La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, se presenta ante sus accionistas con un nuevo argumento de defensa frente al apagón eléctrico del 28 de abril de 2025: cuestionar la imparcialidad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En concreto, Red Eléctrica de España (REE) denuncia en sus alegaciones al expediente sancionador abierto por el supervisor que preside Cani Fernández un “conflicto de interés en el organismo regulador que comprometería las debidas garantías de imparcialidad y objetividad”.
A su vez, la compañía que dirige Beatriz Corredor sostiene que Red Eléctrica “defiende y demuestra la plena adecuación” de su comportamiento a la normativa en vigor. Reitera además “que no existe infracción alguna que pueda serle atribuida, adjuntando todas las pruebas demostrativas de dicho cumplimento”. Unos argumentos que, a su juicio, “deben conducir al inmediato archivo del expediente”.
Esta posición se dio a conocer en un comunicado un día antes de la celebración de la Junta General de Accionista (JGA). Una cita en la que la presidenta de Redeia comparece ante sus inversores bajo la presión del expediente por el apagón, con el riesgo de deterioro reputacional del operador del sistema y la cotización penalizada. Desde el cero eléctrico del pasado abril, las acciones de Redeia acumulan una caída cercana al 30% (ayer, 12 de mayo, cerraron en 14,56 euros).

Alegaciones, al detalle
A través de un comunicado, su matriz Redeia explicó que en su escrito -presentado el pasado 11 de mayo- también denuncia “la manifiesta indefensión” a la que el expediente somete al operador de la red, al carecer según la empresa “de la más mínima precisión necesaria para fundamentar toda imputación”.
En este sentido, cuestiona “la falta de la más mínima precisión necesaria sobre los hechos en los que la CNMC fundamenta su imputación”, situación que coloca a REE en “una situación manifiesta de indefensión en la que, en contra de toda lógica, se ve obligada a probar su inocencia“.
Para Redeia, esa vaguedad “es incompatible con la complejidad técnica y el carácter exhaustivo del procedimiento previo tramitado por el regulador, al que Red Eléctrica ha aportado, a petición del propio organismo, más de medio centenar de informes y documentos que evidencian la improcedencia del procedimiento sancionador contra el operador del sistema”. La compañía también manifestó su extrañeza ante el hecho de que toda esa documentación no figure en el expediente sancionador.
Expediente de la CNMC

El choque con la CNMC llega en un contexto de tensión en el sector eléctrico, con los expedientes incoados por el supervisor. Este organismo ha puesto en marcha una oleada de procedimientos sancionadores contra más de setenta empresas energéticas. El correspondiente a REE fue de los primeros. Se abrió el pasado 17 de abril amparándose en el artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico, por un presunto incumplimiento de sus funciones como operador del sistema con perjuicio para este o para otros sujetos, calificado como infracción de carácter “muy grave”.
El regulador centró el expediente en un posible incumplimiento de las funciones k-, l-, r- y u- del artículo 30.2, poniendo el foco en la programación del mix energético de aquel día.
Nueva estrategia de defensa
Esta nueva argumentación jurídica de Redeia frente a la CNMC supone un endurecimiento de su estrategia de defensa. Hasta el momento, Beatriz Corredor había centrado su discurso en la defensa de su correcta actuación conforme a la normativa vigente, reivindicando el carácter “multifactorial” del apagón.
La compañía se enfrenta a una multa de hasta 60 millones de euros, pero en juego hay entre 2.000 y 4.000 millones en indemnizaciones en una batalla legal que se alargará durante años. Mientras tanto, Beatriz Corredor abre un nuevo frente contra Cani Fernández.
