El Gobierno ha acogido con “sorpresa y estupor” el último auto del juez Juan Carlos Peinado sobre la causa en la que investiga a Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo. Fuentes de Moncloa no han querido pronunciarse más allá de estas palabras, mientras algunos ministros cuestionaban la instrucción.
En una resolución dada a conocer este miércoles, el magistrado da cuenta de que ha acordado transformar las diligencias para que sean juzgadas por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de una asistente de Presidencia, Cristina Álvarez, ante un jurado popular. Esto es, si finalmente plantea enviarla a juicio, y así lo avala una instancia superior, será un grupo de ciudadanos sin formación en derecho quienes la juzguen.
El Gobierno suele referirse a este caso como una causa sin motivación, orquestada como una suerte de persecución al propio Pedro Sánchez. De hecho, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó en los pasillos del Congreso que confía en que “un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio”.
“El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto”. Fue la única respuesta de Bolaños ante las preguntas de los periodistas.
Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, criticó esta instrucción, también desde los pasillos de la Cámara Baja: “La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de este país”, auguró.
El auto del titular del juzgado número 41 de Madrid cita a Gómez, Álvarez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, para que acudan a la sede judicial el sábado 27 de septiembre, a las 18.00 horas, para una comparecencia previa.
En Moncloa sorprendió que el juez establezca la cita en fin de semana, pero también que el auto se haya conocido sin que antes se haya terminado la instrucción del caso de presunta malversación.