Los funcionarios se aseguran una subida salarial del 5% para el año 2027 por el aumento de los precios. Cuando los sindicatos negociaron con el ministerio de Función Pública el Acuerdo Marco Para una Administración del Siglo XXI (2025-2028), acordaron un incremento de las nóminas para el año 2026 del 2% fijo, al que se le añadiría un 0,5% variable en 2027 si la variación interanual del IPC de 2026 era igual o superior al 1,5%.
A un día de que se publique el dato consolidado del IPC del mes de agosto por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el adelantado ya marcaba una de las tasas más altas desde abril del año 2023 al situarse en el 4,3%. Se trata de un aumento que se ha visto impulsado -según Estadística- por los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que suben mientras que en agosto de 2025 bajaron; y también, aunque en menor medida, los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios descienden menos que en el mismo mes del año pasado.
Según las cifras proporcionadas por el INE hasta el mes de julio, la variación interanual de la inflación se sitúa en el 3,6%. Según estos datos, los trabajadores del sector público ya dan casi por descontada una subida salarial del 5% para el año 2027 (4,5% fijo para ese año más el 0,5% variable por la evolución de los precios durante este año) y que se abonará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026.
Acuerdo hasta 2028
El acuerdo firmado el año pasado y que tendrá vigencia hasta 2028 recogía un alza del 2,5% para el año 2025 -con efecto retroactivo desde enero- del 2% para 2026 y al que se le añade un 0,5% variable siempre y cuando el IPC sea igual o superior al 1,5% y que se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo; del 4,5% para 2027; y una última subida 2% para 2028.
Se trata de unas cifras que aseguran un incremento salarial para las nóminas de los trabajadores públicos para los cuatro años que comprende el acuerdo del 11% -del 11,45% si se tiene en cuenta el efecto desplazamiento-.
Se trata de un acuerdo que el Ministerio de Función Pública firmó el pasado mes de noviembre y que fija las subidas salariales para más de 3,5 millones de empleados públicos, entre los que se encuentran los funcionarios, personal laboral y estatutario tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
Misma cifra de incremento que pide CCOO para el SMI
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, avanzó la semana pasada en los Desayunos del Ateneo en Madrid las primeras cifras por las que irá su sindicato a la hora de negociar con el Ministerio de Trabajo el nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Según las palabras de Sordo, el aumento para el año 2027 será superior al 5%, aunque no precisó la cifra exacta “porque no está pactada con el otro sindicato (UGT)”.
Si bien es cierto, otra de las pistas sobre la estrategia que perseguirán los sindicatos es que, por el avance de la inflación, tanto CCOO como UGT han reclamado que se reabra la mesa de negociación del SMI de 2026. Ante la negativa de la cartera que lidera Yolanda Díaz a negociar un nuevo incremento, los sindicatos tratarán de “compensar” este aumento de los precios en el Salario Mínimo correspondiente al año 2027.
Otros de los puntos del acuerdo de los funcionarios
El Acuerdo Marco Para una Administración del Siglo XXI (2025-2028) no solo recogía aumentos salariales, sino también otras mejoras del trabajo de estos empleados públicos. Entre ellas, se destacan medidas de planificación de recursos humanos que incluya una previsión de las jubilaciones parciales, que se reduzcan los plazos de los procesos selectivos, se publique un calendario con dichos procesos para aportar una mayor seguridad, que se adapten las pruebas y criterios en función de las características de cada cuerpo y escala. Además, en el ámbito de la AGE, favorecer la territorialización y aumentar las vacantes en ciudades o localidades con mayores dificultades de cobertura.
La promoción interna y desarrollo de la carrera profesional es otro de los puntos que recogió el acuerdo y que se impulsará un modelo de acceso a la promoción interna que se diferencia del modelo de turno libre, que se estudiarán posibilidades para agilizar las carreras profesionales, y se planificarán las plazas para la promoción interna en las Ofertas de Empleo Público (OEP).
Para favorecer la conciliación laboral de los funcionarios, se incorporarán mejoras a los permisos como atención de necesidades familiares urgentes, protecciones de vulnerabilidad, o los asociados al cuidado de hijos con enfermedades graves.
Además, el acuerdo recoge que en 2026 se revisarán al alza las indemnizaciones por razón de servicio y los complementos de residencia e insularidad.