No suele ser un contrato atractivo por los riesgos reputacionales que conlleva. Consciente de ello, y tras la crisis generada por los fallos en los sistemas telemáticos de protección a las víctimas de violencia de género -las conocidas como pulseras Cometa-, Ana Redondo optó por subir su importe. El pasado 6 de febrero, la Secretaría de Estado de Igualdad sacó a licitación por el procedimiento de urgencia el nuevo contrato. Para captar el interés de potenciales candidatos, el precio que está dispuesto a pagar el Ministerio se eleva un 20% y se extiende a tres años la duración mínima del contrato con posibilidad de prórroga de otros dos más. En juego, un contrato de más de más de 71 millones de euros, que supera los 110 millones, incluyendo la extensión adicional.
La estrategia ha surtido efecto. MasOrange -a través de su filial Orange Espagne SAU- en alianza con Securitas Direct España SA ha decidido competir contra Vodafone. Esta última, con su filial nacional Vodafone España SA, es quien viene prestando el servicio desde marzo de 2024 en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Securitas Seguridad España SA. MasOrange tiene una cuota de mercado minorista del 27,3%, frente al 12,8% de Vodafone, con datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC).
Tras una solicitud de plazo para presentar ofertas, el pasado 26 de marzo, la mesa de contratación de Ministerio de Igualdad admitió provisionalmente -pendiente de subsanación de detalles técnicos- estas dos candidaturas.
Telefónica no se presenta
Por su parte, Telefónica, el mayor operador con una cuota del 38%, no ha presentado oferta. Cabe recordar que la española que ahora lidera Marc Murtra fue el primer adjudicatario y responsable del servicio desde su lanzamiento en 2009 hasta su traspaso a Vodafone.
Precisamente, los fallos en volcado de datos durante el cambio de operador destapados en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado en septiembre de 2025 son el origen de la crisis de los dispositivos Cometa. Los juzgados no pudieron acceder a los datos de ubicación de maltratadores que podrían haber quebrantado las órdenes de alejamiento, lo que supuso un sobreseimiento temporal de los casos.
Cuando en 2023, Igualdad volvió a lanzar la renovación del concurso, incluyó un cambio en las condiciones que se mantiene en el actual contrato. Durante los años en los que Telefónica gestionó el servicio, el Ministerio pagaba un alquiler por los dispositivos. Sin embargo, tras un estudio interno se valoró que la adquisición de los dispositivos era más rentable. Así, en el contrato de Vodafone se prevé que los dispositivos telemáticos sean de propiedad pública. De hecho, la compra de los dispositivos está financiada con fondos europeos Next Generation.
Esta condición se mantiene en el actual contrato y se exige al nuevo adjudicatario -si finalmente no fuera Vodafone- la compatibilidad del sistema de seguimiento con los dispositivos operativos.
Quién es quien en la puja
En esta oferta, Vodafone vuelve a presentarse en alianza con Securitas Seguridad España. De esta forma, la parte tecnológica corresponde a la operadora de telecomunicaciones, mientras que la operativa de atención a las víctimas -la atención del Centro Cometa- corresponde a Securitas. Desde hace un año, la filial española del grupo sueco de seguridad está liderada por Medora Miranda, como consejera delegada.
La gestión del servicio de Vodafone-Securitas Seguridad ha estado en el punto de mira de Igualdad, que tras los problemas identificados en la Memoria de la Fiscalía, tiene abierta una investigación. A su vez, a principios de este mes, Igualdad sancionó a Vodafone con una multa de 25.000 euros por una caída de 13 horas en el servicio durante el pasado 11 de noviembre.
Por su parte, MasOrange se presenta en UTE con Securitas Direct, filial a su vez del grupo Verisure. Para Securitas Direct, la eventual adjudicación del contrato supondría la recuperación del mismo, ya que durante la etapa en la que Telefónica prestó el servicio fue el gestor de la atención a las víctimas.
Los detalles del nuevo contrato
La gestión del servicio de Monitorización y Control, la Sala Cometa, es la parte más onerosa del contrato. El adjudicatario deberá asumir el personal existente -151 empleadas-, aunque se prevé un refuerzo de la plantilla. Todas las comunicaciones, además de, en las lenguas cooficiales españolas, deberán tener un servicio de interpretación en inglés, francés, alemán, rumano, italiano, árabe, árabe-marroquí y ruso.
Una de las razones del aumento del presupuesto del contrato es una ampliación del número de dispositivos por la necesidad de mayor número de víctimas protegidas. Lo que a su vez implica mayor personal.
El Gobierno autoriza la contratación del sistema de seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género.
La ministra de @IgualdadGob, @_anaredondo_ , detalla las mejoras incorporadas👇🏼 pic.twitter.com/i0TDRSxFIi
— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 27, 2026
En concreto, en los 36 meses del contrato, Igualdad prevé adquirir 17.660 tobilleras (dispositivos telemáticos). Este número duplica la necesidad prevista de teléfonos, tanto de víctimas como de agresores. Una nueva exigencia es contar con un stock mínimo de 2.000 de tobilleras para instalar en menos de 24 horas en cualquier punto del territorio nacional. Ahora se han elevado las alertas de seguridad: se requieren alarmas para notificar en tiempo real cualquier intento de manipulación del móvil.
Contrarreloj
El contrato con el actual adjudicatario vence en mayo de 2026. En este sentido, aunque desde Igualdad se ha reiterado que cuentan con tiempo suficiente la realidad es que la adjudicación va contrarreloj. En el procedimiento previo, aún cuando el contrato vencía en mayo de 2024, este se formalizó en noviembre de 2023.