Lobby contra el Real Decreto-ley de lobbies. Es lo que está haciendo CEOE con el fin de que la norma, que entró en vigor el 27 de agosto, no se convalide en el Congreso, para lo que hay un mes de plazo, según ha podido saber Artículo14. La patronal está incluida, junto a los sindicatos, en lo que la ley considera grupos de interés. No lo estaban en los dos intentos anteriores del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar esta regulación como proyecto de ley. El primero, que decayó en mayo de 2023 cuando Sánchez adelantó las elecciones generales, y el segundo, que estaba ahora mismo varado en la Cámara Baja.
En esta labor está participando Foment para atraer a Junts al no a este texto. Es necesaria mayoría simple para la convalidación de un real decreto-ley, por tanto es necesaria la mayoría de la investidura. Así que si Junts vota en contra, decae. En principio, si el PP también lo hace. Fuentes parlamentarias consultadas por Artículo14 no han visto interés del Grupo Popular en que el proyecto de ley de lobbies se desatascara y trasladan que prevé votar en contra y alegar que no se justifica la urgencia.
Zapatero y los fondos europeos
Aunque desde el sector del lobby se ha atribuido la aprobación sorpresiva de esta norma a un intento del Gobierno de blindarse de la causa Plus Ultra en la que se investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, parece que ha pesado especialmente el que está dentro de los estándares promovidos por la Unión Europea, la OCDE y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco), en los que España no sale bien parada, y que es además uno de los compromisos del Plan Recuperación a cambio de fondos UE.
El texto finalmente validado incorpora buena parte de las enmiendas que han presentado los grupos y, entre ellas, destaca la que incluye a los agentes sociales como lobbies, y la influencia que puede ejercerse sobre personal eventual y de confianza en el Sector Público.
‘Strip tease’
La patronal y los sindicatos se verán sometidos a un strip tease. Ellos mismos tendrán que “comunicar y mantener actualizados” los datos que identifiquen al lobby, así como los de las personas integrantes del mismo, incluidas sus fuentes de financiación y el presupuesto destinado a esta labor, como pedía Sumar, y la relación de personal que en los últimos cinco años ha ejercido cargos públicos, como reclamaba también EH Bildu. Esa información, de hecho, debe estar publicada en la página web de los grupos de interés. Y las empresas deben comunicar cada seis meses al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) -en lugar de la Oficina de Conflictos de Intereses-, quiénes, que hayan sido altos cargos, han ejercido influencia.
De cada reunión se publicará acta con fecha, lugar, participantes, resumen de los temas y documentos trasladados, con excepciones: si el grupo de interés considera que publicar esos documentos puede afectar a obligaciones legales o a su derecho al secreto comercial e industrial, puede pedir que se excluyan, y el empleado público podrá aceptarlo. En paralelo, se establece que será el CTBG quien decidirá si se excluyen de la publicidad algunos documentos.
El decreto-ley obliga a que el Registro se actualice cada 15 días, como pedía Sumar, y no de forma anual, como establecía en el proyecto de ley. Y deberá ser interoperable con otros registros, como el de la Unión Europea.
Además, quedará huella normativa de su actividad y se verán expuestos a sanciones de hasta 40.000 euros.
Precipitación
Aunque algunos dirigentes de CEOE han defendido que la patronal es el lobby por excelencia, hasta ahora había quedado fuera de los proyectos de ley previos bajo la premisa de que no realiza una tarea para un cliente en el mismo sentido que otros grupos de interés. Este Real Decreto-ley no es del agrado de algunas voces del mundo empresarial que alertan de precipitación y poca claridad de algunos de sus preceptos.
Si esta norma prospera, se sumará a otras que van incluyendo a patronal y sindicatos en su regulación, el caso de la reforma del Código Penal que los incorporó como sujetos de responsabilidad penal de la persona jurídica juntos a los partidos políticos.
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