El nuevo registro de lobbies que se activó el pasado 4 de septiembre y cuya inscripción es obligatoria para ejercer la actividad de representación de intereses ante el sector público estatal sigue sumando reacciones en contra. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cuestionó que una organización sindical deba tener esta consideración. “No conozco ningún país del mundo que sitúe a las organizaciones sindicales como lobby, porque los intereses generales no son un lobby“, afirmó en rueda de prensa.
Recordó que la Constitución faculta a las organizaciones sindicales para defender el interés general, “mientras que los lobbies son defensores de intereses particulares. Este no es nuestro caso”. En este sentido, detalló que la organización está analizando la norma y que, en función de las conclusiones, adoptará una decisión. “Veremos si aceptamos o no aceptamos, porque igual nos declaramos en rebeldía”.
Según detalló en un comunicado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), órgano gestor del registro, la obligación alcanza a personas físicas y jurídicas, pero también a agrupaciones sin personalidad jurídica, como plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, “siempre que desarrollen actividades destinadas a influir en las decisiones del sector público estatal, ya sea por cuenta propia o ajena”.
La patronal también rechaza el registro
El rechazo sindical coincide también con la posición de CEOE. Tal y como avanzó Artículo14, la patronal empresarial maniobra para evitar la convalidación del decreto-ley en el Congreso de los Diputados. En este sentido, fuentes próximas a la organización trasladan que, de momento, no se están manteniendo reuniones con el sector público.
Esta sería también la decisión que ha adoptado Foment, que en este asunto está colaborando con CEOE para tratar de que Junts a vote en contra del texto. Para convalidar el decreto-ley es necesaria una mayoría simple, por lo que si Junts y el PP votan en contra, la norma decaería. El plazo límite es el 27 de septiembre, treinta días después de su publicación en el BOE.
Sector público
La obligación de inscripción previa en el registro para mantener reuniones también tiene implicaciones para el sector público estatal. Antes de mantener contactos o realizar actividades conjuntas con un grupo de interés, los altos cargos -e incluso los funcionarios de los ministerios- deberán comprobar que este ha formalizado su solicitud de inscripción. Si no lo ha hecho, deberán advertir a sus representantes de que necesitan registrarse para poder desarrollar actividades de influencia.
La norma contempla, no obstante, una excepción. Un cargo público podrá mantener un contacto con un grupo de interés todavía no registrado si sus representantes se comprometen por escrito a presentar la solicitud en los tres días hábiles siguientes. Es un margen limitado que permite mantener una reunión sin inscripción previa, pero obliga al lobby a regularizar inmediatamente su situación.