El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, afronta la renovación del contrato de protección a las víctimas de violencia de género a través de dispositivos telemáticos con el calendario prácticamente agotado. Una contrarreloj que no ha pillado por sorpresa a las asociaciones de víctimas. Las anteriores convocatorias en 2018, 2021 y 2023, aunque finalizan en el primer semestre como la actual, se convocaron en verano. De esta forma, se resolvían con antelación suficiente para poder facilitar, en su caso, la coordinación entre el adjudicatario saliente y el nuevo concesionario.
Si ya el pasado verano el concurso iba retrasado, la crisis de las pulseras Cometa desatada en septiembre ha complicado todo el procedimiento. De esta forma, cuando el contrato vigente expira el próximo 6 de mayo de 2026, el nuevo aún no ha sido adjudicado. El actual ya se prorrogó de 24 a 30 meses sin opción de ampliación, para facilitar todo el procedimiento. Desde Igualdad explican a Artículo14 que el plazo aún no ha vencido. Con todo, el propio expediente de la licitación fija esa misma fecha como inicio del nuevo servicio o, en su defecto, “la de formalización si esta fuera posterior” , lo que abre la puerta a un desfase si los plazos administrativos no llegan a tiempo.
Una licitación urgente
El Gobierno autoriza la contratación del sistema de seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.
La ministra de @IgualdadGob, @_anaredondo_ , detalla las mejoras incorporadas👇🏼 pic.twitter.com/i0TDRSxFIi
— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 27, 2026
La Secretaría de Estado de Igualdad acordó iniciar formalmente el procedimiento el pasado 21 de enero. Seis días después, recibió autorización del Consejo de Ministros para contratar este servicio de protección a las víctimas por un máximo de hasta 111,1 millones. Posteriormente, el 6 de febrero, Igualdad acordó la tramitación del expediente de contratación por la vía urgente. Esta fórmula está revista en la Ley de Contratos del Sector Público para acortar plazos, pero no elimina las distintas fases obligatorias del proceso.
Pese al carácter urgente, todo el procedimiento de la licitación se ha ido retrasando. El 3 de marzo, Igualdad se vio forzada a ampliar en 14 días naturales el plazo para la presentación de ofertas que vencía el 6 de marzo. No fue hasta el 26 de marzo de 2026 cuando la Mesa de Contratación celebró su primera reunión para la apertura de la documentación administrativa. Entonces, se constató que la estrategia de Igualdad de elevar el precio un 20%, además de la posibilidad de prórroga, había surtido efecto.
MasOrange -a través de su filial Orange Espagne SAU- en alianza con Verisure (antes operaba en España como Securitas Direct España), ha decidido competir contra Vodafone. Esta última, con su filial nacional Vodafone España SA, es quien viene prestando el servicio desde marzo de 2024 en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Securitas Seguridad España SA.
Subsanación de la documentación
Como suele ser habitual en estos procesos, ambos licitadores tuvieron que subsanar defectos formales, lo que obligó a abrir un plazo adicional de tres días naturales para corregir la documentación presentada. Así, el pasado 9 de abril, la Mesa de Contratación volvió a reunirse para analizar la documentación subsanada. En esa sesión, ambos licitadores quedaron finalmente admitidos sin condiciones, lo que permitió dar paso a la evaluación de las ofertas técnicas mediante criterios sometidos a juicio de valor.
En principio, el pasado 16 de abril se procedió a la apertura de las ofertas económicas y del informe de valoración. Entre los criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas para la adjudicación se incluyen el nivel de servicio, los criterios de calidad relacionados con las funcionalidades de las tobilleras a adquirir, la propuesta económica, la oferta técnica y el plan de transición de salida del servicio. De esta forma, en estos momentos, queda pendiente la resolución de la Mesa de Contratación para la adjudicación.
Detalles del nuevo contrato
La gestión del servicio de Monitorización y Control, conocida como Sala Cometa, concentra la mayor parte del coste del contrato. El adjudicatario deberá subrogar a la plantilla actual, formada por 151 trabajadoras, aunque el pliego contempla un refuerzo de personal. Además, el servicio deberá garantizar atención en las lenguas cooficiales y contar con interpretación en inglés, francés, alemán, rumano, italiano, árabe, árabe marroquí y ruso. El incremento del presupuesto responde, en parte, a la previsión de un mayor número de víctimas protegidas, lo que implicará tanto un aumento de dispositivos como de recursos humanos.
En concreto, para los 36 meses de duración del contrato, Igualdad prevé la adquisición de 17.660 tobilleras electrónicas. Esta cifra prácticamente duplica la necesidad de teléfonos móviles previstos, tanto para víctimas como para agresores. Entre las nuevas exigencias figura la disponibilidad de un stock mínimo de 2.000 dispositivos, que deberán poder instalarse en menos de 24 horas en cualquier punto del territorio nacional. También se refuerzan los requisitos de seguridad, con la incorporación de sistemas de alerta que permitan detectar en tiempo real cualquier intento de manipulación.
El Ministerio ha lanzado la licitación antes de presentar las conclusiones de las dos investigaciones -una interna y otra externa- para determinar lo ocurrido. En este sentido, fuentes del departamento explican que las conclusiones se han tenido en cuenta en los pliegos y que se informará de las mismas próximamente. Así, el Ministerio justifica la nueva licitación para “modernizar y ampliar” el servicio del sistema de seguimiento. “La tecnología puede fallar, pero no la respuesta de un Gobierno responsable”, aseguró Redondo al anunciar la nueva licitación. Comienza el examen.