El futuro de millones de contratos de alquiler vuelve a estar sobre la mesa. El Gobierno negocia un nuevo decreto de vivienda que pretende recuperar, entre otras medidas, una extensión extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. La denominada prórroga de los alquileres podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas y alrededor de 1,5 millones de hogares, según los cálculos difundidos por Sumar.
La medida llega a su momento decisivo después de meses de negociaciones y de un primer intento que terminó siendo rechazado por el Congreso. El Ejecutivo trabaja este martes 29 de septiembre para cerrar un texto capaz de reunir posteriormente una mayoría parlamentaria suficiente. La fórmula exacta de la prórroga continúa siendo, precisamente, uno de los principales puntos de discusión.
El planteamiento acordado por PSOE y Sumar durante el verano contemplaba que los inquilinos cuyos contratos finalizaran antes del 30 de junio de 2028 pudieran solicitar una extensión extraordinaria de hasta dos años manteniendo determinadas condiciones del arrendamiento. La ampliación del periodo de contratos incluidos incorporaría aproximadamente un millón de nuevos beneficiarios respecto al esquema anterior.
Existe, sin embargo, un matiz importante. Hablar de una prórroga de los alquileres hasta 2028 no significa necesariamente que los contratos tengan que terminar ese año. La fecha marca qué contratos podrían acogerse a la medida: aquellos que vencieran antes del 30 de junio de 2028. Si posteriormente se les concedieran dos años adicionales, algunos podrían extender su vigencia más allá de esa fecha.
Una medida que ya fue aprobada y después cayó en el Congreso
La historia de la prórroga de los alquileres comenzó meses antes. El Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo un real decreto-ley que permitía ampliar durante un máximo de dos años determinados contratos de vivienda habitual cuyo periodo obligatorio o tácito terminara antes del 31 de diciembre de 2027.
Aquel texto establecía que la ampliación debía solicitarla el arrendatario y que el propietario estaba obligado a aceptarla salvo en determinadas excepciones previstas legalmente, como la necesidad de recuperar la vivienda para utilizarla como residencia habitual en los supuestos contemplados por la Ley de Arrendamientos Urbanos.
El decreto incorporaba además un límite extraordinario del 2% para determinadas actualizaciones anuales de la renta. El objetivo declarado por el Gobierno era proporcionar estabilidad a los hogares en un momento de fuertes tensiones en el mercado residencial y evitar incrementos bruscos del coste de la vivienda.
Pero la medida tuvo una vida corta. El Congreso votó su convalidación el 28 de abril y el resultado fue de 166 votos favorables, 177 en contra y cinco abstenciones. El real decreto-ley quedó derogado y la prórroga de los alquileres perdió sus efectos.
El Ejecutivo volvió entonces a negociar una fórmula diferente. PSOE y Sumar alcanzaron en julio un nuevo acuerdo para extender el mecanismo a los contratos que vencieran antes del 30 de junio de 2028. El decreto debía llegar inicialmente al Consejo de Ministros ese mismo mes, pero la falta de apoyos parlamentarios llevó al Gobierno a retrasar su aprobación hasta septiembre.
Cerca de cuatro millones de potenciales beneficiarios
El alcance social es uno de los principales argumentos de sus defensores. Según las estimaciones facilitadas por Sumar y recogidas por EFE, la ampliación del periodo permitiría incorporar a cerca de un millón de personas adicionales. Sumadas las distintas extensiones planteadas desde marzo, el número potencial de beneficiarios se acercaría a los cuatro millones de personas y 1,5 millones de hogares.
La cifra no procede de una estadística oficial de beneficiarios del Ministerio de Vivienda, sino de los cálculos realizados por Sumar sobre los contratos potencialmente afectados. La aplicación final dependerá además del contenido definitivo del decreto, de las condiciones que se establezcan y, posteriormente, de su convalidación parlamentaria.
El último borrador conocido mantiene como referencia una renovación de hasta dos años. Sin embargo, Sumar y otras fuerzas de la izquierda parlamentaria han defendido en las últimas horas un sistema más amplio de renovación automática que permita al inquilino permanecer en la vivienda mientras cumpla sus obligaciones y no exista una causa legal para finalizar el contrato.
Otros grupos plantean condiciones distintas. Junts ha defendido incentivos fiscales para propietarios e inquilinos y garantías para los pequeños propietarios, mientras el PNV ha reclamado preservar competencias autonómicas y establecer límites claros en las medidas de protección frente a los desahucios. La necesidad de reunir posteriormente una mayoría en el Congreso obliga al Gobierno a buscar un equilibrio entre posiciones diferentes.
El decreto va mucho más allá de los contratos de alquiler
La prórroga de los alquileres es solamente una de las piezas de un paquete de vivienda considerablemente más amplio. Los borradores conocidos incluyen también medidas para regular los alquileres temporales y por habitaciones, reforzar la protección de hogares vulnerables frente a los desahucios, endurecer las reglas aplicables a determinadas viviendas turísticas y establecer incentivos fiscales vinculados al mercado residencial.
El problema para el Ejecutivo no consiste únicamente en aprobar el texto en Consejo de Ministros. Al tratarse de un real decreto-ley, deberá ser sometido posteriormente al Congreso, que tendrá que decidir si lo convalida. El precedente de abril demuestra que una medida puede entrar en vigor y desaparecer pocas semanas después si no reúne los votos necesarios.
Por ahora, cerca de cuatro millones de potenciales beneficiarios continúan pendientes de una negociación que afecta directamente a la estabilidad de sus viviendas. Después del intento frustrado de marzo y del aplazamiento del decreto durante el verano, el Gobierno encara de nuevo la decisión sobre una medida que puede cambiar cuánto tiempo permanecen miles de familias en sus actuales casas. El futuro de la prórroga de los alquileres vuelve así a depender del acuerdo político y, posteriormente, de los votos del Congreso.