En caso de que se celebre el juicio contra Begoña Gómez, nueve ciudadanos, a los que se sumarán dos suplentes y el magistrado que preside el tribunal, serán elegidos por sorteo 30 días antes. Deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser español mayor de edad, encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino de cualquiera de los municipios de la provincia y contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado.
Quedan excluidas algunas profesiones o cargos públicos, como magistrados, juristas, abogados, o procuradores. Las partes podrán rechazar a algunos de los seleccionados. También los elegidos pueden renunciar, pero siempre con una causa justificada, como ser mayor de 65 años o tener una discapacidad o enfermedad que impida su participación.
Desde la instauración de la Ley del Tribunal del Jurado en 1995 en España, el 89,9% de las sentencias dictadas por jurados populares han sido condenatorias. casi el 90% de los juicios con jurado popular terminan con una condena. El porcentaje más alto de sentencias condenatorias se registró en 2016, con un 95,1%. Un veredicto de culpabilidad requiere, al menos, siete votos favorables. En 2024, solo se celebraron 517 juicios con jurado popular en España. En casi el 93% de las sentencias, los acusados fueron declarados culpables.
Una cuestión que se ha escuchado durante estos días en el caso de Begoña Gómez es si se verá favorecida por la sororidad, ese concepto tan en boga en el Gobierno de Pedro Sánchez. Si nos atenemos a algunos estudios realizados, la respuesta es claramente que no. Las mujeres, según un trabajo dirigido por el economista David Dollar, muestran menos tolerancia a la corrupción y una mayor responsabilidad ante las normas éticas, especialmente si el delito perjudica al bienestar colectivo. Hay también alguna investigación que concluye que, cuanto mayor es el nivel de educación, mayor es el rechazo ante la conducta corrupta.
La población femenina suele tener, por tanto, estándares más altos de comportamiento ético y estar más preocupada por el bien común. En el caso de los delitos sexuales y violencia de género, un estudio del grupo de investigación VICRIM de la Universidad Abierta de Cataluña, concluyó que las juezas tienden a ser más estrictas en la aplicación de las penas, con una duración más larga.
Las mujeres representan el 57% de los jueces y magistrados en activo en España. Desde que, en la década de 1960, pudieron acceder plenamente a la judicatura en igualdad de condiciones con los hombres, la transformación en la composición ha sido gradual. Son mayoría en todas las comunidades autónomas, excepto en Murcia, con porcentajes superiores al 60% en Madrid, Galicia y País Vasco.