La última investigación de la fundación Hay Derecho se centra en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En esta ocasión su ‘Dedómetro’, que analiza objetivamente la idoneidad de los cargos públicos en las entidades públicas, suspende a Belén Gualda y Beatriz Corredor, presidentas de la SEPI y de Redeia, respectivamente. A su vez, el estudio que analiza el mérito, profesionalidad e independencia de los consejeros dominicales de la SEPI en empresas privadas participadas, refleja una infrarrepresentación femenina en esta función.
En concreto, de las diez empresas privadas participadas por la SEPI, el Gobierno ha designado únicamente a siete mujeres como consejeras dominicales en los últimos veinticinco años. Entre 2004 y 2026, solo un 20% de los representantes del brazo inversor del Estado en los consejos de administración ha sido una mujer, frente a 28 hombres. De hecho, el número real de mujeres sería inferior (seis en total), ya que el cálculo se realiza por asientos ocupados en los consejos y no por personas.
Belén Gualda, en el punto de mira
Al tratarse de un análisis de la SEPI, el informe también pone el foco cúpula de la sociedad, por su relevancia a la hora de nombrar a sus representantes. Con datos del ‘Dedómetro’ de 2024, focalizado en los altos cargos, el informe de Hay Derecho suspende a Belén Gualda. En concreto, le otorga una nota inferior a cuatro en los indicadores de profesionalidad e independencia. No es un patrón exclusivo del PSOE: también con el PP tuvieron relevancia trayectorias previas relacionadas con la política y la administración. Esta simbiosis es especialmente visible en el entorno del Ministerio de Hacienda.
Es el caso de los perfiles más recientes, con trayectorias relevantes en la administración autonómica andaluza durante el periodo en que María Jesús Montero desempeñaba responsabilidades en el ámbito de Hacienda. Así ocurre tanto en el caso de la actual presidenta como en el de su predecesor, Vicente Fernández Guerrero, detenido a finales de 2025 por su presunta vinculación con Servinabar, sociedad de Santos Cerdán.
Las dinámicas de la presidencia van aguas abajo como así alerta el estudio. “Todo ello sugiere la posible existencia de dinámicas de confianza institucional en los nombramientos, en las que convergen en varios casos la experiencia y la formación técnica como altos funcionarios y la confianza política. Esta situación no es exclusiva de la SEPI sino que se extiende también a una parte importante de sus entidades participadas, muchas de las cuales operan en sectores estratégicos y/o regulados como las telecomunicaciones, la energía, la alimentación o la defensa”.
Presidencia de Redeia
Como ejemplo de la importancia de las implicaciones del buen gobierno en las participadas, la investigación de Hay Derecho subraya la relevancia de Redeia. El operador del sistema eléctrico español, participado en un 20% por la SEPI, no adoptó todas las medidas a su alcance para evitar el apagón, pese a los avisos en los días previos. Pero aplicó al día siguiente la denominada operación reforzada, que habría evitado la caída a cero del sistema.
Con el contexto del apagón, el ‘Dedómetro’ analiza, además del perfil de los consejeros de Redeia, la idoneidad de su máximo responsable. “La presidencia del operador del sistema eléctrico ha funcionado en la práctica como un cargo de designación política dentro de la esfera de influencia del accionista público”, concluye. Una dinámica que choca con los estándares de la OCDE por el riesgo de interferencia política en la gobernanza corporativa. También plantea una cuestión de fondo en relación con el propio mandato legal de la SEPI, que exige la aplicación de “criterios de gestión empresarial”.
Los criterios aplicados en la investigación suspenden a Beatriz Corredor, con la puntuación más baja desde 2004 (dos puntos). Paradójicamente, su predecesor, el también socialista Jordi Sevilla, que dimitió por sus diferencias con Teresa Ribera, entonces ministra de Transición Ecológica -según recuerda- obtiene la puntuación más alta, con un seis. “La cuestión de la idoneidad técnica de quienes ocupan su presidencia adquiere una dimensión que trasciende la lógica ordinaria de los nombramientos empresariales y se proyecta directamente sobre la seguridad energética y el interés general“, advierte el informe.
Indra y Telefónica: el poder de la SEPI en las presidencias
Aunque no les puntúa, el informe sitúa en Indra y Telefónica los casos más relevantes en términos de influencia del accionista público. En ambas compañías, la presencia de la SEPI no se limita a la representación en el consejo, sino que resulta determinante en decisiones clave como el nombramiento o relevo de sus presidentes. Así ha ocurrido recientemente con Marc Murtra, un perfil con fuertes vínculos con el PSC.
El directivo fue primero designado como presidente en Indra -durante esa etapa participó como independente en el consejo de Ebro Foods- y después en Telefónica, tras el cese fulminante de su predecesor, José María Álvarez-Pallete. El ejemplo más reciente es la sustitución del presidente de Indra, Ángel Escribano, tras su enfrentamiento con SEPI. Escribano, nombrado por Gobierno, fue relevado por otro candidato también de Moncloa, Ángel Simón.
Ayer, los hermanos Ángel y Javier Escribano pusieron fin a su participación en Indra con la venta de su 14,3% del capital, cerrando así una etapa marcada por las tensiones en la cúpula de la compañía.
Una cuestión estructural
Como concluye el informe: la SEPI dispone de una capacidad determinante para influir en la cúpula de empresas estratégicas. Sin embargo, esa capacidad no se acompaña de un modelo de designación basado en criterios objetivos, homogéneos y transparentes. El trasfondo es estructural: no tanto quién ocupa los cargos, sino cómo se ejerce el poder del Estado dentro de las empresas cotizadas.