Su aterrizaje en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) apenas 20 días después del polémico rescate a Plus Ultra, le puso en alerta. Una actitud que Belén Gualda (Granada, 1974) no ha rebajado desde que el 30 de marzo de 2021 asumió su presidencia. Un nombramiento de María Jesús Montero -ambas colaboraron en la Junta de Andalucía- para cubrir la presidencia de la entidad, vacante durante más de 17 meses. Un asiento en el consejo desocupado tras la abrupta salida de su antecesor, Vicente Fernández, cuya gestión en SEPI y sus participadas ha abierto seis años después una crisis reputacional en el grupo.
Desde la presidencia de Navantia, Gualda fue la elegida para suceder a Vicente Fernández. Un hombre de la confianza de la vicepresidenta, que estuvo apenas 16 meses en el cargo y que cesó, en octubre de 2019, por supuestas irregularidades en la concesión para la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). Fernández fue detenido el jueves 11 de diciembre por la Unidad Central Operativa (UCO), junto a Leire Díez, conocida como la “fontanera” del PSOE, bajo la sospecha de irregularidades por contrataciones públicas. Díez fue la directora de comunicación de ENUSA, participada por SEPI, cuando Fernández era presidente.
Prudencia y discreción
En paralelo a estas actuaciones, los agentes de la UCO han registrado tanto la sede de la propia SEPI como la de empresas bajo su órbita, como Correos, Cofivacasa, Mercasa, Sepides o Enusa Industrias Avanzadas. Una realidad que ha situado a SEPI en el punto de mira por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y subvenciones. Desde la entidad, se traslada -como no puede ser de otra manera- la máxima colaboración con la investigación.
Llueve sobre mojado porque firmas como Tragsa y su filial Tragsatec también han quedado retratadas públicamente con contrataciones poco ortodoxas, como la de Jéssica Rodríguez, la exnovia de Ábalos. Un foco público inevitable, sin obviar las decisiones que vienen impuestas desde Presidencia del Gobierno en las grandes participadas del Ibex 35, y que es la antítesis del perfil de su presidenta. Si algo caracteriza a Belén Gualda es la prudencia, la discreción y la medición del riesgo. En cuatro años de mandato, no ha concedido ninguna entrevista y ha minimizado sus apariciones públicas, ligadas a actos institucionales.
Las empresas poco conocidas bajo la lupa
Una directiva centrada en la gestión con una visión técnica dentro de los límites de un grupo con una inevitable faceta política, como brazo inversor del Estado. Frente a este perfil bajo autoimpuesto por Gualda, la herencia de su predecesor no augura un fin de año apacible. La UCO está rastreando la gestión del Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, en Correos. El gestor postal, presidido ahora por el exdiputado socialista y secretario de Estado Pedro Saura, es una de las grandes empresas de la SEPI.
En su último ejercicio, cerró con unas pérdidas de 522 millones, por las provisiones para facilitar la salida voluntaria de trabajadores, y una facturación de más de 1.700 millones, prácticamente igual al año anterior. Enusa, especializada en el abastecimiento de las centrales nucleares españolas, está liderada por Mariano Moreno, vinculado al PSOE, que antes de acceder a este cargo fue gerente en Ferraz.
Mercasa es la gestora de los mercados mayoristas de abastos como Mercamadrid o Mercabarna, con actividad fuera de España, que está coparticipada además por el Ministerio de Agricultura. Es una de las grandes codiciadas para ex altos cargos y en la actualidad está presidida por el exministro de Sanidad José Miñones. Las investigaciones de la UCO han puesto la lupa en algunas de las empresas menos conocidas de SEPI, como Cofivacasa. Su administrador único desde mayo de 2024 es Mariano Herranz Vega y es la entidad responsable de liquidar las sociedades del grupo tras cesar su actividad industrial, como Izar, Construcciones Navales o Rumasa.
Díaz pide una auditoría
El cargo de presidente de SEPI es uno de los mejores remunerados -251.242,18 euros en 2024– de la administración del Estado. Un montante prácticamente similar -244.605,2 euros- percibe su mano derecha, Bartolomé Lora, vicepresidente de la entidad desde septiembre de 2017 y que, a pesar de haber sido designado con anterioridad a la primera legislatura de Pedro Sánchez, ha hecho tándem con Gualda. Dos perfiles técnicos que ahora enfrentan el desafío de gestionar una crisis reputacional, con voces críticas desde el propio Gobierno.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que ya puso el dedo en el ojo por el apoyo de los consejeros de SEPI al ERE de Telefónica, pidió el pasado viernes una actuación por parte de su presidenta. “Creo que necesitamos una auditoría inmediata sobre la SEPI porque aglutina a quince grandísimas empresas públicas”, afirmó en una entrevista en La Sexta. Lo cierto es que sus cuentas son auditadas anualmente por la Intervención General de la Administración del Estado. En ellas, la presidenta asume la responsabilidad no solo de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del grupo, sino también del control interno para permitir la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.
Unas pérdidas de 501 millones
En su primer año al frente, Belén Gualda logró que SEPI dejara los números rojos que arrastraba durante los últimos ocho años. En 2021, obtuvo un beneficio neto de 159 millones, frente a las pérdidas de 438 en plena crisis de la Covid-19. Los resultados positivos se mantuvieron en 2022 y 2023 (limitados a 10 millones), pero en el último ejercicio SEPI registró unas pérdidas de 501 millones por el impacto de los planes estratégicos de Correos y otras de sus grandes participadas. Sin estos efectos extraordinarios habría obtenido un beneficio de 76 millones. A su vez, logró una facturación récord de 6.355 millones, un 7,5% más. Tres empresas -Correos, Tragsa y Navantia- representan casi el 90% del total.
A su vez, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el Estado tiene acciones en siete cotizadas, entre las que destacan Indra (27,99% del capital), Redeia (20%) o Telefónica (10%), además de un 5% en Enagás o 4,08% de Airbus. Si bien las decisiones estratégicas vienen impuestas desde Moncloa, la labor de Gualda es garantizar el cumplimiento de las normas de buen gobierno corporativo. Un recelo que ha llevado a poner en aviso a los tres consejeros de SEPI en Indra ante el conflicto de interés que supone la propuesta de fusión con EM&E.
Declaración de principios
“Insisto en que SEPI respeta y promueve el buen gobierno corporativo de todas las empresas. SEPI ha seguido el mismo procedimiento que ha llevado durante todos los años de su historia en la participación sobre decisiones de gobierno corporativo en las compañías en las que participa. Hay una cosa muy importante, y es que SEPI tiene participaciones industriales en esas compañías para velar por los retos que tiene que afrontar esa compañía en su totalidad. Siempre velando por intereses generales de la compañía, y no particulares. El ejercicio de sus derechos de voto siempre va orientado en ese sentido. […] SEPI siempre pretende garantizar con sus decisiones la continuidad de los servicios públicos que dependen de ella”.
Así cerraba Belén Gualda su comparecencia en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2022. Una clara muestra de su perfil técnico, con una idea clara: una hoja de servicio intachable al frente de una corporación cuya reputación ahora está en entredicho.