“Los mismos que incumplieron sus deberes normativos son los que ahora perciben los ingresos de esta llamada operación reforzada”. La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, elevó ante sus accionistas el tono del enfrentamiento con las grandes eléctricas en plena batalla por las responsabilidades del apagón del 28 de abril de 2025. En paralelo, la compañía aprovechó la coincidencia de la Junta General de Accionistas, para anunciar una nueva batería de medidas regulatorias y técnicas destinadas a reforzar el sistema eléctrico tras el “cero eléctrico”.
En su intervención, durante la junta, celebrada por segundo año de forma telemática, Corredor negó que la denominada operación reforzada activada tras el apagón constituya una prueba de que Red Eléctrica de España hubiera programado insuficiente generación síncrona el día del incidente, tal y como -según denunció- “intencionadamente se ha llegado a deslizar”. “No es la evidencia de que se programó poca generación síncrona, sino la evidencia de que se produjeron múltiples fenómenos de naturaleza no predecible”, argumentó.
Para los expertos del sector, la aplicación de este sistema, que entró en funcionamiento al día siguiente y se mantiene en la actualidad, confirma que el gestor de la red de transporte disponía de mecanismos regulatorios suficientes para evitar el apagón.
“No se puede imputar ninguna causa”
La presidenta de Redeia insistió en que todos los informes técnicos oficiales conocidos hasta ahora avalan la actuación del operador del sistema y descartó cualquier incumplimiento normativo por parte de REE. “El operador no incumplió ninguna normativa técnica y, por tanto, no se le puede imputar ninguna causa”, afirmó. En esta línea, volvió a esgrimir el informe final del panel europeo de expertos de Entso-E. Y destacó que “expresamente excluye la programación como causa” del apagón y concluye que el sistema se operó “siguiendo estrictamente la normativa vigente”.
Corredor volvió a cuestionar la actuación del resto de los agentes. Como ha venido señalando, si hubieran cumplido correctamente sus obligaciones técnicas, el apagón no se habría producido. Apuntó a dos oscilaciones en la red -“una de ellas forzada”-, desconexiones de instalaciones de pequeña potencia vinculadas al autoconsumo y salidas de grandes plantas “de manera incorrecta”.
A ello añadió uno de los puntos más sensibles del debate regulatorio abierto tras el apagón: el incumplimiento de obligaciones de control de tensión de una parte de la generación síncrona programada.
Paradoja
En su opinión, ello ha provocado una situación paradójica: “los mismos que incumplieron sus deberes normativos son los que ahora perciben los ingresos de esta llamada operación reforzada”. La operación reforzada se mantiene desde el 30 de abril de 2025 para garantizar la estabilidad del sistema con una mayor participación de generación síncrona, especialmente ciclos combinados e hidráulica. Según detalló Corredor, el coste acumulado hasta abril asciende a 711 millones, aproximadamente el 2% de los costes del sistema en ese periodo.
La presidenta de Redeia reconoció que el sobrecoste es de unos cuatro céntimos al día para un usuario medio. Una cantidad que -según admitió- para algunos hogares puede representar una carga importante. “Es un coste de seguridad”, defendió. Esta situación excepcional continuará mientras no exista “una mayor certeza de que todos los agentes cumplen con la norma que les es vinculante”.
Nuevas medidas para reforzar el sistema eléctrico
En paralelo, Redeia informó de que ha remitido nuevas propuestas regulatorias y técnicas al Ministerio para la Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón, informa Europa Press. Según explicó Corredor, este nuevo paquete incluye requisitos mínimos de monitorización para el análisis de incidentes, así como un procedimiento específico para regular cómo deben remitir los agentes la información requerida por el operador del sistema en caso de incidencias.
También incorpora un análisis sobre la regulación de los servicios de ajuste y de las restricciones técnicas para adaptarlos a las nuevas situaciones operativas del sistema, además de una propuesta de coordinación entre el desarrollo de la red de transporte y las redes de distribución. Estas medidas se suman a la consulta pública lanzada por Red Eléctrica a finales de abril sobre nuevos procedimientos operativos relacionados con el amortiguamiento de oscilaciones, la respuesta ante variaciones rápidas de tensión y nuevos requisitos técnicos para las instalaciones de generación, incluidas las renovables.
Con este paquete, la compañía pretende reforzar herramientas que considera críticas tras el apagón, como el control de tensiones, las oscilaciones adversas, las sobretensiones en redes de evacuación o las desconexiones de instalaciones.
Enfrentamiento con la CNMC
La presidenta aludió también al nuevo frente contra la CNMC. Así, cuestionó el expediente sancionador abierto por el regulador y planteó la existencia de un posible “conflicto de interés” que, a juicio de los servicios jurídicos de Redeia, podría derivar en “la nulidad de lo actuado”. En concreto, criticó “la incomprensible indeterminación” de los hechos imputados por el supervisor y sostuvo que las alegaciones y pruebas aportadas por la compañía deberían conducir “al archivo del expediente”.
Por su parte, el consejero delegado de Redeia, Roberto García-Merino aseguró que el grupo ejercerá “cuantas acciones sean necesarias” para defenderse frente al procedimiento abierto por Competencia.
En la asamblea, la compañía presentó el nuevo plan estratégico de Redeia hasta 2029. El consejero delegado destacó que el grupo prevé invertir 6.500 millones de euros en los próximos cuatro años, de los cuales el 93% —más de 6.000 millones— se destinarán a Red Eléctrica. García-Merino calificó este ciclo inversor de “histórico” y lo vinculó a la futura planificación eléctrica. Según explicó, el objetivo es que en 2031 toda la planificación, con una inversión inicialmente prevista de 13.100 millones de euros, esté ya en servicio o en fase de ejecución.
Dividendo
El directivo defendió además el compromiso del grupo con la retribución al accionista y confirmó una senda creciente de dividendo hasta alcanzar los 0,87 euros por acción en 2029, con incrementos anuales del 2%.
Por último, Corredor aprovechó la junta para reivindicar el modelo español de operador único del sistema frente a las críticas lanzadas desde algunas grandes eléctricas. La presidenta de Redeia defendió el modelo de Redeia como “el más eficaz en la gestión, el más seguro en la operación, el más eficiente en la inversión y el más económico para la factura de los consumidores”.