarillas’
Por si el enfrentamiento con los socios parlamentarios y la casuística de su menguante mayoría no fueran suficientes, el ala socialista tendrá que ver, escuchar y leer en los medios de comunicación las declaraciones que le llegarán del frente judicial este miércoles. José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama declaran desde el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo, en el marco del juicio por el caso ‘mascarillas’.
Oficialmente, el PSOE repite que actuaron de forma contundente contra la corrupción, y que el daño que pudiera causarles esta trama ya está “amortizado”. Sin embargo, ni para ellos ni para sus socios de Sumar será plato de buen gusto escuchar al exministro de Transportes y exnúmero tres socialista dar explicaciones por su supuesta corrupción. El consuelo que le queda al Ejecutivo es que no tendrá que afrontar nuevas batallas parlamentarias desde este jueves, hasta después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.
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