SpainDC, la patronal española de los centros de datos, denunció ayer que el proyecto de real decreto del Gobierno para regular estas instalaciones frenará unos 9.000 millones de euros en inversiones previstas para centros de datos en España, después de que tres empresas internacionales alertaran a la asociación española de que podrían abandonar sus proyectos si el proyecto normativo sale adelante. Tras el aviso por parte de estas tres empresas, la directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, alertó de que “no es negociable que España se convierta en el país más restrictivo de Europa”.
Asimismo, en rueda de prensa para presentar sus alegaciones al proyecto, Villacís lamentó que España sea el mercado “menos atractivo” de Europa desde que se dio a conocer la nueva normativa en la que trabaja el Gobierno, y apuntó que, si se aprueba, los efectos que puede tener sobre la inversión en los centros de datos pueden ser “devastadores”: “La sensación de inseguridad jurídica que estamos provocando es inadmisible”. Además, añadió que “este real decreto ha conseguido la completa unanimidad en contra de su aplicación -por parte del sector-“.
Claves del proyecto normativo
El proyecto de real decreto que ha elaborado el Gobierno busca garantizar que estas infraestructuras no comprometan los objetivos de descarbonización, la estabilidad del suministro ni la seguridad del sistema eléctrico. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, defiende que la norma busca un desarrollo “ordenado y eficiente” de estas infraestructuras y evitar un encarecimiento de las facturas eléctricas para el resto de los consumidores.
En el apartado ambiental, estas instalaciones deberán obtener la máxima categoría, la clase “A”, en el futuro sistema europeo de etiquetado de eficiencia energética e hídrica.
Si bien es cierto, la exigencia que ha provocado el rechazo del sector de centro de datos ha sido que el 80% del consumo eléctrico anual debe cubrirse mediante instalaciones de autoconsumo o contratos de compra a plazo (PPA) con plantas renovables ubicadas en España y puestas en servicio como máximo 18 meses antes que el centro de datos. Además, los contratos PPA deberán tener una duración mínima de 10 años.
El proyecto, además, exige garantizar cada hora que 80% del consumo eléctrico esté respaldado por generación renovable.
Plazos inasumibles
Además de las exigencias, otro de los puntos clave que ha provocado el rechazo por la mayoría del sector han sido los plazos que se manejan, ya que la asociación de centros de datos, SpainDC, señala que son prácticamente “inasumibles”.
Las solicitudes de acceso y conexión que estén tramitándose sin resolución deberán acreditar el cumplimiento de los nuevos requisitos en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor. En caso contrario, estas solicitudes serán denegadas.
Las instalaciones con permisos ya otorgados pero que no se hayan acoplado a la red dispondrán de seis meses para justificar el cumplimiento de las exigencias. Transcurrido el plazo sin acreditación, los permisos caducarán y no se harán efectivos.
Los promotores podrán renunciar a sus solicitudes o permisos en los seis meses posteriores a la entrada en vigor sin perder las garantías económicas depositadas.
Estas empresas también se ven obligadas a cumplir con los requisitos de soberanía digital. Aquellas que ya estén operando (o vayan a operar en los seis meses siguientes) dispondrán de un plazo seis meses desde la entrada en vigor del reglamento para presentar la declaración responsable.
Sanciones por incumplimientos
El incumplimiento de los compromisos en relación con las energías renovables traerá consigo recargos mensuales para las empresas sobre los peajes y cargos de la factura eléctrica. Por falta de adicionalidad, las compañías se enfrentan a recargos de entre el 100% y el 500%.
Si hay algún incumplimiento en la correlación horaria, los recargos mensuales serán del 10%, 30% o 50%, a los que se podrán sumar un 10% adicional por cada mes consecutivo de incumplimiento.
Por último, el hecho de infringir estas exigencias normativas también podrá traer consigo la revocación de permisos. La falta de adicionalidad por debajo del 60% o el incumplimiento de la correlación horaria durante cinco años consecutivos, así como permanecer dos años seguidos en clase “B” o inferior de eficiencia energética o hídrica, serán motivos para revocar estos permisos.
Se trata de unas exigencias que desde la asociación de centros de datos califican como “las más restrictivas de Europa” y por las que el presidente de SpainDC, Emilio Díaz, reclamó al Gobierno que se siente a dialogar sobre esta cuestión, puesto que el sector desconocía los planes del Ejecutivo y el real decreto incluye “cosas muy graves” para la industria. “Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones”, lamentó.
Así, Díaz añadió que los proyectos de los tres inversores que han amenazado con marcharse si se aprueba el decreto representan alrededor del 15% -suman unos 9.000 millones- de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030.