Los inversores de Redeia valorarán este miércoles la gestión de su presidenta, Beatriz Corredor, en el primer año desde el apagón que dejó a España sin luz el 28 de abril de 2025.
La junta de accionistas del operador del sistema eléctrico llega apenas unas semanas después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pese a apuntar a un “origen multifactorial”, incoase expedientes sancionadores a Endesa, Naturgy, Iberdrola, Repsol y REE (filial de Redeia).
En este último caso, por presuntas “infracciones muy graves” relacionadas con la programación del mix energético y con la obligación de impartir las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema eléctrico.
A Corredor, presidenta no ejecutiva desde febrero de 2020, no le toca renovar en su cargo hasta 2028. Sí tendrá que escuchar a los accionistas.
El año pasado, algunos inversores minoritarios cuestionaron su actuación y la del consejo de administración tras el apagón.
Días antes de la junta, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) solicitó la dimisión de Corredor, expresó su preocupación por la composición del consejo de administración y alertó de conducta desinformativa al mercado.
No obstante, a la hora de la verdad, los inversores respaldaron casi por unanimidad a la presidenta de Redeia.
Negocio estable y cotización a la baja
¿Cómo llega la compañía y sus gestores a la cita con los accionistas de 2026?
En lo relacionado con el negocio, Redeia mantiene la confianza del mercado.
Entre enero y marzo, cumplió las previsiones, con un alza en los ingresos del 6,3% y un resultado bruto de explotación (ebitda) de 339 millones, un 5,8% más que en el primer trimestre de 2025.
La empresa mantiene sus objetivos para el conjunto del año (1.250 millones de ebitda y un beneficio neto de 510 millones).
Desde Bankinter aconsejan comprar porque ofrece “una alta visibilidad en su negocio regulado de transporte de electricidad, que representa el 80% del ebitda, y una atractiva rentabilidad por dividendo (5,4%)”.
De hecho, Redeia someterá a la aprobación de los accionistas repartir un dividendo bruto de 0,8 euros por acción. Se abonará el 1 de julio y al que restarán 0,2 euros brutos por acción pagados a cuenta el pasado 7 de enero.
Este modelo, el mismo que en 2024 y del que se beneficiará el Estado —es el primer accionista con el 20% del capital a través de la SEPI—, contrasta con la evolución de la cotización.
Desde el apagón, cuando Redeia superaba los 19 euros, la acción se ha depreciado un 30% y hoy vale menos de 15 euros. Cuando Corredor llegó a la presidencia, en la antesala de la pandemia, la acción superaba los 17 euros.
Nuevas caras en el consejo
Además de la retribución al accionista, Redeia propondrá a la junta de accionistas el nombramiento de José Luis Navarro en representación de la SEPI, que cuenta con tres asientos en el máximo órgano de administración.
Santiago Hurtado y Marta María de la Cuesta reemplazarán, con el aval de los inversores, a Socorro Fernández y Antonio Gómez como vocales independientes.
También se someterá a votación la remuneración del consejo de administración el año pasado (3,24 millones de euros) y la política de retribución para 2026.
Esta contempla mantener la retribución de Corredor en 399.170 euros anuales, a los que se suman 130.742 euros como remuneración fija por su condición de consejera y 1.500 euros por asistir a cada una de las 11 reuniones del consejo este año.
En total, 546.412 euros.
EY sigue como auditor
Otro punto clave del orden del día es la reelección de EY como auditor de Redeia para el ejercicio 2026.
La firma, que revisa las cuentas desde 2023, analizará en los próximos meses si el operador de la red debe dotar provisiones al considerar que las probabilidades de una eventual salida de caja por multas o litigios supera el 50%.
Por el momento, Redeia no ha registrado ninguna provisión ya que considera que REE actuó “de conformidad con la normativa vigente” y presentará alegaciones.
Asegura que “seguirá de cerca” la investigación de la CNMC, por la que se enfrenta a hasta 60 millones de multa, ya que “el proceso de designación de responsabilidades no ha concluido”.
Un proceso que tardará meses en resolverse, ya que primero debe llegar el dictamen de la CNMC y después debe pronunciarse el Gobierno, pero que podría fortalecer la artillería jurídica de eléctricas, distribuidores de luz, comercializadores y aseguradoras.
Se calcula que hay entre 2.000 y 4.000 millones en juego en indemnizaciones. Y se espera que el apagón derive en una batalla legal que se alargará años.
Operación reforzada
Mientras, el cruce de acusaciones entre Redeia y las eléctricas continúa y también la operación reforzada con la que se opera desde el cero eléctrico.
Corredor aseguró hace unos días que este esquema se mantendrá hasta que REE “no esté segura al 100% de que todos los actores del sistema eléctrico cumplen su obligación de controlar la tensión”.
El modo reforzado contempla una mayor presencia en ciclos combinados para aportar estabilidad al sistema. Desde que se activó, en mayo de 2025, y hasta marzo de este año, ha supuesto un coste de 666 millones.
“Es un dinero que se están embolsando las generadoras que incumplieron su obligación de control de tensión el día del apagón”, subrayó Corredor.
Para las eléctricas, la fotografía está clara: el cambio a un sistema reforzado es una prueba de la responsabilidad de REE frente al apagón.