El Gobierno mantendrá hasta final de año las rebajas fiscales sobre la gasolina y el gasóleo para contener el impacto de la crisis de Oriente Medio sobre los precios. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer paquete de medidas frente a las consecuencias económicas del conflicto, que recupera el descuento de 20 céntimos por litro. Como ya hizo en junio, se articulará a través de una rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos durante octubre, tanto para la gasolina como para el diésel.
Los tres paquetes aprobados por el Gobierno desde el inicio de la crisis de Oriente Medio suponen, según los cálculos del Ejecutivo, un impacto superior a 12.000 millones de euros para las arcas públicas.
En diciembre, seis euros de descuento
Siguiendo el modelo anterior -este es el tercer Decreto de medidas frente a la subida de precios por la crisis de Irán-, se prevé una retirada gradual de las ayudas. De esta forma, a partir de noviembre comenzará de nuevo una retirada gradual de la ayuda. La rebaja será de 13 céntimos por litro en noviembre y de 6 céntimos en diciembre. No obstante, el Ejecutivo mantendrá una cláusula automática de salvaguarda: si los precios vuelven a registrar un incremento superior al 15%, el descuento regresará a los 20 céntimos por litro. En junio, la retirada progresiva de las ayudas se fijó en 15 céntimos en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre.
Según explicó el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Ejecutivo toma como referencia el encarecimiento registrado en agosto, cuando el gasóleo subió más de un 30% en términos interanuales y la gasolina más de un 17%.
Tope a la subida del gas
El tercer paquete incorpora además nuevas medidas protección para los hogares ante la llegada del invierno. El Gobierno limitará el incremento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, a la que están acogidos más de tres millones de consumidores, y volverá a fijar un precio máximo para la bombona de butano.
En el caso de la tarifa regulada del gas, el Ejecutivo limitará al 35% su subida en la revisión de octubre y al 15% en las siguientes revisiones. Según los cálculos del Gobierno, sin esta intervención el incremento de la TUR habría rondado el 50% como consecuencia del encarecimiento de los mercados energéticos.
A esta protección se suma el precio máximo de la bombona de butano, que no podrá superar los 19,55 euros, recuperando así una medida que el Ejecutivo ya aplicó durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.
El paquete mantiene asimismo las cláusulas de salvaguarda sobre el IVA y el Impuesto Especial sobre la Electricidad. De esta forma, las rebajas fiscales podrán reactivarse automáticamente si los precios de la electricidad o del gas vuelven a registrar incrementos superiores al 15%.
Ayudas al transporte y al sector primario
El Gobierno prorroga también las ayudas destinadas a los sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético. Continuarán las medidas para agricultores, ganaderos, armadores y transporte profesional por carretera, que ya estaban incluidos en los anteriores paquetes de respuesta a la crisis. Como novedad, el Ejecutivo incorpora al transporte ferroviario de mercancías, que podrá recibir 15.000 euros por cada locomotora diésel.
A estas actuaciones se suman medidas destinadas a reforzar la seguridad energética durante el invierno, entre ellas el aumento de las reservas de gas natural licuado y el refuerzo del sistema de certificados de ahorro energético, según explicó Carlos Cuerpo. El Ejecutivo mantiene además la protección del empleo vinculada a las ayudas públicas. Las empresas beneficiarias de las medidas no podrán realizar despidos por causas relacionadas con el incremento de los costes provocado por la crisis.
Más control sobre los precios
Por último, el nuevo decreto refuerza también el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Gobierno solicitará al organismo dos estudios específicos: uno sobre la formación de los precios en los mercados mayorista y minorista de la energía y otro sobre el funcionamiento de la cadena de valor alimentaria. El objetivo, según ha explicado Carlos Cuerpo, es analizar cómo se están trasladando los costes a lo largo de ambas cadenas y recabar recomendaciones de Competencia para garantizar el correcto funcionamiento del mercado y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas.