“Las huelgas generales se convocan contra los Gobiernos. En este caso, la huelga general [en alusión a la cita del próximo 11 de noviembre] se convoca contra la oposición”. La cita es de María Jesús Montero, vicesecretaria general del Comité Electoral del PSOE y encargada de la coordinación estratégica de la campaña. Una declaración que más bien parece una traición del subconsciente, cuando el Gobierno trata de disimular y mantener imparcialidad.
“El Gobierno no tiene nada que decir al ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a la huelga por los motivos que legítimamente consideren los sindicatos”, afirmó Pedro Sánchez.
A la convocatoria de huelga general promovida por el Sindicato de Inquilinas se han sumado los sindicatos CCOO y UGT para dotarla de legalidad apoyándose en la “cláusula vivienda” de su propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, tal y como ha informado Artículo14.
Sin embargo, en el mismo día en que UGT y CCOO defendían con el resto de organizaciones convocantes -Sindicato de Inquilinas, CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera-, la necesidad de la huelga general, en la Agencia Tributaria estos mismos sindicatos decidían suspender la primera huelga de 24 horas prevista para el próximo 28 de octubre.
“No tendría sentido mantener una convocatoria”
Así, como ha relatado Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, en X, muchos empleados de la Agencia Tributaria recibieron un correo de los sindicatos CCOO, SIAT y UGT paralizando las movilizaciones, incluida la convocatoria de huelga, tras la convocatoria de elecciones generales. “Suspendemos temporalmente las movilizaciones, no nuestras reivindicaciones. El conflicto sigue abierto”, comunicaban a los trabajadores públicos.
En este sentido, Luis Porras, del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT), explica a Artículo14 que entienden que, tras la convocatoria electoral, la Dirección está ya en funciones y que no tiene sentido movilizarse hasta que no haya un nuevo Gobierno. Así lo han comunicado ya formalmente a Celso García, el nuevo director de Recursos Humanos de la AEAT, recién incorporado por el nuevo director Antonio Ansón, tras los cambios en la cúpula del organismo autónomo en julio, después de la dimisión de Soledad Fernández.
“Entendemos que la convocatoria electoral abre un periodo de provisionalidad, tanto en el Gobierno como en el Consejo de Dirección de la AEAT, en el que no concurren las condiciones necesarias para abordar con garantías una negociación real y efectiva, ni para alcanzar compromisos firmes sobre unas reivindicaciones que, por su naturaleza y alcance, requieren interlocutores con plena capacidad de negociación y decisión”, justifican.
Sin huelgas cuando el empleador es el Estado
La decisión de suspender las movilizaciones en la Agencia Tributaria no ha sido las únicas cuando el empleador es el Estado. “Les traduzco, UGT y CCOO anuncian una huelga general, pero si el empleador es público, entonces la huelga que se había anunciado, se suspende para, en su caso, volverla a convocar con otro gobierno”, puntualizaba en X Francisco de la Torre, en el caso de la Agencia Tributaria.
Por su parte, Luis Porras, de SIAT, apunta la incongruencia de UGT y CCOO al recordar que junto con CSIF firmaron el acuerdo marco para la mejora del empleo público con el ministro Óscar López, en el que se aborda la subida salarial. “Si se quejan de no poder acceder a la vivienda por los bajos salarios, en este caso sería una responsabilidad pública“, añadió Porras.
También este miércoles el Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME), anunció que aplaza los paros indefinidos convocados a partir del 28 de octubre debido la convocatoria de elecciones generales. “La decisión no supone una renuncia -aseguraron en un comunicado-: la convocatoria de huelga continúa vigente y la movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo”.
CSIF se desmarca de las huelgas
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, también se ha desmarcado de la huelga general, marcando distancia con la protesta al definirse como una organización “profesional e independiente” que no sigue “indicaciones políticas”. “Desde CSIF respetamos todas las posiciones, pero no vamos a secundar la huelga. Somos un sindicato profesional e independiente, defendemos cuestiones laborales y no seguimos indicaciones políticas, como es el caso de esta huelga antes de las elecciones”, afirmó.
🟢 Posición de #CSIF ante la Crisis de la vivienda y la Huelga General:
🗣️ Desde el respeto a las diferentes opciones democráticas y de la sociedad civil española, CSIF no secunda la Huelga General convocada para este otoño: somos un sindicato, profesional e independiente que defiende los derechos de trabajadores/as en el ámbito público y privado. Por tanto, la actividad de CSIF responde a directrices y a consignas exclusivamente vinculadas al ámbito laboral.
🟩 CSIF manifiesta su preocupación ante la grave crisis de acceso a la vivienda que hay en España y reclama un pacto de Estado para dar respuesta a los problemas que afectan a miles de ciudadanos, familias y particulares.
Más información aquí:
👉 https://t.co/HW1lPFIiw6— CSIF Nacional (@CSIFnacional) October 6, 2026
Entretanto, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha lanzado un mensaje de complicidad a los sindicatos y ha asegurado que hará “todo lo posible” antes de irse del Gobierno, tras las elecciones generales del 29 de noviembre, para que el próximo año 3,5 millones de funcionarios vean incrementados sus salarios, en el marco del acuerdo alcanzado con los sindicatos para cuatro años.
López ha explicado, en una entrevista en el programa Malas Lenguas de TVE, que la subida salarial de los empleados públicos para 2027 y 2028 está acordada con las organizaciones sindicales, si bien ha precisado que el Gobierno debe “materializarla” y ejecutar las decisiones correspondientes. Tal y como informó este medio, de momento, los funcionarios se aseguran una subida salarial del 5% para el año 2027 por el aumento de la inflación.