El pasado viernes, el Gobierno anunció una inversión de 13.590 millones de euros en las redes de transporte de electricidad hasta 2030. El plan del Ejecutivo pretende multiplicar por 14 la capacidad de atender a la demanda en la red de alta tensión: de los 2.000 megavatios de capacidad de la planificación anterior a 27.700. Sin embargo, el sector advierte de que estas medidas podrían quedarse cortas: la retribución financiera sigue siendo baja frente a Europa, los plazos de desarrollo se extienden hasta 11 años y la mitad de las solicitudes de acceso a la red son rechazadas. Las energéticas -Iberdrola, Endesa y edp, a través de la patronal Aelec-, subrayan que sin mayor coordinación y recursos, los cuellos de botella persistirán.
Factura de la luz
A priori, las nuevas inversiones en la red eléctrica incrementarán el precio de la factura de la luz. El desembolso se vería reflejado en el coste del consumidor final. En este sentido, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya puntualizó durante la presentación del nuevo proyecto de Real Decreto que “se protegerá a los consumidores y se mantendrán los precios”. La directora de Regulación de Aelec, Marta Castro, explica que “las redes de distribución son como las autopistas: cuantos más coches entren, mayor base para repartir el peaje”. En otras palabras, al expandirse la red y aumentar la demanda eléctrica, los costes fijos de la infraestructura se distribuyen entre un mayor número de usuarios.
Críticas al proyecto del Real Decreto
La propuesta del Gobierno de aumentar en un 62% los límites de inversión en redes eléctricas es, en principio, “una buena noticia”. Así lo reconoce Laureano Álvarez, socio de Energía en Monitor Deloitte, aunque advierte de que la medida no será suficiente si España “no logra convertirse en un destino atractivo para la inversión”. El experto recuerda que el país se encuentra entre los peores de Europa en cuanto a retribución financiera de las redes de distribución, junto a Portugal. Y subraya que las empresas “elegirán países donde tienen mejores retornos”.
Según el informe Conectando el futuro: Redes eléctricas para una España más competitiva elaborado por la Aelec y Monitor Deloitte, la tasa de retribución financiera en España se sitúa en el 5,58%. En julio de este mismo año, la CNMC planteó elevarla al 6,4% para el periodo 2026-2031. Sin embargo, la cifra sigue estando lejos de lo que ofrecen países vecinos. Irlanda alcanza el 8,8%, Italia el 8,7% y el resto de los mercados del continente también se mueve entre el 7% y el 9%. “La propuesta del 6,4% es positiva, pero insuficiente frente al contexto europeo”, explica Álvarez. Esta brecha puede provocar una fuga de inversiones hacia entornos más rentables. En un momento en el que España necesita reforzar sus infraestructuras eléctricas para dar cabida a una creciente demanda industrial.
Hasta 11 años de espera
A las limitaciones financieras se suman las barreras administrativas. Según el socio de Deloitte, el sector se enfrenta a “una elevada incertidumbre regulatoria”. En ocasiones, proyectos aprobados por comunidades autónomas y validados inicialmente por la CNMC acaban siendo revisados o denegados tras largos procesos, lo que incrementa el riesgo para los inversores. Los tiempos de desarrollo de las infraestructuras son, en consecuencia, excesivos: desde 1 a 5 años en el caso de la solar, entre 2 y 9 para la eólica terrestre. Entre medio año y 10 años para la media tensión, y hasta 11 años en alta tensión, según el informe. Todo ello, contrasta con los objetivos, que sitúan los plazos razonables en un rango de entre 18 meses y 3 años. Por lo que en los peores casos la espera llega a casi cuadriplicar los tiempos máximos estimados.
El estudio muestra, a su vez, un aumento en el rechazo de solicitudes de acceso y conexión a la red eléctrica en España. En 2024, una de cada dos peticiones fue denegada (49%), y casi duplica la negativa de 2020 (27%). En total, las solicitudes del pasado año sumaron 67,2 GW, equivalentes al 40% de toda la potencia contratada del país. Pero casi la mitad no fueron concedidas. Este bloqueo afecta especialmente a sectores estratégicos como la industria (58% de solicitudes rechazadas) y el almacenamiento (56%), dos pilares clave para la transición energética y la seguridad de suministro. Aunque recoge su dato más alto en el despliegue de hidrógeno verde, con un 62% de peticiones no concedidas.
En trámite
Otros sectores, como los centros de procesamiento de datos (CPD), también se enfrentan a fuertes trabas. Y registran un 56% de las peticiones todavía en tramitación y solo un 2% aceptadas, lo que muestra mayor incertidumbre que rechazo. El desequilibrio evidencia que la red no está creciendo al ritmo de la demanda de electrificación, poniendo en riesgo tanto la competitividad de la economía española como la consecución de los objetivos del PNIEC.
Los tiempos dependen de factores como la regulación de cada comunidad autónoma. Otro de los motivos de los retrasos es el nivel de exposición social de algunos de los proyectos, lo que dispara los plazos hasta cifras que, en palabras de Álvarez, están “fuera de cualquier estimación realista”. La falta de coordinación entre la política energética y la política industrial agrava la situación. “Necesitamos un alineamiento. Francia, por ejemplo, supo coordinar sus políticas para favorecer el desarrollo de sus redes”, señala.
Saturación
La publicación del mapa de saturación de la red eléctrica por parte de Aelec ha generado un efecto inmediato en la demanda de acceso en puntos críticos. Lejos de aliviar la situación, la publicación ha acelerado los movimientos de algunos inversores. Castro reconoce que, tras compartir esa información, “algún promotor avispado ha aprovechado para solicitar más demanda. Lo que puede haber hecho que esos nudos estén aún más saturados”.
El episodio refleja las tensiones crecientes en la red de transporte y distribución, donde la capacidad no crece al mismo ritmo que la generación renovable. Para el sector, el mapa es una llamada de atención: sin nuevas inversiones, los cuellos de botella seguirán frenando la transición energética. La situación pone de manifiesto que sin inversiones, buena retribución y planificación, no será posible conectar nuevas demandas. “Desaprovechando así el potencial de las energías renovables”, indica Álvarez.
Las inversiones en la red eléctrica no solo son necesarias para garantizar el suministro y la sostenibilidad, sino que también generan un valor tangible para España. El sector de fabricantes de equipos eléctricos da empleo a casi 13.000 personas y facturó 4.100 millones de euros en 2022. Las inversiones necesarias en redes eléctricas, estimadas en 21.500 millones de euros, podrían generar un impacto económico de en torno a 24 mil millones, equivalente al 1,5% del PIB actual. Sin este empuje económico y tecnológico, los cuellos de botella en la red seguirán frenando no solo la electricidad, sino también el futuro verde que España se propone alcanzar.